Que en la opinión pública las noticias referentes a la agenda de salud no sean ahogadas por los temas políticos es un indicador de madurez del proceso democrático, pues, de la población conformarse con la garantía de derechos civiles y políticos, ha pasado a exigir la responsabilidad del deber hacer en la conducción del Estado mediante el reclamo de un derecho humano fundamental para el desarrollo del individuo y la sociedad, como lo es garantizar un buen estado de salud.
En ese sentido, noticias como la discusión en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y el proyecto que pretende establecer el Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina, como prerrequisito para la expedición del exequátur que habilita al médico para el libre ejercicio de la profesión, han causado tal reacción social que la primera fue obligatorio pasarla a la comisión de salud del hemiciclo cameral para su discusión y, la segunda, luego de ser aprobada por los diputados, las evidentes debilidades que tiene ha obligado su revisión para la modificación en el Senado.
La ley 146 o ley de pasantía fue creada por la necesidad de dotar al sistema de la capacidad para hacer frente a la situación de salud de una población acorralada por el perfil epidemiológico de la década del 60 y siguiente del pasado siglo. Luego de cumplir su rol, esta ley se constituye en un obstáculo para la organización del modelo de atención planteado para resolver los grandes problemas de salud del presente, por lo que obstaculiza el desarrollo del ser humano de nuestra sociedad.
Por esta razón, se debe dar un espaldarazo a la intención del anteproyecto de ley que procura su derogación, pero a la vez se debe corregir el elemento distorsionante que introduce, ya que sería un obstáculo para la estructuración de un primer nivel de atención con la capacidad resolutiva requerida para hacerle frente al nuevo perfil epidemiológico que diezma a la población.
Al sustituir la pasantía médica por un examen para valorar las competencias del recién egresado de las escuelas de medicina con el fin de otorgarle el exequátur, a la vez lo clasifica, creando dos categorías: los que pueden optar por la posibilidad de una especialidad y los que van a trabajar en el primer nivel de atención hasta que logren pasar dicho examen; le da funciones al Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología ajenas a su misión reguladora, obstaculiza el desarrollo del primer nivel de atención, pues, mantendrían un médico sin el perfil curricular que demanda la capacidad resolutiva requerida y, de paso, obstaculizaría las posibilidades de desarrollo de las aspiraciones del joven profesional que no pase dicho examen.
En este contexto, no se puede dejar de mencionar que el anteproyecto en cuestión liberalizaría las posibilidades para ejercicio de la profesión a los médicos extranjeros, pues, con solo pasar dicho examen pudiera obtener el exequátur para el ejercicio de la profesión, por lo que le quitaría la protección de las plazas en el mercado laboral para los galenos que egresan de las facultades de medicina del país.
Por estás, entre otras razones, es conveniente que cuando sea revisado el anteproyecto en el Senado, solo se suprima el requisito de la pasantía para obtener el exequátur a los médicos egresados de las universidades del país, de esta manera se le exigiría los mismos requisitos que a los demás profesionales para el otorgamiento de dicho documento.
La eliminación de la pasantía facilitaría la formación del recurso humano necesario para que la Dirección Nacional de Salud organice y desarrolle el primer nivel de la red de servicios de salud, pues, permitiría la toma de un conjunto de medidas entre la que se podrían considerar: suprimir transitoriamente el requisito del examen para optar por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria; prohibir optar por otro programa de residencia a quienes se acojan a dicha facilidad; garantizar contrato de trabajo de obligatorio cumplimiento por cuatro años, con la prohibición de optar por otro programa de especialidad mientras dure y garantizar de forma opcional plazas de trabajo una vez concluido el periodo.
Claro está, concomitantemente con esto, se deben crear todas las condiciones para que la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no sea el nicho natural del profesional de la salud con vocación de pobreza, sino brindar todas las condiciones para que pueda desarrollar todas las potencialidades del ser humano.
