La República Dominicana es una nación libre y soberana. Con autoridades legal y legítimamente constituidas.
La República de Haití es una nación intervenida. Con autoridades ilegítimas y caracterizada por la insolvencia institucional, económica y política.
En materia migratoria y de nacionalidad, la República Dominicana tiene normas y reglamentos debidamente amparados en la Constitución y las leyes. La República de Haití tiene normas y reglamentos migratorios y de nacionalidad igualmente amparados en su Constitución y sus leyes, con la diferencia de que nuestro país respeta las disposiciones haitianas, pero el vecino violenta y promueve el desconocimiento de las nuestras.
La República Dominicana ha sido reconocida en todo el mundo como la nación que con mayor prontitud y entera voluntad acudió en auxilio de la vecina nación empobrecida, en ocasión de la más reciente tragedia de su histórica cadena de infortunios como fue el terremoto de diciembre del 2010.
La República de Haití no ha cesado en su constante hostigamiento a la República Dominicana, encabezando y propiciando una campaña de descrédito sobre la base de la mentira y la manipulación, hasta el punto de condenar a sus conciudadanos residentes ilegalmente en este lado de la isla a no otorgarle la documentación que los ampare, mientras somete a sus pobladores a crueles e inhumanas medidas como la de impedir, incautando y echando a la basura, los comestibles y otros productos que adquieren aquí.
La República Dominicana ha invertido más de dos mil millones de pesos para facilitar la regularización de los haitianos que han violentado nuestras leyes para instalarse en nuestro territorio. Invierte al año similar cantidad para atender a madres parturientas haitianas que nos llegan como parte del macabro negocio de la trasiego de seres humanos y sacamos recursos económicos y humanos para un periplo internacional para defendernos ante el descrédito propalado por las autoridades vecinas con el amparo irresponsable de naciones empeñadas en evitar recibir migraciones masivas desde ese país, con efectos tan lacerantes como los que provocan en nuestra nación.
La generosidad y el trato humanitario y solidario del Estado y del pueblo dominicano para con los inmigrantes ilegales y los vecinos no deja la menor de las dudas. La desidia y la provocación de las autoridades haitianas, en cambio, se hace constante y cada vez más agresiva.
La Constitución de la República es clara. La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, como la Ley de Naturalización y el ejemplar Plan Nacional de Regularización completan las normas y reglamentos que contemplan con todo rigor su aplicación, garantizando derechos humanos y pactos internacionales.
La República Dominicana no tiene que mostrar más nada que no sea el cumplimiento estricto de su Constitución y sus leyes, colocando, a su vez, en alto relieve, su condición de nación libre y soberana.
Ante la actual situación de las relaciones con Haití, cumplamos con lo establecido en la Constitución y las leyes. El país necesita continuar adelante, afrontando una amplia y comprometida agenda para servir a nuestro pueblo. A él nos debemos. ¡Con él contamos!
