Editorial

Petición inadmisible

Para el Estado dominicano es un tema terminado, pero intereses internacionales provocan su recurrencia en la opinión pública, generando opiniones interesadas.

Se trata de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

Con razón se ha generado una reacción colectiva de rechazo al pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se deje sin efecto las disposiciones de la citada ley que se basan en considerar extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijas de extranjeros en situación irregular.

La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo hizo las precisiones correspondientes por tratarse de una legislación clara e inequívoca, porque es ley resultante del consenso y de una consulta con diferentes sectores; que logró el apoyo unánime del Congreso Nacional y en total sintonía con la Constitución de la República.

La Cancillería resaltó que esa ley fue consensuada por la comunidad política y social al momento de su aprobación y que se corresponde con el proceso de regulación migratoria que está realizando la República Dominicana.

El presidente de la JCE, advirtió que el país es soberano para decidir lo que considere más conveniente en materia migratoria.

Varios congresistas calificaron como una falta de respeto al pueblo y un absurdo la petición que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado deje sin efecto las disposiciones de la sentencia 169-14.

Mientras el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien es el Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró como un acto de intromisión inaceptable dicho pedido.

Con la Ley 169-14 han quedado resuelto los problemas que afectaban a miles de personas nacidas en el país hijos de padres extranjeros residentes en condición migratoria irregular, lo que ha significado un gran paso en materia de respeto y garantía de los derechos humanos y de defensa a la soberanía.

La coincidencia de tantos sectores en rechazar el pedimento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) confirman la justicia y equilibrio de esta Ley, que ha servido de complemento a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Solicitarle a República Dominicana que viole sus leyes, que quebrante una decisión del Tribunal Constitucional, constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país, petición que el gobierno y la sociedad rechazan, como lo hace el Partido de la Liberación Dominicana, recordando que como nación nos guiamos por una Carta Magna que establece bien claro un sistema de otorgamiento de la nacionalidad.

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