Como cada año hay cambio en las estaciones y llega la temporada ciclónica; por la tercera semana de agosto en Republica Dominicana convocamos cerca de 2.8 millones de niños, niñas, adolecentes y adultos para dar inicio al año escolar.
De acuerdo al texto constitucional, la escuela tiene la misión de garantizar educación de calidad y protección a todos los niños, niñas y adolecentes de la Republica Dominicana. El año pasado, producto de la pandemia del COVID-19, las autoridades nacionales optaron por un modelo de educación virtual y/o a distancia y las clases fueron iniciadas en todo el territorio, a partir del 2 de noviembre del 2020.
Concluido el año escolar 2020-21, si fuéramos a valorar los resultados, se puede observar que se ha producido una reducción en el acceso y las oportunidades de educación al ponderar las tasas de cobertura neta que pasaron de 94.30% a 87.90% en el Nivel Básico; y de 75.46% a 70.10% en el Nivel Medio (ENFTC del BCRD). En materia de aprendizajes no es posible ponderar los resultados debido a que nunca se crearon las condiciones para evaluar a los estudiantes. En adición a brindar educación, la escuela tiene la obligación de asistir y proteger los niños, niñas y adolecentes para garantizar su desarrollo armónico e integral. El periódico Diario Libre publicó que más de 200 mil estudiantes habrían desertado de la escuela durante la pandemia. Durante este año, las estancias infantiles en todo el territorio nacional han permanecido cerradas dejando sin atención temprana otros 250 mil niños menores de 5 años y a miles de madres sin la posibilidad de buscar el sustento, sabiendo que sus hijos quedan en un lugar seguro. A esos 450 mil niños, niñas y adolecentes NO se les garantizaron dos derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución: Protección y Educación.
Resulta evidente que, en el medio de la pandemia, los resultados del año escolar 2020-21, que recién concluye, no fueron los deseados. Sin embargo, la resiliencia de la sociedad dominicana no cede y nuevamente se llenó de optimismo cuando el Presidente de la Republica anunció para el nuevo año escolar 2021-22, el retorno a las clases presenciales y que iniciaría a partir del mes de septiembre. En su sesión del 20 de agosto del presente, el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprueba el nuevo calendario y horario para las escuelas y fija para el 20 de septiembre en inicio de clases presenciales para los estudiantes del sistema publico. Cabe señalar que la mayoría de los colegios privados mantuvieron la tradición de años pre-pandemia e iniciaron sus clases en la tercera semana del mes de agosto, en la mayoría de los casos también presencial.
El 20 de septiembre y los días que antecedieron, resultó notoria las expectativas de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, familias, etc… Como nunca antes todos se preparaban para el retorno a clases presenciales: estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia. Los niveles de asistencia sobrepasaron años anteriores para un primer día de clases.
Es a partir del primer día de clases, el 20 de septiembre, que se comienza a notar que, al llegar a la escuela, los trabajos de reparación y adecuación en muchos casos no habían concluido. Que muchas de las escuelas no tenían condiciones físicas para garantizar los protocolos que pocos días antes habían suministrado las autoridades rectoras. Que, a pesar de haber tenido mucho tiempo para prepararse, en muchos centros educativos prevalecía un déficit de personal docente y administrativo. Que tampoco los libros de texto estaban disponibles. Que en la mayoría de los centros educativos no se habían distribuido los útiles y uniformes a los estudiantes, principalmente a los mas vulnerables. Que los procesos de adquisición del programa de alimentación no habían terminado por haberlos iniciado tarde y por tanto la mayoría de los niños y jóvenes no recibirían desayuno o almuerzo en las escuelas. En fin, que, aunque resulta mas o menos predecible la fecha de inicio del año escolar, a las actuales autoridades a cargo de gestionar el servicio de educación publica les sorprendió y evidenciaron incapacidad para gestionar de manera efectiva la mayoría de los procesos que ya resultan una rutina en el sistema educativo.
El presente año escolar traía consigo el reto de restablecer la comunidad escolar, reorganizarla y regresar a la normalidad. Había que considerar el cumulo de estudiantes rezagados, las situaciones psico-emocionales de estudiantes y familias y el inicio tardío; había que programar evaluaciones para a los estudiantes y considerar además, que, como declarara el pasado mes de mayo la presidenta del gremio que agrupa los docentes, Lic. Xiomara Guante: “el próximo año escolar tendremos una tarea muy fuerte, y es hacer un amplio programa de nivelación”. Es decir, debíamos recuperar en parte el tiempo perdido y desarrollar el contenido curricular correspondiente al año en curso; por lo que no había espacio para improvisación y todo debía estar cuidadosamente calculado.
La manera como se gestiona un sistema educativo en un país puede reducir o ampliar las brechas de los distintos segmentos sociales. Cada quien debe saber lo que le toca y jugar su rol: estudiantes, docentes, padres y las autoridades educativas.
Ojalá la comunidad educativa pueda mantener los niveles de optimismo expresado el primer día de clases. Pienso que los sueños y las expectativas de la sociedad, especialmente de las familias, las comunidades y estudiantes, de ejercer su derecho a una educación inclusiva y de calidad no pueden ser defraudados. En tal sentido, resulta vital que se logren los resultados esperados y desde el Estado se debe ser capaz de responder por medio a servidores públicos competentes, transparentes e idóneos, a este compromiso país de garantizar a través de una gestión efectiva el derecho a la educación de todas las personas.
