Opinión

Durante nuestro último análisis tuvimos la oportunidad de pasar un resumido balance a tres gobiernos, cuyas principales figuras, aprovechando la ola de descontento e indignación de la población hacia la clase política tradicional, lograron en su momento dar el salto hacia el control del aparato estatal.

A pesar del perceptible fiasco a que fueron sometidas aquellas sociedades, las cuales delegaron en estos “outsiders” sus anhelos de cambio y mejora de la actividad política, la crisis sistémica que dio lugar a aquellos gobiernos aún se mantiene y da la impresión de que poco o nada hemos aprendido de su lección. Ciertamente ha mermado la confianza del ciudadano común en las instituciones que rigen al Estado y su incapacidad de producir transformaciones que contribuyan al bien común, pero ¿es la culpa de las instituciones o son sus actores fundamentales los que han fallado a la hora de honrar la representatividad de su elección?.

Es evidente que la clase política se encuentra frente a un punto de inflexión, lo que a nuestro entender en parte se produjo a raíz de que en las últimas tres décadas el capitalismo ha secuestrado a la democracia, mientras ésta no pudo moderar al capitalismo. Todo como parte de un coctel neoliberal que conjugó ambos modelos (económico y político), para ser exportados alrededor de un mundo que a principios de los 90´s comenzaba a pasar de la bipolaridad geopolítica, a la hegemonía cuasi absoluta de Estados Unidos.

A esa desnaturalización no escaparon los partidos políticos, que hasta entonces basándose en un mínimo de coherencia ideológica, de formación y plan de gobierno, enfocaban sus discursos acorde con el segmento de la sociedad e ideales que representaban. Sin embargo, tal como analizara Peter Mair, estos fueron mutando progresivamente de partidos formados por notables o partidos de cuadros (esquema de organización bajo el cual se conformó el PLD), para seguir con los partidos de masas, que a su vez darían paso a los partidos “atrapa todo” quienes no distinguían entre simpatizantes y afiliaban sin filtros, hasta llegar a convertirse en “partidos cartel”, es decir, verdaderas corporaciones políticas profesionalizadas con capacidad de obrar con cierta autonomía.

En esencia, al día de hoy gran parte de los partidos políticos tradicionales a nivel mundial, en especial en América Latina, se encuentran entre las dos últimas categorías, lo que les ha hecho perder la brújula de su rol como entes transformadores, para limitarse a la lucha encarnizada por obtener espacios de poder, sin importar que esto implique renunciar a principios ideológicos, sacrificar la calidad de la militancia o distanciarse progresivamente de su vínculo de representación social. Esto explicaría por qué actualmente, ante la crisis que evidencia el sistema político, los partidos y sus principales autoridades son el blanco de las principales críticas de la sociedad, donde sobresalen quienes reclaman su transformación, o quienes a modo de resignación exclaman que le da igual quién ocupe determinado cargo, pues no tienen esperanza alguna en la clase política.

No obstante, salvo algunos movimientos y grupos de presión ciudadana como “Occupy Wall Street” en Estados Unidos, “Indignados” en España, o “La Marcha Verde” en nuestro país, son cada vez más los ciudadanos que reclaman un adecentamiento de la administración pública, transparencia y cero impunidad, pero que al mismo tiempo no muestran interés alguno en participar activamente de estos procesos. Esta característica, junto a la creciente especialización de la actividad y procesos políticos, es lo que ha llevado a provocar una desconexión y falta de entendimiento entre gobernantes y gobernados. He aquí la herida que debemos subsanar.

En la República Dominicana se ha ido tomando conciencia de esta realidad, en especial dentro del Partido de la Liberación Dominicana, organización que durante su último Congreso Ordinario acordó someterse a un arduo proceso de revitalización, que le permitiera retomar la calidad como principal elemento de identidad partidaria, lo que sin embargo se ha visto entorpecido por la recurrencia de los procesos electivos internos y generales. A esto se unieron los esfuerzos del proyecto de Ley de partidos, que busca dotar de reglas de juegos claras a las campañas electorales, a la vez que regula el funcionamiento de los partidos en esta materia, pero que sin embargo, su aprobación ha estado pendiente durante la última década.

Al día de hoy resulta evidente la urgencia de aprobar una ley que permitiría brindar garantías a la ciudadanía, en torno a la fiscalización e imposición de mayores controles sobre las contiendas electorales. Sin embargo, como todo pacto que requiere del concurso y sacrificio de todos los actores involucrados, el actual proyecto demanda de un consenso que aún no se logra debido a varios puntos.

Entre los temas pendientes está el de la celebración de las primarias, en el cual se discute si hacerlas simultaneas (un modelo solo utilizado en 4 de 18 países latinoamericanos), o separadas según el calendario individual de cada organización. Otro pendiente y el de mayor conflicto es el del tipo de padrón a utilizar, si el interno de los partidos o el padrón abierto de la Junta Central Electoral, donde de partida la propia JCE muestra su desacuerdo con esta última opción.

Resulta preciso ponderar la interdependencia de estos temas, donde por un lado la simultaneidad de las primarias es posible siempre y cuando se haga con PADRÓN CERRADO de los partidos, pues de lo contrario se convertirían en elecciones generales, violando la Constitución del 2010 al romper con los preceptos del llamado a elecciones generales cada cuatro años, para congregar a la ciudadanía a elegir también a los precandidatos de cada organización.

Por su parte, el tipo de padrón a utilizar no debería ser un tema en discusión, toda organización está conformada por miembros y militantes que dan sentido de cuerpo y vida a sus estructuras, siendo estos los llamados a elegir los candidatos más idóneos para ejecutar los programas de gobierno elaborados por la organización, basándose en la meritocracia y trayectoria de sus candidatos. Los partidos han de proponer a la sociedad sus mejores prospectos para dirigir la cosa pública, por lo que es el rol de la sociedad refrendar o no las propuestas de los partidos, no así ser juez y parte de candidaturas que desnaturalizarían la existencia de las organizaciones políticas.

El pasado reciente nos recuerda lo perjudicial y manipulable que puede ser la decisión de establecer primarias con padrón abierto, una decisión que marcó la última gran división del principal partido de oposición.

Si queremos rescatar la imagen de los partidos políticos como principal instrumento de la democracia, hay que recordar que es en su democracia y autodeterminación interna donde yace la semilla de la renovación que exige la sociedad. Por eso es que solo a través de los partidos políticos que se accede a cargos públicos, pues son ellos las verdaderas escuelas de estadistas, que basadas en reclutamiento, formación y principios, tienen la encomienda de elegir a los candidatos que luego han de presentar a la sociedad.

Hay necesidad de establecer una verdadera democracia interna en los partidospolíticos y romper con lo que en palabras de Robert Michels sería la injusta “Ley de Hierro”, que tiende favorecer la perpetuidad de verdaderas oligarquías partidarias. No obstante, esta democracia debe venir de dentro, pues ha de ser el producto de la participación consciente e integral de los miembros dolientes de toda organización.

No se puede buscar adecentar el sistema desarticulando a los partidos, pues así como los ciudadanos están facultados para elegir a sus mandatarios en elecciones generales, así mismo los miembros de todo partido debe poder elegir a sus propios líderes y candidatos.