El proceso de reforma judicial que ha experimentado nuestro país en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, ha impactado positivamente el quehacer judicial. Sin embargo, al celebrarse este pasado 7 de enero el día del Poder Judicial, la realidad es que este luce como una cenicienta, siendo objeto de grandes críticas por diversos sectores de la sociedad, lo cual refleja la necesidad de una segunda ola de reformas de este importante poder del estado, y mayor asignación presupuestaria para asumir este desafío. En la actualidad, Ley No. 194-04 prevé: el 2.66% de los ingresos generales del Estado.
La reforma judicial dominicana tuvo su primer impulso fruto de la crisis política del 1994 que dio como resultado la reforma a nuestra Constitución, generando la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, el establecimiento del principio de la inamovilidad judicial, el inicio del sistema de Carrera Judicial, así como la profesionalización de los jueces, entre otras conquistas.
A pesar de que esta reforma se realizó en el 1994, no fue hasta el 1997, en el primer gobierno del compañero presidente del partido y expresidente de la República Dr. Leonel Fernández, cuando se convoca al Consejo Nacional de la Magistratura, y mediante un proceso nunca antes visto en el país, plural, democrático y con la participación de todos los sectores de la sociedad, la Academia, Asociaciones sin Fines de Lucro, la Iglesia, el Poder Judicial, y con la selección exclusiva del CNM, en cumplimiento con el procedimiento establecido, se escogieron los 16 jueces de la SCJ de ese entonces.
Un año antes, en 1996, el Presidente Fernández había creado la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia, que más tarde se convertiría en el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. El exmandatario, conocedor de la pretérita infausta realidad de nuestro sistema judicial, como abogado, y consciente de que sino contamos con un Poder Judicial independiente, eficaz, accesible y que brinde seguridad jurídica, los procesos de democratización y desarrollo económico y político en nuestro país no pueden ser profundos y duraderos, dio origen a este último órgano con el propósito de que sirva de espacio de reflexión de todos los sectores judiciales respetando siempre el accionar del Poder Judicial.
El compañero, miembro del Comité Político, Dr. Franklin Almeyda, fue el primer comisionado para iniciar el proceso de reforma del poder judicial, en este espacio surgieron las más importantes propuestas de reformas de nuestra codificación que asumimos del sistema francés. Así mismo, se coordinaron foros y debates donde se analizaron y discutieron los principales temas judiciales y jurídicos del país, que contribuirían con el impulso de la reforma judicial deseada. Uno de los aspectos de mayor calado en el debate público sobre la reforma constitucional es el relacionado con el Poder Judicial y con el Sector Justicia en general, la implementación de la Reforma Procesal Penal; del Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes; anteproyectos de leyes relativos a la competitividad, entre otras.
El poder judicial cuenta con hombres y mujeres administradores de justicia que están encaminados hacia el servicio ciudadano y a la comprensión de que la importancia de su investidura no es para sentirse trascendentes y alimentar el ego, sino para alimentar la conciencia social, servidores que comprenden, que su deber de prudencia está vinculado a la valentía del buen hacer; que la prudencia no es miedo.
Nuestro país cuenta con una verdadera Política de Estado Judicial, respetuosa de la independencia, la cual deberá manifestarse en el futuro en el real Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho a que aspiramos cada uno de los y las dominicanos y dominicanas. Nuestro Poder Judicial lo que necesita es que se convoque nuevamente a todos los sectores que componen el sistema de justicia, academias, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para qué a partir de un diagnóstico se puedan definir los objetivos y metas que se requieren, al tiempo que identificar los recursos para su ejecución y monitoreo.
