En la continuación del festival de desaciertos e improvisaciones de la actual gestión de Gobierno, una interminable cadena de rechazos ha generado la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que ordena a los servidores públicos reportar ante los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones para las que trabajan si están al día en el pago de la factura de energía eléctrica y el agua.
Afirmar que la circular está sustentada en una sugerencia del Gabinete Eléctrico, como parte del proceso de regulación de los contratos entre la ciudadanía y las distribuidoras de electricidad, es nuevamente el rompimiento de la soga por lo más delgado.
No es esa la medida para enfrentar el hoyo financiero que ha dejado el sector eléctrico por las ineficiencias de funcionarios que en la campaña electoral «resolvieron» todas las dificultades para cobrar el servicio eléctrico a los clientes con anuncios que nunca se materializaron.
Al igual que lo sucedido con el paquete fiscal, que pretendieron vender como acción modernizadora, todos los sectores nacionales han salido a defender a los servidores públicos a quienes les están colocando una nueva carga.
La dirección del PLD le ha salido al paso a esta nueva distorsión resaltando el carácter inconstitucional de la “novedosa” disposición porque irrespeta la dignidad humana, presionando a los servidores públicos a hacer el reporte del pago de sus facturas ante el temor de perder sus empleos.
Es una medida que ignora principios legales y derechos ciudadanos, que ofende a las personas y que retrotrae al país a la tiranía de Trujillo en la que se obligaba a los servidores públicos a consumir los productos de todas las empresas del “Jefe”.
Sin lugar a duda esta nueva metida de patas del Gobierno confirma la arrogancia de una gestión gubernamental sorda, ciega, indolente, irresponsable y, sobre todo, inepta.
Postdata: Ante la negativa de la sociedad a la disposición del MAP, el presidente Abinader aclaró que no es obligatoria la circular con la cual este organismo pretendía obligar a los empleados del Estado a presentar en las oficinas oficiales donde laboran las facturas de agua y luz que pagan en sus viviendas.
