Los toques de utensilios de cocina —cacerolas, calderos, ollas…— que caracterizaron las noches de la pasada semana en la ciudad capital y en otras provincias del país reflejan la indignación de un pueblo que ha sido y sigue siendo engañado por el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM.
Las preocupaciones ciudadanas no son de interés para los gobernantes. Así ha sido desde el día de su juramentación, el 16 de agosto de 2020; por eso, los justos reclamos de la población carecen de respuestas por parte de las autoridades.
En vez de prestar atención a las demandas de la gente, los funcionarios del gobierno perremeísta se han dedicado a minimizar el impacto de la protesta, lo que genera frustración y desaliento en los ciudadanos.
Otro procedimiento utilizado por las autoridades, en lugar de ofrecer soluciones efectivas, es el empleo de eufemismos a modo de escudo y anestesia psicológicos que «aduerma» el clamor popular.
(Semánticamente, los eufemismos son palabras o expresiones que se utilizan en lugar de términos directos. Es, en esencia, no llamar a las cosas por su nombre, sino por un sinónimo agradable).
Por eso, lo que en buen dominicano es un «paquete impositivo», en el lenguaje del presidente Abinader y sus funcionarios perremeístas es un conjunto de «medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional», una careta que no cubre un rostro ofensivo en contra del pueblo. Con ese pomposo e inútil nombre fue convertido en ley de emergencia por un Congreso que, en contraste, dura años en el conocimiento de leyes trascendentales para el país.
Por tanto, a nadie sorprende que las protestas de los cacerolazos sean atribuidas a un ejercicio de oposición política, aun sabiendo el Gobierno que se trata de expresiones espontáneas de diferentes sectores sociales.
Igual propósito se procura en el esfuerzo vano de congraciarse —mediante el uso de epítetos emitidos en tono de indignación— con una sociedad hastiada por los excesos de una Policía que se ha tragado centenares de millones de pesos en una reforma cuyos resultados aún no ven los contribuyentes.
Aquí existe una clara discrepancia entre la retórica o relato —como se dice ahora— y la realidad, lo que al final se convierte en una fuente de frustración y desengaño para un pueblo noble como el dominicano.
El PRM y su gobierno se empeñan —con esfuerzos y recursos que deberían utilizar en acciones de más provecho para la sociedad— en enriquecer su vocabulario con nuevos términos «agradables» que les permitan evadir sus responsabilidades ante la deficiencia y la poca transparencia con que se conducen en la administración pública.
La realidad es que la inseguridad es más que preocupante, como lo son también los altos precios de la comida, las medicinas, el transporte, los servicios y el endeudamiento; a todo lo cual se suman ahora las censuras que forman parte del articulado de un Código Penal afectado por grandes lagunas y desaciertos.
No se peca de exagerado cuando se afirma que las ineficiencias y el marcado desorden en que ha estado viviendo el país en los últimos años dan pie a la creencia de que, lamentable y peligrosamente, nos hallamos ante un barril de pólvora.
