Opinión

Por: Yulibelys Wandelpool | Hay prácticas que terminan normalizándose tanto que dejamos de cuestionarlas. Una de ellas es creer que conocer a un funcionario, a un director o a una persona con poder puede abrir puertas que para las demás permanecen cerradas.

¿Cuántas veces hemos escuchado frases como: «déjame hacer una llamada», «yo conozco al encargado» o «eso se resuelve con una recomendación»? Durante años esas expresiones han formado parte de nuestro día a día. El problema es que, cuando una decisión pública deja de depender de la ley y comienza a depender de las relaciones personales, ya no estamos hablando de una simple gestión. Estamos frente a una práctica que afecta la igualdad de todos los ciudadanos.

Por eso considero importante una de las novedades que incorpora la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal: el fortalecimiento de la regulación del tráfico de influencias, distinguiendo claramente cuándo estamos frente a una actuación legítima y cuándo una influencia indebida puede convertirse en un delito.

Y aquí vale la pena hacer una aclaración. No toda gestión es ilegal. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a las instituciones, solicitar información, dar seguimiento a un expediente o plantear una situación que entiendan injusta. Del mismo modo, un legislador, un regidor o cualquier representante puede servir de puente entre la ciudadanía y la Administración Pública. Esa es parte de la democracia.

Lo que no puede ocurrir es que una llamada telefónica termine pesando más que un expediente, que una amistad tenga más valor que el cumplimiento de los requisitos o que una relación política desplace el mérito y la legalidad. Ahí es donde aparece el tráfico de influencias.

El nuevo Código Penal distingue dos modalidades. La primera es el tráfico de influencias activo, que ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo o su relación con otro servidor público para influir indebidamente en una decisión y obtener un beneficio para sí o para un tercero. La segunda es el tráfico de influencias pasivo, que se configura cuando una persona, sin ser funcionario, aprovecha o se ofrece a aprovechar su cercanía con un servidor público para conseguir una decisión favorable a cambio de un beneficio. Ambas conductas pueden ser sancionadas con penas de cinco a diez años de prisión mayor, además de las multas correspondientes.

Lo interesante de esta reforma es que reconoce algo que muchas veces pasamos por alto: la corrupción no siempre comienza dentro de una institución. En ocasiones empieza fuera de ella, cuando alguien promete «resolver» un asunto porque conoce a la persona indicada o porque tiene acceso a quien toma la decisión. En otras palabras, la corrupción también se alimenta de quienes convierten sus relaciones en una herramienta para obtener privilegios.

Y ese es, quizás, el mayor daño del tráfico de influencias. No solo afecta la transparencia de una decisión. También rompe la confianza de los ciudadanos. Porque cuando una persona siente que para ejercer un derecho necesita una llamada, una recomendación o conocer a la persona correcta, deja de creer en las instituciones. Empieza a pensar que la ley no es suficiente y que lo verdaderamente importante es conocer a alguien.

Las instituciones públicas no fueron creadas para beneficiar a quienes tienen mejores conexiones. Fueron creadas para servir a todos en igualdad de condiciones. Esa es la esencia del servicio público y también del Estado de derecho.

Más allá de las penas que establece el nuevo Código Penal, el verdadero reto sigue siendo cultural. Necesitamos dejar atrás la idea de que todo se resuelve «buscando una influencia». Una sociedad madura no es aquella donde las personas tienen acceso a funcionarios poderosos; es aquella donde nadie necesita acudir a ellos para que la ley se cumpla.

Porque al final, cuando un derecho depende de conocer a la persona correcta, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Y ningún Estado que aspire a ser verdaderamente democrático puede sostenerse sobre privilegios.