Recientemente en el mes de octubre de 2023 ha sido publicado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, su segundo informe de observación electoral 2024, precampañas y primarias, en dicho informe se persigue presentar la realidad de los partidos políticos en el periodo de precampaña establecido en la ley no. 33-18.
Hay cosas que resaltan a simple vista en lo relativo a la disposición de publicidad de candidaturas, el partido de gobierno Partido Revolucionario Moderno (PRM) presenta una mayoría absoluta en la publicidad colocada, llegando este uso excesivo a ser avasallante con respecto a las otras fuerzas políticas.
Pasando de la simple percepción que podemos expresar, Participación Ciudadana realizó algunos levantamientos que arrojan datos importantes, cuando analizan la publicidad colocada en vallas resulta que el 53.75% son de candidaturas relacionadas al PRM, 23.32% al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y 18.09% Partido Fuerza del Pueblo, el restante 4.84% correspondía a siete partidos minoritarios, es bueno resaltar que no estamos evaluando el costo debido a tamaño y calidad de dichas vallas solo la cantidad colocadas.
Otros gastos
Debemos destacar de los datos anteriores que solo el PRM tiene más publicidad que si juntamos las vallas de los otros 33 partidos y 8 movimientos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE) al mismo tiempo, solo esto parece increíble, pero aún hay tela por donde cortar.
Existe un alto gasto publicitario desde el punto de vista gubernamental y teniendo en cuenta que el PRM es el partido de gobierno, siendo esta la gestión gubernamental que más dinero gasta en este rubro de la historia y siendo este 2023 el año que mayor gasto publicitario ha tenido el gobierno dominicano. Este año, para publicidad e impresión está presupuestado un monto de RD$9,595 millones, superando en 51 por ciento los 6,375 millones de pesos gastados en el 2022. Vale indicar que hasta el pasado 13 de octubre ya se habían destinado a este fin unos 4,709 millones, lo que implica un aumento de 34 por ciento con relación a igual fecha del año pasado, sin que haya ocurrido este año algún acontecimiento especial que justifique el incremento.
Parte importante de este gasto promueve la figura del presidente de la República quien también es candidato del proceso, lo cual continúa planteando temas morales, éticos y de desigualdad ante los demás competidores y organizaciones políticas.
La JCE y su papel
Es difícil encontrarnos con esta realidad y ver a nuestra Junta Central Electoral hacer mutis sobre estos gastos, tanto desde el punto de vista de gasto partidario para el tema publicitario, así como también como en un año preelectoral rompemos todos los récords de gastos publicitario desde el gobierno central cuando tenemos al mismo tiempo a un candidato presidente en campaña electoral.
La JCE tiene atribuciones según la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tanto en su artículo 42 para regulación de los gastos en precampaña, así como también en los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 para regular los gastos en campaña.
Hay demasiadas preguntas que debe realizarse la Junta Central Electoral, que son preocupaciones de toda la sociedad, aquí algunas para ayudarles:
¿De dónde salen los fondos para que el partido de gobierno tenga más vallas y publicidad que si juntamos los otros 33 partidos y 8 movimientos políticos del sistema?
¿Cuánto ha significado este gasto y si ha sido cruzado con lo estipulado en el artículo 42 en el proceso de precampaña?
¿Qué controles se tienen para que el mayor gasto publicitario gubernamental de la historia del país no sea utilizado exclusivamente para la promoción del presidente candidato?
¿Cuál es la delgada línea entre asignar recursos económicos desde el ejecutivo para promover la gestión de gobierno o para promover al candidato presidente?
Creo que la sociedad y la Junta Central Electoral (JCE) están frente a un tema delicado que rompe un principio de igualdad a la hora de competir en el actual proceso eleccionario, un principio que la JCE debe ser su principal defensor para asegurar la estabilidad del sistema de partidos políticos en la República Dominicana.
