Julio César Santana
Vivimos en una época particularmente exigente en términos de requerimientos de reformas, ajustes y arreglos institucionales de todo tipo. Hoy, como nunca antes, la sociedad está dotada de formidables mecanismos institucionales y de comunicación para hacer valer sus derechos fundamentales. Por tanto, los gobiernos no pueden seguir siendo lo que eran: cercanos a la población en momentos de elecciones y alejados de ella en el tiempo crucial de las ejecutorias de políticas, planes, programas y proyectos, esto es, en la etapa crítica del cumplimiento de las promesas.
Ciertamente, hace solo veinte años las actuaciones gubernamentales ocurrían a discreción del Ejecutivo, sin las restricciones normales de un marco normativo y sin la necesaria observancia de los principios de la transparencia, eficacia, juridicidad y rendición de cuentas, entre otros. Hoy, en cambio, tenemos un marco normativo complejo y abarcante que regula las acciones de los actores públicos y contiene las pautas básicas, requisitos y restricciones respecto a las instituciones que administran. Lo más importante: instituye una nueva modalidad de gerencia de los fondos públicos atada a resultados e impactos, los cuales deben ser rigurosamente evidenciados y demostrados.
Al mismo tiempo, hoy estamos bajo el escrutinio permanente de una ciudadanía más consciente, más involucrada en los asuntos de Estado, expuesta de mil maneras a las mentiras y verdades de los que hacen oposición a los gobiernos, con más instrumentos para hacer valer sus razones e introducir sorprendentes correcciones confirmando o revocando el mandato dado a las autoridades públicas vía elecciones o con la ayuda de cualquier otro instrumento contemplado en las constituciones nacionales. Ignorar sus clamores, sus exigencias, sus requerimientos y legítimos derechos es asunto de gobernantes mostrencos y desfasados que se quedaron anclados en los tiempos en que el desconocimiento de las aspiraciones de la gente “era la modalidad por excelencia de hacer función pública”.
La oposición con mucha frecuencia enarbola, de manera unilateral e interesada, las imperfecciones del sistema de administración pública y se olvida de dos significativos hechos: el primero, que tiene que ver con su corresponsabilidad en la generación de lo que todavía queda del pasado, o lo que es lo mismo, con la permanencia en el presente de fuertes secuelas de la nefasta cultura clientelar, fundamentada en el interés personal o de grupos, la corrupción administrativa de gran escala, el sacrificio del interés nacional y la visión de la administración pública como un lugar de premiación del favor del voto.
Como ha sido ampliamente documentado, las más conocidas manifestaciones del sistema clientelista-patrimonialista fueron históricamente la seguridad de empleos estatales para el grupo gobernante y la distribución de los ingresos públicos bajo múltiples formas de negocios soterrados o de componendas entre las élites dirigentes y el sector privado.
No es casual que las más fieras resistencias al cambio radical del sistema clientelista-patrimonialista provengan precisamente de los remanentes más representativos de esa vieja “escuela”, la misma que por tanto tiempo obstaculizó el desarrollo multidimensional de nuestros países y condenó a vastos contingentes de sus poblaciones a las condiciones de vida más paupérrimas e ignominiosas.
Este modelo político se ha venido erosionando por sus evidenciadas ineficacias e ineficiencias respecto a la solución de los consabidos problemas críticos del desarrollo, el rechazo creciente de cada vez más grandes contingentes de la población de votantes y los fraccionamientos inevitables de los partidos que lo han encarnado durante más de un siglo.
Como señala Alfredo Rehren del Instituto de Ciencia Política Universidad Católica de Chile, “el clientelismo exige acceso a empleos para la coalición gobernante y la capacidad para distribuir fondos estatales. Por ello, el partido clientelista podría oponerse a reformar el Estado. Un punto vulnerable del clientelismo es la desafección del ciudadano común y el descontrol interno que permite la división del partido en máquinas competitivas entre sí, que quitan efectividad electoral al partido”.
El segundo hecho importante es que los remanentes del viejo sistema clientelar se mueven ahora en contextos sociopolíticos radicalmente diferentes, que con frecuencia no reconocen o advierten, marcados por profundos cambios institucionales que se expresan en las siguientes transformaciones notables: coordinación y articulación superior de la Administración Pública; afianzamiento cada vez mayor de la Gestión por Resultados en el Desarrollo; operatividad de un Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública; rigurosa administración financiera y tributaria; gestión cualitativamente diferente de los recursos humanos; mayor calidad de los servicios públicos; avances considerables del Gobierno Electrónico y del proceso de implantación de las Tecnologías para la Gestión de la Información y la Comunicación; robusto y fortalecido Sistema Estadístico Nacional, comparable a los mejores de la región; sistema de vigilancia y seguimiento de la Ética e Integridad Gubernamental y, finalmente, un renovado Sistema de Control Interno.
A nuestro modo de ver, uno de los cambios verdaderamente revolucionarios del último decenio radica en la estrecha y obligada ligazón entre la visión país y los procesos de producción pública y planes de gobierno.
Como se sabe, la producción pública, que se expresa a través de medidas de política y acciones de bienestar concretas (planes, programas y proyectos), se acompaña por necesidad de grandes inversiones de fondos públicos. Éste (proceso de inversiones) se traduce en importantes proyectos de construcción de obras de infraestructura terrestre, desarrollo residencial y sanitario, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas ligadas a la producción de alimentos y manufacturas, y la creación de nuevos activos económicos en los sectores productivos y de servicios. También en ingentes inversiones en los servicios de salud, educación, transporte y aprovisionamiento de agua potable, entre otros.
Antes, como es recordado por los hombres de mi generación, la producción pública no obedecía a ninguna orientación estratégica matriz, es decir, a una Visión País resultante de un macro y rico proceso de desavenencias, desencuentros de enfoques, diferencias de escalas de prioridades y aglutinación de los más disímiles intereses sectoriales.
Las cosas cambiaron con la promulgación de la nueva Constitución que ordena al Poder Ejecutivo, previa consulta con el Consejo Económico y Social y los partidos políticos, coordinar la elaboración y el sometimiento al Congreso de una Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que defina la ruta de la nación a largo plazo a través de unos ejes estratégicos y unos objetivos generales y específicos derivados que reflejen con la mayor objetividad y sencillez la diana a la que debemos apuntar unos recursos escasos con exactitud, eficiencia, eficacia y responsabilidad, si es que deseamos una República Dominicana diferente y con oportunidades reales de ocupar un lugar en la vanguardia de los avances regionales y mundiales para beneficio de nuestra pueblo.
Tenemos esa Estrategia promulgada por ley (Ley No. 1-12) y tenemos un Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) alineado con los planes de gobierno y los cuatro Ejes Estratégicos de la primera, que es lo mismo que decir con la direccionalidad estratégica del desarrollo. De modo que se garantiza que todo el proceso de inversión pública contribuya con un alto grado de racionalidad y eficiencia a la implementación de políticas públicas trascendentes, es decir, de aquellas que tienen notabilidad prioritaria desde la perspectiva de solución de los problemas cruciales de la nación, no para una administración política en particular, como ocurría antes.
Los logros de la Administración Medina en este sentido son, sin dudas, loables. En efecto, en el período 2012-2015 se ejecutaron 1,120 proyectos con un monto involucrado ascendente a 130.6 mil millones de pesos; de esta cantidad se concentró algo más del 81% en educación y transporte, sin que se dejara de atender con valores significativos a los sectores salud, protección social, vivienda y servicios comunitarios, y energía y combustibles.
Solo para garantizar el éxito de 816 proyectos de inversión pública, en 2015 se ejecutaron aproximadamente 84 mil millones, priorizando nueva vez a la educación, el transporte y la energía y combustibles.
Cabe destacar que el monto tan significativo destinado al sector transporte se explica por la necesidad de continuar impulsando la construcción y reconstrucción de importantes proyectos de infraestructura vial en todo el territorio nacional. Por su parte, la cantidad aplicada a energía y combustibles responde al interés de una solución estratégica a los problemas vinculados a la generación eléctrica (proyecto de las dos plantas a carbón en Punta Catalina) y al vasto programa de reconstrucción y rehabilitación de redes para reducir los niveles de pérdidas.
El sector educación, como uno de los más privilegiados, expresa la continuidad de los programas de construcción y rehabilitación de escuelas, la implementación del programa de tanda extendida y construcción de estancias infantiles. En este último renglón las administraciones peledeístas son pioneras: por primera vez ellas dan un impulso determinante a la educación temprana.
Ahora bien, como se ha dicho, la asignación de recursos públicos ocurre atendiendo a las prioridades consignadas en cada uno de los cuatro ejes estratégicos de la END. Como se muestra en el cuadro a seguir, lo destinado al Primer Eje en 2015, relativo al fortalecimiento institucional para el desarrollo y de la participación, gobernabilidad, equidad y seguridad, superó en 16.4% al monto presupuestado, alcanzado 3,344.8 millones de pesos.
En cuanto al Segundo Eje, relativo al fomento de la igualdad de derechos y oportunidades, pudo ejecutarse el 88.5% de lo presupuestado, para un total de 32,843.2 millones.
Como se puede notar en los cuadros insertos, respecto al Tercer Eje, concentrado en el fortalecimiento del sistema económico nacional a través de la innovación, la diversificación y la implementación de criterios de responsabilidad y sostenibilidad, la meta presupuestaria se sobrecumplió, ejecutándose 46,616.8 millones. Finalmente, los recursos destinados a cumplir con las metas del Cuarto Eje Estratégico, que enfatiza una cultura de consumo comprometida con la gestión de riesgos y la protección ambiental y de los recursos naturales, sumaron 1,128.6 millones de pesos, cantidad que representa el más bajo nivel de ejecución presupuestaria efectiva en el contexto de los cuatro ejes mencionados.
Un aspecto a destacar, es que la asignación de los recursos presupuestarios no responde a la satisfacción de intereses políticos provinciales o regionales, sino a la necesidad de culminación de proyectos de inversión de alta prioridad en la agenda gubernamental o a la elevada proporción de población que concentran las demarcaciones favorecidas. Por ejemplo, las provincias Santo Domingo y Peravia fueron responsables del 50.24% de la inversión en 2015: la primera porque contiene la mayor población del país, y la segunda en razón de que en su territorio se levantan las plantas de generación de energía a carbón. Las demás provincias, que aparecen en la lista de las diez más beneficiadas, registran una población de más de 200 mil habitantes, y la ejecución física-financiera del gasto se hace bajo los mismos criterios.
Como todas iniciativas cuentan con el debido registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los proyectos en marcha pueden clasificarse en los de capital fijo (760 unidades o cerca del 93% de la cantidad total de proyectos = RD$80,313.94 millones de pesos = 96% de lo invertido en la cartera) y proyectos de Capital Humano y Creación de Conocimiento (4%, equivalente a RD$3,619.48 millones).
Las innumerables obras que están detrás de estas grandes inversiones públicas hablan de un verdadero compromiso con la gente, con los electores y con el pueblo en general. Las ejecutorias de las administraciones del PLD en los últimos cuatro períodos (tres de ellos consecutivos) demuestran no solamente que se avanza en ámbitos que definen una Visión País, es decir, un único direccionamiento estratégico, sino que evidencian y ponen a prueba una nueva modalidad de hacer gestión pública en la República Dominicana, consolidándose una cultura basada en nuevos principios y una remozada dinámica institucional en la que la evaluación del desempeño, la transparencia y profesionalidad, la rendición de cuentas y acceso a la información en todas las vertientes de competencias y atribuciones, están conformando un nuevo hombre público.
Quiérase o no admitir, la nueva institucionalidad pública, con todos sus grandes avances y las fallas que podamos señalar, tarde o temprano habrá de ser reconocida como uno de los grandes méritos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No importa que ello no sea reconocido por la mezquindad y mediocridad políticas que tanto daño han hecho a la República.
Lo cierto es que, como se hizo notar en el pasado certamen electoral, los remanentes de lo viejo no se dan cuenta de que el país ha cambiado y de que ya los vientos, por poderosas razones de cambios institucionales, económicos, políticos y sociales, no soplarán jamás a su favor para perjuicio de las grandes mayorías. Con todo, la grandeza del PLD es que, dados los grandes desafíos que todavía quedan por enfrentar, no solo reconoce con humildad sus propias limitaciones y fallos, sino que está consciente de que enfrentarlos requiere del concurso de todos los dominicanos de buena voluntad.
