Con la reciente remoción de su cargo del ex Ministro del
Ministerio de Administración Pública (MAP), Lic. Darío Castillo
Lugo, el gobierno le da un duro golpe al proceso de
profesionalización que por más de treinta años se venía
desarrollando, con muy buenos resultados, en nuestro país.
Podría darse a entender que esa decisión del presidente de
la República, Lic. Luis Abinader, se tomó como parte de los
tradicionales cambios que se dan al inicio de una nueva gestión,
pero la realidad resulta ser otra.
Según hemos recibido informaciones de fuentes muy
ligadas al gobierno central, lo ocurrido con el Lic. Darío Castillo
no se trató de una simple remoción.
Su separación del cargo se debió a que más del 90 % del
gabinete gubernamental se atrincheró para solicitarle al
Presidente que lo removiera de su posición como Ministro del
MAP porque, según ellos, “les estaba haciendo la vida imposible”
con sus exigencias y rigurosidad para el cumplimiento de las
leyes de función pública y organización del Estado.
Pagó bien caro el precio por querer hacer cumplir la ley,
ante un gobierno que prefirió sacrificar a un excelente
profesional a cambio de dejar al libre albedrío a los funcionarios
públicos de las diferentes instituciones para que actúen en
franca violación a las leyes que rigen la Administración Publica.
Este despropósito llevado a cabo por el gobierno, con la
desvinculación del Lic. Darío Castillo como Ministro del MAP, un
extraordinario profesional y funcionario a carta cabal, con
grandes aportes a la reforma y modernización de la
Administración Pública, constituye, sin lugar a dudas, una
evidencia de la falta de voluntad política del Presidente Abinader
en impulsar verdaderas reformas en la gestión pública.
El haber cedido ante la presión de la gran mayoría de los
funcionarios de su gobierno para que removiera al Lic. Castillo
de su puesto, debe de llamarnos seriamente a preocupación
sobre el curso que llevará el proceso de profesionalización en la
administración pública.
Y cuidado si con ello estaríamos diciéndole un adiós a la
carrera administrativa, a la racionalización del Estado, a las
mejoras de la calidad en los servicios públicos, y muy
probablemente, un triste adiós al Ministerio de Administración
Pública (MAP).
