Opinión

Violencia política

Uno de los mayores obstáculos para lograr una sustantiva participación de las mujeres en la política y quizá el reto más importante en las sociedades latinoamericanas, por la dificultad, para que tanto partidos como instituciones se pongan de acuerdo, es garantizar que las mujeres candidatas e integrantes de las campañas de todas las organizaciones, no sufran violencia política.

La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que fungen como funcionarias representantes de sus organizaciones o instituciones.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tenemos el derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de nuestros países y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas.

En consecuencia, es responsabilidad de los estados tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, garantizando su participación en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

Este #8DeMarzo2019 en la República Dominicana, nos encontró con varios e inaceptables casos de violencia política. Es responsabilidad del gobierno del compañero Presidente la República, fomentar el estricto cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres, generar esquemas de atención, prevención, denuncia y sanción de la violencia política al interior de las entidades.

Es tiempo de impulsar la creación de programas estratégicos a nivel nacional y local, que contribuyan a identificar, prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres si queremos construir una sociedad desarrollada. Las mujeres demandamos más democracia, y acceso a los puestos en los poderes públicos y de toma de decisiones, en igualdad de oportunidades y participación, es el propio estado quién debe garantizar nuestros derechos constitucionales.

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