La migración en la República Dominicana, ha sido siempre un
fenómeno complejo y de difícil abordaje, el cual se enfrenta hoy a uno
de sus mayores desafíos: la corrupción institucional.
Al margen de la situación socio-política por la que está atravesando
actualmente el vecino país de Haití, podríamos asegurar, con toda
certeza, que el flagelo de la corrupción se ha convertido en el verdadero
Talón de Aquiles del sistema migratorio en nuestro país, afectando con
ello, el comercio, la institucionalidad del Estado y nuestra imagen hacia
el exterior.
Diversos informes y denuncias ciudadanas apuntan a prácticas
corruptas dentro de instituciones claves como la Dirección General de
Migración, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.
Entre los casos más comunes figuran la emisión irregular de
documentos, cobros ilegales para agilizar procesos de regularización o
lograr permanencia en el país, así como la omisión deliberada de
controles fronterizos a cambio de sobornos.
Millares de inmigrantes se ven compelidos a pagar altas sumas de
dinero para evitar detenciones arbitrarias, prolongar su estancia en
territorio dominicano, o acceder a servicios básicos como salud y
educación.
El tráfico de migrantes abunda cuando los funcionarios públicos son
corruptos. De hecho, muchas operaciones de tráfico de migrantes no
durarían mucho sin el constante impulso de la corrupción de alguna
forma u otra.
Pero la corrupción en el ámbito migratorio no solo es un problema
ético o institucional, sino, que, además, representa una amenaza seria
para la seguridad nacional. Cuando las fronteras pueden ser cruzadas a
cambio de dinero, se abre la puerta al tráfico de armas, drogas y trata
de personas.
A los fines de combatir esta apremiante situación se hace necesario
impulsar algunas medidas claves, como son:
Implementar auditorías independientes en las instituciones
migratorias, a los fines de poder comprobar los niveles de
eficiencia y efectividad de los mecanismos de control empleados
por las autoridades.
Crear canales seguros y anónimos para denunciar actos de
corrupción.
Establecer sistemas digitales de registro que reduzcan la
discrecionalidad de los funcionarios.
Fortalecer la formación ética y profesional del personal en frontera
y migración.
La República Dominicana se enfrenta, en los actuales momentos, al
reto de gestionar la migración de forma digna, justa y eficiente, pero
para lograrlo, debe erradicar la corrupción que hoy socava sus esfuerzos
y mancha su reputación internacional.
Definitivamente que la corrupción se ha convertido en un grave
problema que afecta la migración, actuando como un verdadero «Talón
de Aquiles» al obstaculizar procesos, facilitar el tráfico de personas y
socavar la confianza en las instituciones.
Por lo tanto, el combate contra la corrupción es un elemento esencial
de cualquier estrategia seria, responsable y efectiva para abordar el
eterno problema de tráfico ilegal de migrantes en nuestro país.
