Un proceso de integración es una acción política, sea que éste se oriente al simple intento de la facilitación de comercio o avance hacia la integración política para lo cual deberá, además de concretar acuerdos de libre comercio, conducirse hacia la unión aduanera y mercado común, concluir con la unión política y todo lo que se deriva de ésta.
La unión política, como lo he explicado en otros trabajos, es un poco más que libre circulación de todos los factores de la producción entre los países que forman parte del proceso integrador; implica ciudadanía común, defensa común, moneda y, por lo tanto, un banco central común que defina las políticas monetarias y macroeconómicas del conjunto de los Estados, lo que requerirá de reformas a las leyes sustantivas y adjetivas que permitan la armonización del sistema para que pueda operar como una unidad.
El asunto es que, la labor de construir la integración, es compleja. Las ideas fluyen de acuerdo a los intereses que entran en juego; sectores que quieren sacar ventajas al modelo y sectores que pueden salir perjudicados, se enfrentan, porque, y esto es importante señalarlo, no todos los países involucrados tienen el mismo desarrollo económico ni las mismas fortalezas institucionales.
Siendo así, las asimetrías complejizan el proceso, lo que suele despertar escepticismo y contrariedades que van desde el miedo de los ciudadanos por la pérdida de sus empleos o la precarización de éstos, ya que la libre tránsito de persona, para algunos, se convierte en una amenaza, más que en una oportunidad, como debería ser.
También surge la glotonería del capital que ve la unión como un gran pastel. Por estos vericuetos del proceso se mueven las visiones ideológicas; se discute el rumbo que debe llevar, en el sentido de si será simple integración económica, o la que vaya más allá, para incluir a los pueblos en derechos, oportunidades y sus expresiones culturales.
La integración que se inclina por lo puramente económico, que procura solo facilitación de comercio como pretendía el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que propuso Estados Unidos, solo busca mercados para las transnacionales y los países que promueven la expansión de sus capitales y la maximización de sus ganancias. Por lo tanto, no tienen interés en que se avance hacia la unidad geoeconómica y geopolítica que haga de la región un poderoso núcleo que convine mercado, producción y derechos ciudadanos garantizados por leyes comunitarias que tengan como objeto el bienestar colectivo.
Como vemos, hay dos visiones que se orientan en sentidos opuestos, que se nutren de ideas y prácticas que transitan el camino de las ideologías; el interés del capital, nacional y extranjero, y el interés popular que se orienta hacia lo comunitario y que en el caso de Latinoamérica, pretende dar el salto hacia la concreción de la Patria Grande.
Entre los países que tienen como objetivo lo último, está Venezuela, con visión progresista y latinoamericanista, junto a otros gobiernos de la región; pero Brasil, Argentina y Paraguay, desde la administración del Estado y al margen del interés popular, quieren revertir el proceso para impedir la integración del Sur y Latinoamérica. Esa es la razón por la que quieren excluir a la patria de Bolívar del Mercosur. Las “causas” para la exclusión son excusas para ocultar la intención de minar nuestra integración.
