El Gobierno anunció para esta semana que informaría sobre las líneas de fondo de su anunciada reforma fiscal, de la que tiene meses hablando sin que la sociedad se convenza de su viabilidad.
Después del dispendio gubernamental, combinado con un exagerado aumento de la deuda, el Gobierno se dispone a presentar sus planes de reforma a la fiscalidad, la que para aquietar a la población se dice que es inminente.
El Gobierno pretende justificar dicha reforma ante las crecientes necesidades de inversión en salud, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura que, según los argumentos oficiales, debería garantizar un desarrollo sostenible y equitativo del país.
La verdad monda y lironda es que con la reforma fiscal se busca tapar el hueco que ha dejado una deuda que motiva que el 25 por ciento de los ingresos se dedique al pago de los intereses de la misma.
Se trata de una deuda destinada mayormente a financiar gasto corriente, en lugar de inversión pública, lo que hace que el gobierno procure obtener más recursos.
Argumenta el Gobierno que país el deja de recaudar cerca del 5 % del PIB debido a exenciones fiscales y leyes de incentivo que no se revisan adecuadamente. El planteamiento ha generado un avispero en el sector industrial y profundas preocupaciones en el sector turístico, en donde mensualmente se contabilizan los visitantes extranjeros.
Ha trascendido que se realizará la ampliación de la base tributaria, modificación en el Impuesto Sobre la Renta, modificación al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, ampliación de la base del ITBIS, que al decir de los economistas creará un efecto inflacionario en una economía ya afectada por la inflación, sobre todo en la canasta básica.
Economistas y la propia opinión pública vienen manifestando sus aspiraciones de que la llamada reforma fiscal garantice que la carga no recaiga de manera desproporcionada en los sectores con menos recursos, para evitar así protestas y malestar social.
