Hablar de riesgo es asociar este a la incertidumbre que se tiene hoy de aquello que pueda suceder en el futuro, midiendo la probabilidad de que el evento esperado sea adverso a resultados positivos. Pero resulta que el riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad que ocurra una catástrofe de consecuencias impensables.
También, por otro lado, como existe el peligro que es la potencialidad de ocurrencia de un daño, pérdida o lesión en lo económico financiero y en lo político. Es así como aparece el riesgo país que básicamente indica la desconfianza de los mercados en la capacidad del Estado de hacer frente a sus deudas y obligaciones, pero día a día varía guiado por otros factores que finalmente son los que influyen en esa capacidad de pago del estado.
Bajo este enfoque existen variables multifactoriales que conducen a identificar la presencia del riesgo país y que pueden medir la magnitud de la situación económica, social y política. Los elementos que más influyen en el riesgo país se destacan el nivel de déficit fiscal, las turbulencias políticas, las presiones políticas para el incremento del gasto público, escaso crecimiento de la economía, elevada relación Ingresos / deuda, modificaciones en sus resultados debido a cambios políticos.
Para evaluar el riesgo país se cuenta con una herramienta poderosa denominada calificación de riesgo que es la opinión de una entidad independiente especializada en estudios de riesgos sobre la calidad crediticia de una emisión de valores de otras empresas y de los gobiernos. Para lograr ese objetivo, está la evaluación que se realiza sobre la capacidad de la entidad emisora de cumplir con los compromisos financieros derivados de la emisión.
En conjunto con la evaluación se identifican la situación político-Social, esto es, el régimen político, grupos de presión, crisis del gobierno, corrupción, burocracia, estructura racial y religiosa, estructuras sociales, sistema económico, relaciones laborales, política exterior. En esa dirección entran los partidos políticos en un esquema basados en regímenes democráticos, pluripartidismo, amenazas de dictaduras auspiciadas por cambios frecuentes de la constitución o dictaduras encubiertas promovidas por debilidades institucionales.
Las debilidades institucionales tienen como plataforma el riesgo legal a través de leyes poco concretas, confusas y resulta que el derecho es concebido de una forma muy diferente a como se lleva con práctica fraudulentas. Para promover las confusiones de las leyes se parte del criterio adverso al buen derecho de que “hecha la ley, hecha la trampa” y con esto entra por defecto los cambios frecuentes de constitución, la expropiación de la propiedad y el incumplimiento de contrato por parte del Estado, lo que lleva al riesgo país a su máxima expresión.
En cuanto a la valoración del riesgo económico se consideran factores como los recursos, PIB, políticas económicas con variaciones seguidas, balanza de pagos, entre otras. La evaluación de estos factores tiende a valorar la habilidad en la dirección económica, la capacidad del gobierno para realizar cambios estructurales y la situación de los índices: de solvencia y de liquidez predominante en la economía.
En tal sentido tienen un peso determinante el riesgo de divisa, en el cual se pondera que al invertir en otro país, se hace en la moneda local, en consecuencia, si hay fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio se puede tener grandes pérdidas económicas. En adición, aparece el riesgo de transferencia, el cual es derivado de la imposibilidad de repatriar capital, intereses, etc., debido a la situación económica de un país, que haga que en un determinado momento exista posible carencia de divisas que impida la repatriación.
Otra forma de evaluar el riesgo país es en base a la confiabilidad crediticia percibida del emisor, la cual es muy sensible fruto de que su elección dependerá de lo que decida la dirección de las distintas instituciones en función de sus políticas. Pues la cuantificación del riesgo país tiene el propósito de establecer la cantidad máxima que estaría dispuesta a invertir una institución en un país extranjero y el flujo que los inversionistas extranjeros estarían dispuestos a colocar en determinado país en función de que haya seguridad jurídica, la cual dependerá del respeto al sistema legal y constitucional establecido.
La ponderación de los elementos técnicos para analizar el riesgo país en América Latina sirve de plataforma para tener un mejor panorama objetivo de la situación que ha venido ocurriendo en la región en los últimos seis años. La realidad es que en la región Latinoamérica se han producido fenómenos que han incidido en un aumento en el riesgo país, lo que la convierte en una zona muy vulnerable en materia económica y política, frenando el avance hacia el desarrollo y retornando a etapas que se creían superadas.
Resulta inadmisible e inexcusable que en la región de América Latina se esté retornando a políticas neoliberales que han perturbado el progreso y el bienestar de la población más excluidas de la riqueza generada. Mas aun, luego de décadas de gobiernos de factos y dictatoriales, América Latina se encuentre amenazadas de que estos regímenes se instauren en el siglo XXI mediante golpes de Estado congresuales, fraudes electorales y constitucionales utilizando las vías de la extensión de los periodos presidenciales.
Es en tales circunstancias que los organismos financieros multinacionales como el FMI y el Banco mundial en sus más recientes reportes de perspectivas económicas para 2018, mencionan que las proyecciones de crecimiento presentadas podrían ser menores debido a los procesos electorales a celebrarse este año en la región, pues generan incertidumbre política y económica, lo que puede suponer un riesgo para los inversionistas. El propósito de conocer cómo está el riesgo país en algunas naciones de Latinoamérica actualmente se hace cada vez necesario en virtud de que exista seguridad jurídica y que no cambien las reglas del juego ya que si no se respeta lo general, tampoco se va a respetar lo particular.
Las implicaciones económicas y políticas de los indicadores tradicionales de riesgo país que son analizadas tienen mayor relevancia por la falta de institucionalidad y de partidos políticos consolidados lo que genera un poco de inestabilidad en la Latinoamérica. Aunque la calificación de riesgo país tiene un sentido estrictamente económico, poniendo énfasis en el desempeño económico de un país con el fin de evaluar su capacidad de pago de deudas o generar rentabilidad en el futuro, también pondera la estabilidad política que sean capaces de promover el liderazgo de cada nación, por tanto, no se puede actuar de espalda a esa realidad entrando al túnel de las actuaciones con las luces apagadas.
