Con apenas quince días de diferencia, el país vuelve a ser estremecido por un nuevo y brutal episodio de violencia policial.
Miguel Antonio Lucas, de 43 años, permaneció detenido cinco días en San Cristóbal. Durante este período, a sus familiares se les impidió visitarlo, por lo que nunca pudieron conocer su estado de salud. Tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de esa provincia, se registró su trágico fallecimiento, según denunciaron familiares.
Esa misma semana, entre la quema de neumáticos y el bloqueo de calles con escombros, los ciudadanos de El Seibo se volcaron a las calles para protestar por la muerte de un joven motorista, hecho del cual se acusa directamente a un agente policial.
Casi en simultáneo, un joven autista de apenas 18 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por un miembro de la uniformada en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este.
Estos sucesos, ocurridos con apenas horas de diferencia, no hacen más que confirmar la advertencia del Partido de la Liberación Dominicana: en el país se está normalizando la muerte a manos de la Policía Nacional.
Ante la gravedad de los hechos, las denuncias y las protestas de las comunidades afectadas, las autoridades responden siempre con el mismo cliché: «Se está investigando» o «esperamos los resultados de las pesquisas». Expresiones vacías que, debido a su uso recurrente y evasivo, han perdido toda credibilidad y eficacia institucional.
Desde el año pasado, el Partido de la Liberación Dominicana ha venido advirtiendo públicamente sobre este patrón creciente de muertes por intervención policial; una alarmante tendencia que delata un comportamiento sistemático que destruye la confianza ciudadana en la llamada «fuerza del orden público».
Acontecimientos como los mencionados, cada vez más frecuentes en el país, ponen en entredicho la tan publicitada reforma policial. Tras más de seis años de vigencia y un gasto multimillonario, dicho proceso solo exhibe como logros la adquisición de equipos, nuevos uniformes y cambios administrativos superficiales.
Concluimos este comentario editorial suscribiendo lo afirmado por el PLD en la rueda de prensa del pasado 6 de julio: «La seguridad ciudadana no se fortalece con más armas ni únicamente con mejores salarios: se fortalece con policías mejor preparados, con instituciones transparentes, con supervisión efectiva y con un compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos». ¿Es tan difícil comprender esto?
