La muerte de Emely Peguero ha desnudado una emergencia de estado, relacionada de manera directa con la educación sobre la violencia de género, y la educación sexual oportuna y científica, tanto en los hogares como en las escuelas, que demanda un profundo y urgente análisis.
La familia es la primera escuela de la vida, donde los padres tienen la responsabilidad de transmitir a sus hijos, a través de un ambiente de amor, los valores que forman a una buena persona, íntegra, coherente y capaz de permanecer en sociedad. Para lograr este objetivo tan amplio, de manera que los niños se adhieran afectiva y emocionalmente a los valores pudiendo manifestarlos fundamentalmente a través de sus acciones, los adultos debemos fomentar hábitos operativos positivos, y el estado por su parte, debe garantizar la formulación de políticas públicas precisas de un diagnóstico de la naturaleza, la magnitud, las causas y las consecuencias de estas problemáticas sociales.
En la búsqueda del cuerpo de Emely, se encontraron dos jóvenes más, acontecimiento que nos revela el resultado de la falta de políticas públicas que apoyen y promuevan la educación de la masculinidad, y eviten la deshumanización sistémica de mujeres y niños. Es imperativo la implementación de programas educativos que permitan instruir a los hombres, para que acepten que el cuerpo de las mujeres no les pertenece, que no es su derecho tomarlo a su antojo para satisfacer sus deseos, y obedecer al mandato que la sociedad lleva años enseñándole: a ser “machos varones masculinos”.
La declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993) manifiesta que “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Está claro que la violencia de género empieza en la infancia.
Nuestra sociedad dominicana arrastra una deuda social, que se vuelve cada vez más compleja y que requiere la atención inmediata por parte del gobierno. A la fecha, nuestro país ocupa el tercer lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública revelan que el 27.35% de los alumbramientos corresponden a adolescentes entre 10 y 19 años, sin mencionar que estamos por encima del promedio de la región de embarazo adolescente (79) y del mundo (49), siendo más alta en las jóvenes con menor educación, bajos ingresos, las que viven en las regiones más pobres y en las áreas rurales.
El 61,4 % de las adolescentes de República Dominicana, que alguna vez ha estado embarazada, pertenece a clases sociales de escasos recursos económicos, siendo evidentemente la pobreza uno de los factores que lleva al embarazo. En nuestro país hay muchas Emely, que están siendo víctimas de la discriminación de género y de clase, lo que les coloca en desventaja.
Varios artículos de nuestra Carta Magna expresan responsabilidad del estado ante estos temas, las disposiciones 39, 55 y 56, tratan sobre el derecho a la igualdad, la familia y la protección de los menores de edad. Evidentemente, en manos del gobierno está la respuesta.
