El concepto de los Estados Sociales y Democráticos de Derechos, parte de la responsabilidad que tienen Sociedad y Estado de garantizar mínimos inclaudicables de calidad de vida a sus ciudadanos, enfocándose hacia la disminución de la desigualdad social que imperan en el mundo en que vivimos.
Esa garantía de mínimos de calidad de vida resulta en niveles de cohesión social necesarios para la gobernabilidad, si entendemos la misma como “la legitimidad y gobernabilidad de los Estados nacionales y la disminución de las brechas sociales”, tal y como lo considera la CEPAL en un reciente informe.
En esa búsqueda de un grado de consenso entre los miembros de un grupo social ha surgido la necesidad de que los Gobiernos promuevan una amplia política social, que atenúe el impacto social de las diferencias existentes entre los distintos grupos sociales. Claro está, estas políticas tienen un costo que varía según la configuración de cada Estado y que, en la medida en que las expectativas de la sociedad aumentan, así mismo requieren de mayor inversión para los programas sociales.
Pero en un escenario de incertidumbre económica, como el que ha vivido el mundo en los últimos años, tenemos que cuestionarnos sobre la sostenibilidad de la cohesión social desde el punto de vista económica.
Helmut Schmidt, ex Canciller de la República Federal de Alemania, citado por Felipe Gónzalez en su reciente obra “El liderazgo en tiempos de crisis”, afirmaba que “la cohesión social solo es posible si es económicamente sostenible”.
Nos cuestionamos la sostenibilidad cuando analizamos lo que está sucediendo en los países cuyo presupuesto depende en gran medida de los altos precios del petróleo. Y resulta aleccionador, en tanto la variación ha resultado en efectos negativos para dichos presupuestos estatales, afectando los programas que promueven la cohesión social. En el caso de Venezuela, el impacto se ampliará, irremediablemente, hacia los países que nos beneficiamos de la solidaridad de Petrocaribe.
El tema en cuestión toma mayor relevancia para América Latina, ante la realidad que hemos planteado en otras ocasiones, de que esta es la región más desigual del planeta, donde crecimiento económico y equidad han estado disociados, resultando en una lenta disminución de los niveles de pobreza.
Cualquier disminución en los presupuestos destinados a programas sociales en países de la región, resultaría en un paso de retroceso en los logros que América Latina ha tenido en el área social.
Ante la volatilidad inevitable de los ‘commodities’ y su impacto en la política social, muchos países han optado por la creación de Fondos Soberanos de Inversión, con el objetivo de que sirvan de “vehículos de inversión estatal” alimentados por el capital que proviene de la exportación de materias primas para realizar inversiones de otro tipo, que garanticen la sostenibilidad presupuestaria y, por ende, la inversión en política social. Desde hace muchos años lo vienen haciendo los Emiratos Árabes Unidos, Noruega, China, Singapur; y más recientemente México, Chile, Argentina y Brasil.
Recientemente, Venezuela ha intentado tomar medidas parecidas al crear el Fondo Estratégico de Reserva en Bolívares (FERB), con el objetivo de garantizar las “pensiones, programas sociales, planes de inversión económica e incremento de salarios”
Estas acciones nos llevan a una reflexión obligatoria para los que participamos del sistema político, en cuanto a esa sostenibilidad económica de la cohesión social, frente a estos embates que el capitalismo de mercado tiene sobre los presupuestos estatales.
En el caso de la República Dominicana persisten retos para la sostenibilidad, principalmente en cuanto a la necesidad de aumentar la presión tributaria y disminuir el excesivo gasto en subsidios eléctricos, de manera que la inversión en política social aumente. Ambas realidades están siendo abordadas por el actual Gobierno, desde un pacto tributario y un pacto eléctrico integral, que están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La reflexión también nos lleva a la necesidad de alcanzar la cohesión social desde un enfoque de productividad y generación de capacidades, lo cual nos obliga a abordar la informalidad laboral, el desarrollo de capacidades desde la educación, con enfoque global; así como la cobertura y la prestación de servicios de calidad vinculados a la seguridad social.
En definitiva, la sostenibilidad de la cohesión social, ya sea en la República Dominicana, en China, en países de Medio Oriente e, incluso, en Estados Unidos, depende de políticas económicas, fiscales, institucionales y, evidentemente, sociales, bien razonadas y diseñadas.
