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Privilegiar la educación para salvar vidas

A más de un año de la promulgación de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 24 de febrero de 2017, la impresión generalizada es que desconocemos casi en su totalidad los alcances de la nueva legislación, incluidas las autoridades que tienen la responsabilidad de su aplicación en la República Dominicana.

Por ello no resulta raro que todavía se haga alusión a la derogada ley 241, cuando se aborde algún conductor(a) sin importar que no haya cometido infracción y que cumpla los requisitos pautados para la circulación por las vías públicas, mientras quienes tienen a su cargo el transporte de pasajeros y de carga sigan actuando como especies selváticas, a la vista de todo el mundo.

El inicio de los trabajos de la segunda línea del Teleférico de Santo Domingo y de la estación multimodal de autobuses a la entrada de Los Alcarrizos parece la expresión de que el gobierno del Presidente Danilo Medina está decidido a enfrentar un problema que anualmente arroja miles de muertos y lesionados.

Con una inversión de 8 mil millones de pesos, el gobierno avanza hacia la creación del moderno circuito de transporte para conectar las regiones norte, sur, este y oeste, con el Distrito Nacional, sacando de la capital el desordenado flujo de vehículos que aterroriza a quienes tienen que involucrarse en el tránsito de Santo Domingo.

La terminal conectará 65 rutas interurbanas de 14 provincias del Cibao, con otros seis grandes corredores urbanos, rediseñados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRANT.

La obra contará con 313 estacionamientos generales, 11 para minibuses, 40 para motocicletas, 34 de bicicletas y un espacio con 26 puestos de estacionamiento rápido para descenso y abordaje de pasajeros.

Y es parte del Plan de Movilidad que contempla la construcción de otras 6 estaciones que completarán el circuito nacional, con la idea de eliminar el caos del transporte, abaratar significativamente las tarifas y ofrecer un sistema digno, moderno y altamente eficiente.

El 911

También en estos días se celebró el cuarto aniversario de la puesta en marcha del sistema de emergencias 9 1 1, informándose sobre niveles de satisfacción de un 92,72%.

El servicio, que ya llega a más de 6 millones de personas y abarca el 58% de la población, ha atendido más de un millón y medio de eventos, la gran mayoría emergencias por accidentes, aunque sólo el 0.8% de los atendidos en siniestros de tránsito terminó de manera fatal, con significativa reducción de las muertes en las vías, pero todavía muy lejos de parámetros aceptables.

Se prevé que este año el gobierno lleve los servicios de atención de emergencia a las provincias de Monseñor Nouel, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Samaná y Monte Plata y el próximo año a Barahona, Azua, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, San Juan y El Seibo, cubriendo al 92 por ciento de las personas.

El 911 actúa para remediar y agilizar las atenciones, pero otras instancias deben prever las tragedias, que además de vidas, destruyen una proporción importante del presupuesto nacional.

Este año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene presupuestado 150 millones de pesos destinados al programa de asistencia vial en carreteras y avenidas, que desde su puesta en marcha en el año 2012 ha dispensado más de un millón de asistencias.

Esa significativa inversión se explica en gran medida por la total ausencia de un sistema de Inspección Técnica Vehicular que asegure la idoneidad de los automotores para poder circular por las vías públicas sin riesgos de fallas en los neumáticos, en la marcha del motor, en los frenos.

Y a juzgar por el reciente anuncio de incorporación de otros 34 vehículos: 12 grúas, 12 ambulancias y 10 camiones talleres y gomeros móviles al programa de Protección y Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial, las malas condiciones de las unidades seguirá siendo un problema.

Educación

Quizás por la herencia funesta de los regímenes dictatoriales brutos o ilustrados que hemos padecido en la República Dominicana, algunas personas suelen sugerir la aplicación de medidas de fuerza extraordinaria para procurar conductas que sólo pueden entronizarse por vía de la conciencia.

Hay que priorizar por ello la educación de la gente para que no se vea como imprescindible la coerción por la que abogan ciertos sectores, y no sólo en lo atinente al tránsito y el transporte.

En países de otras latitudes del mundo con mucho mayor disponibilidad de recursos legales y tradición en su aplicación, las cifras de la siniestralidad siguen siendo considerablemente altas, al extremo de desbordar las expectativas no obstante cuantiosas inversiones en tecnología y recurrentes innovaciones para el control y persecución de las infracciones.

Consecuentemente, también se ha llegado al convencimiento de que es imprescindible educar a las personas desde los primeros años, y de manera permanente, para que se asuma el comportamiento más conveniente al respeto de sus derechos, y a la protección de todos los usuarios de las vías públicas.

Desafortunadamente, la inseguridad vial es un problema mundial que la sociedad moderna todavía no ha podido superar pese a los esfuerzos por evitar los millones de víctimas que genera a nivel global.

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