A las dificultades económicas que enfrenta la Republica Dominicana con alza en los precios de los alimentos y los servicios, serias limitaciones en salud, educación y bajos ingresos, se le suman las consecuencias de la guerra de aranceles que ha desatado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Desde una visión progresista, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ratifica su acostumbrado estilo de oposición constructiva, recurriendo a la opinión pública, alertando al gobierno de lo nefasto que sería para nuestra economía la aplicación de un impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia la República Dominicana.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que incluye un impuesto del 3.5 % sobre las remesas internacionales, medida que ha generado preocupación entre los países receptores y las comunidades migrantes.
Se espera que sea conocido por el Senado de los Estados Unidos para convertirlo en ley antes del 4 de julio, Día de la Independencia de ese gran país.
La pérdida de ingresos por esta medida representaría una amenaza que debilitaría las bases económicas y sociales de cientos de miles de hogares dominicanos y profundizaría la preocupante inequidad que persiste en nuestro país, dijo el PLD en una rueda de prensa en la que se invitó a las actuales autoridades a que adelanten diligencias para enfrentar en el ámbito diplomático esta medida que se convertiría en una puñalada a la tambaleante economía.
La República Dominicana podría sufrir pérdidas económicas superiores a los mil millones de dólares si Estados Unidos decide aplicar un arancel a las remesas.
Los recursos enviados por dominicanos y dominicanas residentes en el exterior son importantes para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.
Como lo expresó en la direccion del Partido de la Liberación Dominicana : se “necesita una diplomacia activa, firme y regionalmente coordinada. El país debe alzar su voz en defensa de sus ciudadanos y ciudadanas migrantes, denunciar esta injusticia fiscal y trabajar con otros países del Caribe y Centroamérica para frenar colectivamente esta ofensiva contra los derechos económicos de nuestras comunidades en el exterior”.
