En la región de América Latina en la última década existe el común denominador de la presencia cada vez, de una manera creciente, lo que se puede calificar como una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas. En la práctica, esto se puede interpretar como una exposición al riesgo de lo que en años reciente se exhibía como un salto al progreso, es decir, los logros socioeconómicos alcanzado desde inicio del siglo XXI, significando esto que se está ante la presencia indetenible deterioro de los indicadores sociales.
La mejor forma de identificar lo que está ocurriendo en América Latina es observando que las exigencias de los ciudadanos por mayor transparencia e integridad, por una mejor calidad de servicios públicos clave como la educación y la salud, y por una mayor apertura y transparencia del gobierno no están siendo atendidas de forma efectiva en la región. Como consecuencia de la insatisfacción, la confianza en las instituciones públicas se está deteriorando de una forma exponencial, lo que está debilitando de manera acelerada la relación gobierno-sociedad e impulsando tensiones sociales en múltiples países.
Para que se tenga una idea más concreta de lo planteado, solo hay observar dos factores persisten en la región que ayudan a explicar la desconexión acelerada por la cual se está transitando. En efecto, por un lado, existen mayores aspiraciones de una clase media que ha crecido significativamente en las últimas dos décadas; y, por otro, la persistencia de diversos desafíos socioeconómicos en la región, a los que se han unido nuevos retos que emergen en un mundo rápidamente cambiante.
El progreso socioeconómico, y la mejor calidad de vida, que se logró en América Latina en las dos últimas décadas han llevado a un aumento de las expectativas y las exigencias por parte de la sociedad. Por igual, a pesar de los avances, las instituciones aún continúan mostrando dificultades para dar respuesta a algunos retos que perduran, como o la vulnerabilidad, que todavía exhiben grandes segmentos de la población que están en la pobreza o se enfrentan al riesgo de volver a caer en ella.
Bajo esa interpretación, emergen nuevos desafíos en un contexto global que cambia rápidamente, que están generando nuevas incertidumbres en la ciudadanía acerca de la capacidad de las instituciones públicas para responder a ellos y garantizar mayores niveles de progreso. La confianza de los ciudadanos Latinoamericano en las instituciones públicas se ha deteriorado en años recientes fruto de las violaciones constante a las leyes y la constitución de cada país.
A la Luz del buen juicio, la falta de confianza se ha profundizado desde la crisis financiera mundial, de modo que la proporción de la población latinoamericana que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos alcanzó niveles cercanos a un 75% en 2017. Esto representa una caída de la confianza de casi veinte puntos porcentuales con respecto a 2006, pero ya en el 2016 solo un 24% de los latinoamericanos dijeron tener confianza en la honestidad de las elecciones.
El avance en el deterioro de la confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos se han dado a pesar de que, en general, los índices de pobreza cayeron de forma pronunciada, las desigualdades se redujeron y la calidad de vida mejoró en la región en los últimos 15 años. Dos razones poderosas conducen a una explicación objetiva de tal situación; en primer lugar, la expansión de la clase media, que ha venido acompañada de mayores aspiraciones y de nuevas exigencias por parte de la ciudadanía, en segundo lugar, tras haber experimentado un periodo de progreso rápido y de continua mejora de la calidad de vida, la desaceleración económica que comenzó a mediados de la presente década ha infundido en muchos segmentos de la sociedad un sentimiento de inestabilidad, y la percepción de que los avances obtenidos podrían estar en riesgo.
También a lo expuesto se le suman varias tendencias a nivel global, como el rápido cambio tecnológico, la migración y el cambio climático, que incrementan la incertidumbre acerca de la capacidad de las instituciones actuales para aportar respuestas eficaces. La región ha tenido una ralentización de la actividad económica con una ligera recuperación, situación que es otro de los factores que explica el deterioro de la confianza de los ciudadanos, particularmente en un contexto mundial de alta incertidumbre.
El panorama macroeconómico de la región ha tocado fondo desde que en el 2016, después de una contracción que duró dos años, y el producto interno bruto (PIB) creció un 1.3% en 2017, con una proyección de crecimiento de entre 2 y 2.5% en 2018, y un panorama económico mundial alejado del dinamismo del anterior ciclo de crecimiento que disfrutó la economía global. Esto ha tenido repercusiones en las condiciones sociales, y está prolongando la duradera permanencia de la región de la denominada trampa del ingreso medio.
Hay que poner de relieve que la globalización y el cambio tecnológico están generando nuevos retos que aumentan la incertidumbre entre la población, al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades. Pero resulta que después de tres décadas de apertura creciente, el comercio mundial y los flujos de inversión se han desacelerado, con pronósticos de contracción de un 4% y un 7%, respectivamente, para 2018 y 2019, lo que se torna con mayor incertidumbre en la medida que persiste y aumenta la retórica proteccionista.
El panorama planteado podría tener consecuencias directas en la región de América Latina en lo relativo al comercio, las finanzas y la restricción de flujos migratorios, lo que contribuiría al sentimiento de incertidumbre. En adición, se observa que el progreso tecnológico también avanza a un ritmo acelerado, por tanto, se espera que la llamada “cuarta revolución industrial” transforme el mundo del trabajo y la economía mundial con efectos favorables en la economía latinoamericana para mitigar la incertidumbre y la volatilidad persistente.
