El artículo IV del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional establece una supervisión de las políticas económicas con las autoridades de los países miembros, regularmente cada año; fue con ese propósito que a principios de febrero de este año una misión del FMI estuvo en el país y discutió con instituciones y personas públicas y privadas el comportamiento de la economía y sus perspectivas para este año y en el mediano plazo.
El 24 de marzo de este año, el organismo internacional hizo público el informe de sus funcionarios en el que se resalta el crecimiento del producto bruto interno del año pasado de 6.6%, con una inflación de menos de 2% y un déficit de cuenta corriente de sólo 1.5%, como resultado del incremento de las exportaciones (fundamentalmente de oro) y de la caída de los precios del petróleo.
Aunque podría darse para este año un comportamiento igual, parece ser que la caída del gasto de capital del gobierno en el primer semestre de casi un 14% y del gasto total en un 2.4% puede ralentizar el crecimiento. Esperamos que las medidas monetarias recientes puedan acelerar la actividad económica, siempre que estén acompañadas con un incremento del gasto público.
Conjuntamente con el informe de los funcionarios del FMI, y de su aprobación por el director ejecutivo, se publicaron en este mes de agosto cinco anexos que van desde la evaluación del sector externo y del sector fiscal pasando por el nivel de endeudamiento y sus estimaciones futuras. En el Anexo IV, que evalúa diferentes opciones de mejoras y reformas de impuestos se señala que sólo el 15% de los empleados formales paga el impuesto sobre la renta debido a las deducciones personales y a los débiles controles administrativos que permiten declarar salarios menores que los que se pagan realmente. La propuesta del FMI no es justa, se centra en disminuir las deducciones a los asalariados formales (que es más cómodo), de forma tal que sigan pagando, ahora más, los que están pagando; olvidándose de aquellos que evaden el pago con subterfugios. Es correcto lo que sugieren de racionalizar el uso de los incentivos, el que se cree un régimen más simplificado de pago y que se fortalezca la capacidad de la administración de manejar las ingenierías fiscales de las empresas multinacionales.
Ahora bien, los técnicos del FMI sugieren una ampliación de la base del ITBIS grabando algunos bienes y servicios exentos; estiman un incremento del 1.6% del Producto Interno Bruto por estas medidas, lo cual parece exagerado, tomando en cuenta que muchos de los bienes y servicios (combustibles, seguros, etc.), están grabados con impuestos selectivos, y que su cobro en el ITBIS, se convertiría en un crédito para las empresas compradoras, produciéndose, más que un incremento, una disminución del monto a recaudar.
En otros casos, como el de la energía, todos los gobiernos han decidido no sólo no cobrarle impuesto, sino subsidiar, mediante tarifas distintas, a lo que consumen menos. Es cierto, como dice el FMI, que en los últimos tiempos ha habido tres amnistías fiscales, y que estas desestimulan el cumplimiento voluntario y correcto de las obligaciones tributarias; tal vez, y debería ser la última, deba hacerse una nueva para lograr un ajuste de todos los obligados por la ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, de forma tal que se capten una mayor cantidad de contribuyentes, de capitales y riquezas no declaradas en el impuesto sobre la renta.
