Es muy frecuente que las cuentas fiscales de América Latina registren deterioro que perturban la estabilidad de la economía y que profundizan el endeudamiento público de la misma creando un circulo vicioso en el presupuesto.
Situación esta que crea un ambiente de vulnerabilidad e incertidumbre en la economía de la región, fruto de la incapacidad recaudadora derivada de un sistema tributario que se sustenta en un esquema regresivo.
Es en este contexto que de un periodo a otro las recaudaciones pueden registrar una contracción significativa que impacta en el presupuesto de una manera negativa que obliga a recurrir al endeudamiento externo y restringir el gasto público impidiendo mejorar la calidad del mismo. Como ejemplo de tal afirmación se puede resaltar lo ocurrido para el 2015 donde se registró un leve deterioro en las finanzas públicas de la región, de tal modo que se alcanzó un déficit fiscal del 3,0% del PIB y un nivel de deuda pública bruta del 34,7% del PIB.
Debemos recordar que la política fiscal es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar en déficit o superávit según convenga. Por lo tanto, es una política en la que el Estado participa activamente, lo que significa que las operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y consumo públicos como componentes del gasto nacional.
Pero es que una contracción de las recaudaciones genera preocupación por el hecho de que se expresa en lo inmediato en un déficit presupuestario e impacta en el cuerpo macroeconómico en sentido general. Las razones que se manifiestan en tales preocupaciones es porque la politica fiscal procura como objetivo fundamental, la aceleración del crecimiento económico, plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos, como materiales y capitales, plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes.
Pero debemos precisar que la actividad financiera del Estado desempeña en las sociedades modernas tres funciones básicas, una función de asignación de recursos, una función redistributiva y una función estabilizadora. Tal acción del Estado se interpreta en que mediante la función de asignación, este suministra bienes que, en determinadas circunstancias, el mercado no proporciona adecuadamente debido a la existencia de los denominados fallos del mercado, por igual, la función redistributiva del Estado, trata de reconciliar las diferencias que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema de mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que intervienen fundamentos éticos, políticos y económicos.
En la función estabilizadora, entonces, es donde se encuadra la política fiscal que trata de conseguir la estabilidad del sistema económico y evitar los desequilibrios y provocar los ajustes necesarios en la demanda agregada para superar en cada caso las situaciones de inflación o desempleo. Bajo ese enfoque es que se puede interpretar que la manifestación principal de la política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado, en el cual la politica fiscal utiliza un conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos.
La politica fiscal, entonces, es el iinstrumento por excelencia que el Estado utiliza para propiciar un desarrollo equitativo de la sociedad y una redistribución adecuada de los ingresos y que el gobierno que acude para hacer efectivo la misma, mediante el manejo de los ingresos y los gastos del sector público para promover ciertas actividades de la economía.
Al impulsar la actividad económica el Estado estimula el dinamismo de los sectores productivo y se impulsa un vaso comunicante que se expresa en una recuperación del crecimiento de la economía de manera global, el cual ha de expresarse en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, educación, salud, así como la implementación de un sistema de impuestos para que las personas suministren una parte de sus ganancias al fisco ya que de este provienen los subsidios o servicios a personas con problema de pobreza.
La situación en que ha caído la economía de muchos países de America latina y los efectos sobre las finanzas públicas de la desaceleración del crecimiento y del deterioro de los términos de intercambio han sido muy significativos y han dado lugar a ajustes fiscales importantes porque el espacio fiscal disponible ha mermado, lo que en la práctica se interpreta como una perspectiva de incertidumbre fruto de que esta realidad plantea escenarios de insostenibilidad o de insolvencia fiscal, explicado por el incremento de la deuda pública y el bajo coeficiente de la presión fiscal.
Pero resulta que en America Latina ante los espacios fiscal que se han agotado o encogido y ante un sistema tributario regresivo, por tanto, para que se supere la baja tasa de presión tributaria se hace necesario migrar de manera gradual hacia un sistema tributario progresivo donde el que más gana más paga. Con un sistema tributario como el existente no hay manera de lograr una mayor presión tributaria ya que esta solo puede variar con la creación de nuevas figuras impositiva que en la práctica lo único que se alcanzaría es el deterioro de la calidad de vida de los que menos tienen.