Opinión

El descalabro de la economía griega obedece a diversos factores que dieron como resultado que el país enfrente hoy una deuda pública de 320mil millones de euros (358mil millones de dólares), lo que representa el 177% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De acuerdo al documento “Una visión general de la crisis griega” publicado por el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales (CDRI), órgano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), la génesis de la crisis griega data del año 2004, “cuando el gobierno de Costas Caramanlís, aumentó la plantilla de funcionarios…..”, incrementando las nóminas del sector público en un 70% y aumentando sustancialmente los salarios.

De igual manera, el Sistema de Pensiones griego también ha jugado un papel fundamental en la crisis del país heleno. De acuerdo a datos ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), Grecia destina el 17.5 % del PIB a este renglón, frente al 11 % de la media del resto de los países europeos y es el país con el promedio de retiro más prematuro (35 años de cotización frente a los 40 años de la media europea).

Estas situaciones, conjuntamente con el pobre manejo político de la crisis, dieron como resultado la intervención desde el año 2009, de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), denominados como la Troika (palabra rusa que significa grupo de tres), como las instituciones responsables de supervisar las medidas de austeridad producto de un primer “rescate”, que representó un préstamo de 110 mil millones de euros, a cambio de recortes drásticos en el gasto público, reducción de salarios de los funcionarios, el incremento de impuestos y reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral con una reducción considerable del salario mínimo.

No obstante, este primer intento resultó ser insuficiente para afrontar el profundo nivel de la crisis griega y fue necesario que en octubre de 2011 se aprobara un segundo rescate, con un nuevo préstamo de la troika por un monto adicional de 130 mil millones de euros.

Luego de dos rescates financieros y seis meses de ejercicio de gobierno de la Coalición de la Izquierda Radical, SYRIZA, liderada por Alexander Tsipras, primer ministro de Grecia, se convoco el 5 julio de 2015, a los ciudadanos de ese país para que expresaran mediante un referendo, si estaban de acuerdo con la propuesta de rescate económico presentada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El resultado de la consulta fue un rechazo mayoritario de los griegos a estas propuestas, cuyo efecto inmediato podría ser el “Grexit”, es decir, la salida de Grecia de la eurozona, temporal o definitivamente.

Los griegos votaron para expresar su decisión de aceptar o no aceptar las nuevas medidas propuestas por la troika. El 62% del electorado griego ejerció su derecho al voto en el referendo dando como resultado una proporción del 61,42% de los votos en contra de que se aceptar el nuevo pliego de condiciones, frente al 38,58% que se mostró de acuerdo con que se aceptaran las medidas propuestas.

Ahora, al momento de hablar de la necesidad de un tercer rescate, el gobierno de Tsipras presenta una plataforma anti-austeridad y pretende renegociar las propuestas hechas por la CE, el BCE y el FMI por considerarlas abusivas y humillantes.

En la misma línea se ha pronunciado el premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, quien en una entrevista publicada por la cadena BBC Mundo dijo que las condiciones que pretenden imponer los acreedores de Grecia son indignantes, porque afectarían considerablemente el nivel de la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo a la EUROSTAT, para marzo de este año Grecia presentaba el mayor nivel de desempleo de la UE con una tasa del 25.6 %, y un porcentaje del 49.7% de jóvenes desempleados, lo que podría agravarse de implementarse mayores medidas de austeridad.

En el momento del segundo rescate, el Experto Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre deuda externa y derechos humanos, Cephas Lumina, resaltaba el “impacto de las medidas de austeridad en los servicios sociales básicos y por lo tanto en el disfrute de los derechos humanos por parte de la población de Grecia, en particular los sectores más vulnerables de la población como los pobres, los ancianos, desempleados y discapacitados”.

En esa misma línea, en el documento “Degradando derechos: el costo de la austeridad en Grecia” (“Downgrading rights: the cost of austerity in Greece”, en inglés) publicado en diciembre de 2014, la Liga Helénica por los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) resaltan en especial el impacto negativo de la austeridad sobre el derecho al trabajo y el derechos a la salud: desde el año 2010 aproximadamente 180 mil pequeñas y medianas empresas han debido cerrar sus puertas y el porcentaje del PIB destinado al sector salud ha disminuido de un 7% en 2009 a un 5.9% en 2011.

Finalmente, según reporta la BBC Mundo, los líderes de la Unión Europea lograron un acuerdo con Grecia que define las condiciones que tendrá que aceptar para acceder a un nuevo rescate. La ayuda ascendería a 50 mil millones de euros, de los cuales habría que destinar 25 mil para recapitalizar los bancos griegos y el resto se repartiría en dos mitades: una destinada a pago de deuda y la otra para planes de inversión en el país. Grecia no saldrá de la zona euro, pero tendrá que realizar ambiciosas reformas a las pensiones y el mercado de trabajo, con una estrecha supervisión de los acreedores internacionales. Además, se contempla la posible transferencia de 50 mil millones de euros en «valiosos» activos públicos griegos a un fondo externo para una eventual privatización. No habrá reducción de la deuda.

De manera general, la experiencia griega debe ser un ejemplo para el resto de los países valorando las posibles y probables consecuencias de un endeudamiento indiscriminado y sin criterios mínimos de planificación, fiscalización y control.