La libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas cuyo ejercicio no está sometido a ningún condicionamiento o regulación restrictiva establecida por la Constitución Dominicana. El régimen constitucional que prevalece en nuestro ordenamiento jurídico es el garantista, por tanto es el propio estado quien tiene la obligación positiva de asegurar la libertad de expresión.
En la recién promulgada Ley de Partidos Políticos se viola el derecho a la libertad de expresarnos, esta es otra debilidad que preocupa enormemente a la población. La libertad siempre deberá ser la regla y la limitación de esta la excepción, el marco legislativo deberá estar ajustado a nuestra ley máxima respetando el ejercicio de expresarnos libremente, facilitando así, la dimensión no sólo individual sino colectiva, que se expresa en el derecho conjunto de los ciudadanos y ciudadanas a ser correctamente informados y sobre todo, a la existencia de espacios mediáticos que sean plurales.
No se advirtió (¡Así quiero pensar!) que la nueva norma no permite la propaganda anónima o la publicación en los medios de comunicación que no estén avaladas por una firma responsable, la misma prohíbe la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos. Nos preocupa más cuando se indica: “La difusión de mensajes negativos le vale al que lo haga, prisión de hasta un año y multa de hasta 500 salarios mínimos”, atendido esto, nos preguntamos: ¿A qué se refiere con mensajes negativos? El artículo 44 de la referida ley, en su numeral cuarto y en el párrafo I, viola un derecho fundamental de las personas, el más importante de todos los derechos humanos, ya que representa la principal herramienta en la defensa de todos los demás.
Para establecer medidas y sanciones al respecto ya existe la ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tipifica y describe las sanciones sobre el particular. Las regulaciones no hay que cambiarlas porque varíe la tecnología, lo que se debe normar es el tipo de servicio que las plataformas ofrezcan, los legisladores no advirtieron que su papel es procurar que esas regulaciones sean adecuadas, evitando imponer restricciones desproporcionadas y contravengan la propia Constitución.
Los dominicanos y dominicanas tenemos derecho a ejercer la libertad de expresión para debatir los acontecimientos sociales o solo políticamente. Lo conveniente a futuro es poner atención en el perfeccionamiento de la reciente legislación, de manera que permita la crítica y la discusión antes que establecer normas de asepsia comunicacional.
