Cuando nuestro estimado amigo Guarocuya Féliz estuvo al frente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), impulsó una propuesta, con el interés en impulsar una ley de pronto pago que se quedó en carpeta en espera del pacto fiscal que establece la estrategia nacional de desarrollo, destacando su importancia para proteger y fortalecer a las empresas proveedoras del Estado y del sector privado. Lamentablemente, el proyecto no se materializó, pese a su relevancia para la economía nacional.
Una ley de pronto pago es una normativa diseñada para garantizar que las entidades públicas y privadas paguen a sus proveedores, especialmente pequeñas y medianas empresas (pymes), en un plazo establecido, generalmente corto. El objetivo principal de estas leyes es fomentar la liquidez de los proveedores y reducir los problemas de flujo de caja, promoviendo un entorno económico más estable y justo.
En un contexto económico donde el costo del dinero es particularmente alto, especialmente para las pequeñas empresas y emprendedores, es fundamental que las facturas puedan cobrarse dentro de los primeros 45 días. Actualmente, las empresas deben inscribir sus facturas ante la DGII y pagar los impuestos correspondientes, incluso sin haber recibido el pago por dichas facturas. Esto genera una falta de capital de trabajo para cumplir con sus compromisos, situándolas al borde de la quiebra o forzándolas a recurrir a servicios de factoring, sacrificando así parte de sus beneficios.
Beneficios de una ley de pronto pago
Mejora del flujo de caja de las pymes:
Las pequeñas empresas dependen de pagos puntuales para cubrir sus costos operativos. Un pago rápido reduce los riesgos de falta de liquidez.
Reducción del endeudamiento:
Las empresas no necesitan recurrir a créditos o financiamiento externo para mantenerse operativas mientras esperan pagos.
Fomento del crecimiento económico:
Al recibir pagos puntuales, las empresas pueden reinvertir en sus negocios, generar empleo y contribuir al desarrollo económico.
Relaciones comerciales más sólidas:
Mejora la confianza entre proveedores y clientes, al demostrar compromiso y cumplimiento en los pagos.
Estabilidad financiera para las pymes:
Se reduce la tasa de quiebras o cierres empresariales causados por problemas de liquidez.
Competitividad empresarial:
Un sistema de pagos más ágil incentiva a las empresas a mejorar su productividad y su oferta de servicios.
En conclusión, implementar una ley de pronto pago no solo beneficiaría a las pymes, sino que también fortalecería el tejido económico nacional al garantizar que los proveedores reciban su dinero en un plazo justo. Esto contribuiría a una economía más estable, con empresas más competitivas y un entorno de negocios más equitativo para todos los actores del mercado.
