La sentencia del Tribunal Constitucional (TC-0788-24), que declara inconstitucional los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral en lugar de crear un avispero, como se publicó en un diario local, tanto en su formato impreso como digital, lo que ha traído es una gran preocupación por su impacto en el sistema de partidos y en la democracia.
Actuando con el carácter que amerita decisión tan desatinada y desenfocada de la realidad nacional, la reacción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se hizo esperar y de inmediato fijó posición y la dio a conocer al país.
En la persona de su secretario general, vocero autorizado, el PLD hizo saber que la sentencia TC-0788-24 genera desigualdad en la competencia electoral, ofrece facilidad de infiltración para el crimen organizado, división y transfuguismo y caos logístico y administrativo.
En la descripción de los puntos preocupantes derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Secretario General del PLD, a nombre de la organización política, ha explicado lo crucial que es emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para las candidaturas que el Tribunal Constitucional tipifica como independientes.
El caos que las candidaturas individuales generarían en la organización de los torneos electorales podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país.
Esas candidaturas independientes representan un estímulo para burlar las reglas democráticas, un estímulo a la perniciosa práctica del transfuguismo y una puñalada trapera a los partidos políticos, sostén de la democracia.
El desatino de la decisión del Tribunal Constitucional al parecer lo anima la creencia de que existe en nuestro país una crisis de representatividad de los partidos políticos, cuando en la práctica es todo lo contrario.
Con la posición asumida respecto a la decisión del TC el Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso de defensa de la democracia, la igualdad de condiciones y la representación legítima del pueblo dominicano.
