La política es un producto histórico y de construcción social dominada por una serie de fuerzas y factores, objetivos y subjetivos que la determinan. En el interés de mejorar la calidad de la práctica política es obligatorio insistir en los aspectos éticos de cuya incorporación efectiva dependerá la posibilidad de un ejercicio virtuoso del poder.
La ética y disciplina en la práctica política nos obligan a establecer una diferencia entre fines y medios, demanda un esfuerzo sincero por ordenar los conceptos, depurar procedimientos, exigir transparencia, y sobre todo, la eliminación de las malas prácticas pasadas, porque estamos claros de que la letra de ley no es capaz en sí misma de producir nuevas conductas.
Debe ser motivo de celebración la aprobación del Reglamento de Disciplina y Ética, refrendado por una mayoría de la membresía de nuestro Comité Central y que se propone las adecuaciones indispensables para asegurar que el régimen disciplinario del Partido respete las normativas constitucionales y legales.
En el entendido de que las normas son documentos de aplicación voluntaria que contienen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia, se deben aplicar por las expectativas de sanciones positivas, así como por prevención de las negativas, sin desconocer los derechos de cada ciudadano, en este caso miembros, consagrados en nuestra Constitución y las Leyes.
En su Artículo 72, la Constitución de la República “consagra la acción de amparo para reclamar ante los tribunales la protección efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía, lo que constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, a través de un recurso sencillo y rápido que les ampare contra actos u omisiones que violen los derechos reconocidos por la Constitución”.
El objeto fundamental de este Reglamento es asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones asumidas por cada miembro de la organización, consignados en sus Estatutos y en su Código de Ética, garantizando el respeto a la autoridad de los Órganos y Organismos del Partido, mediante la ejecución de las disposiciones e instrucciones impartidas por los mismos, y el seguimiento a sus métodos de trabajo, en el ánimo de preservar los derechos inherentes de los compañeros.
En su Artículo 68, la Constitución de la República garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y las leyes.
Por su parte, el Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden sólo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución.
La Constitución de la República establece la figura del Tribunal Superior Electoral como “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero”.
El Comité Político ahora tiene facultades excepcionales en materia disciplinaria que le permitirán expulsar de manera deshonrosa a cualquier miembro del partido que atente contra la unidad del PLD, o que haya cometido faltas disciplinarias graves que violen los principios de nuestra organización. Podrá imponer discrecionalmente y sin necesidad de requerimiento previo, las medidas cautelares previstas por el Reglamento a cualquier miembro de la organización que sea señalado como presunto responsable de haber cometido una falta muy grave que atente contra la moral Partidaria.
También quedaría a disposición de quienes dirigen nuestra alta política conceder la amnistía a cualquier miembro que resulte procesado “por la alegada comisión de una falta leve”.
Es importante que el Partido de apertura a los espacios para reflexionar sobre los valores esenciales de nuestra práctica política, respetando el derecho subjetivo de sus miembros y reiterando el compromiso de servicio con una ciudadanía que cada vez acepta menos los liderazgos prepotentes e incapaces de rendir cuentas de manera oportuna.
En el interés colectivo de prevenir las malas prácticas éticas y disciplinarias, asumiendo que el deseo de todos los peledeistas es mantener unificado y fuerte nuestro Partido, sugerimos una jornada de divulgación sobre el Reglamento de Disciplina y Ética que ha entrado en vigencia desde su reciente aprobación, como lo indica su Artículo 60, Título VII sobre Disposiciones Generales, en el que participen abogados y juristas de nuestra organización que previamente hayan sido instruidos en el referido documento y que a su vez sean multiplicadores de todas estas informaciones.
