El gobierno de un país tiene una o varias políticas públicas en cada área, pero la ejecución de cada política pública está precedida de un proceso de estudio, análisis, ponderación, legitimación y sanción al interior de una o varias instituciones siempre tomando en cuenta los factores más relevantes del contexto social y los factores del contexto constitucional y legal.
Esto quiere decir que antes de ejecutar una política pública, en cualquier área, hay que examinar, necesariamente, la viabilidad, la razonabilidad y la racionalidad en términos de ver si la misma es capaz de resolver el problema social que debe resolverse con su aplicación, es decir, hay que examinar si la política pública es rentable socialmente o no.
En otras palabras, estamos diciendo que cada política pública tiene que ser planeada, organizada, dirigida, ejecutada, supervisada, controlada y evaluada permanentemente, lo que quiere decir que tiene que ser administrada y gerenciada sabia e inteligentemente.
Naturalmente, cada política pública tiene costos y hay que establecer claramente las fuentes de dónde saldrán los recursos para su financiación. Esto nos indica que además de formular y agotar todas las etapas del proceso administrativo y gerencial, una política pública tiene que estar presupuestada.
Ahora bien, hay políticas públicas en cuya definición y configuración tienen que intervenir dos poderes del Estado por lo menos.
En todo lo anterior está implícita la idea de que toda política pública antes de ser ejecutada tiene que ser formulada y decidida.
Todo ese proceso de racionalización de las decisiones de políticas públicas y de las políticas públicas en sí es posible en el marco del Estado sabio o del Estado inteligente con que debe contar cada Nación hoy en día. El instrumental para implementar todo esto es la Administración Pública, específicamente la burocracia o el cuerpo más altamente especializado y tecnificado de esa administración.
Hay áreas muy complejas y riesgosas en que tiene que emplearse a fondo la inteligencia del Estado para optimizar la rentabilidad social de las políticas públicas en esas áreas.
Los casos más enrevesados de decisiones públicas y de políticas públicas en los últimos años son Loma Miranda, Bahía de las Águilas y Barrick Pueblo Viejo.
El debate con relación a Loma Miranda que ha tenido lugar en la sociedad dominicana expone dos posiciones con relación a este asunto: la que plantea que es posible la explotación en determinadas áreas de Loma Miranda sin destruir ni el equilibrio ecológico ni el equilibrio social y la posición fundada en el fundamentalismo de los medioambientalistas de que Loma Miranda debe ser declarada mediante ley parque nacional, área protegida o de utilidad pública.
La posición fundamentalista o integrista de los ambientalistas está en contra de la historia: los recursos naturales siempre han estado al servicio del desarrollo de los seres humanos, de los pueblos y de las sociedades en un contexto de preservación del equilibrio ecológico o medioambiental. El desarrollo de las sociedades, incluyendo sobre todo el desarrollo industrial, no hubiese sido posible, ni es posible, al margen del uso de los recursos que están en el subsuelo, los minerales, y en el fondo marino.
Bien, el asunto arranca con un estudio de impacto medioambiental hecho por la Falconbridge (Falcondo) que fue rechazado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por no reunir las condiciones que establece la ley, por lo que no se le ha concedido la licencia o el permiso medioambiental. El PNUD se limitó a opinar que ese informe de impacto medioambiental de Falcondo era insuficiente.
En realidad, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni la Academia de Ciencias ni nadie han hecho un estudio verdaderamente científico, despojado de toda subjetividad, sobre Loma Miranda en el que se pondere todo.
Bien en medio de ese contexto institucional y de las presiones desmedidas, e insensatas de los fundamentalistas del medioambiente (realmente asediantes e intimidantes) que convirtieron esas presiones en posición política populista y que encontró eco en determinados sectores del país, y lamentablemente encontró eco también en el Congreso de la República, a tal punto que los legisladores dejaron de actuar como hombres y mujeres de Estado y convirtieron el proyecto de ley en ley declarando a Loma Miranda parque nacional. No se daban cuenta que con esa posición, tambien populista, colocan al Presidente de la República en una encrucijada o como se ha dicho popularmente entre la espada y la pared.
Esa posición de los legisladores fue hija de la improvisación, de la complacencia y del populismo más absurdo.
Pero fue tan irracional esa decisión de los legisladores al convertir ese proyecto en ley que fundamentaron esa ley en leyes y decretos que hace tiempo fueron derogados. Pero lo más grave del caso es que la ley aprobada violaba tratados y convenciones internacionales que ese mismo Congreso aprobó y que tienen jerarquía constitucional porque forman parte del llamado bloque de constitucionalidad.
En esa tesitura el Presidente de la República no tenía otro camino que no fuera el de la observación presidencial, tal como establece el artículo 102 de la Constitución dominicana. Hemos dicho que esa decisión del señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, es totalmente correcta, sabia, inteligente y oporturna, pero, además, tuvo la visión, el valor, la dignidad y la responsabilidad de enmendar con su decisión un error capital o garrafal del Congreso. Danilo Medina ha pensado y actuado como un verdadero estadista.
En la configuración de la decisión de política pública en el área de los recursos naturales y en particular con relación a Loma Miranda, que es una política de Estado, y que tiene que ser definida en el marco de la razón, del interés nacional, del desarrollo nacional, de la Constitución, de la ley, del Estado de derecho y de la seguridad jurídica, el Congreso no asumió su rol en el marco de esos parámetros, sino que se colocó en la esfera de la sinrazón, del corazón (de los sentimientos) y de las percepciones.
Es preciso también que el Congreso tenga visión de Estado en sus funciones, facultades y competencias legislativas para que participe sabia e inteligentemente, en lo que le atañe, en la construcción de las políticas públicas, siempre cuidando y preservando la constitucionalidad, la legalidad, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, y para evitarle al país que las tensiones y los conflictos sociales se agraven.
¡Qué bien que el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, se ha encargado de subrayar que “su compromiso es con la ley y con su conciencia, y que su prioridad es el presente y el futuro del país, no con su imagen”. Toda política pública, sea cual sea, tiene que tener de manera irrenunciable un fundamento legal.
El señor Presidente de la República supedita la posibilidad histórica de que una partecita de Loma Miranda (4.kms cuadrados) sea explotada en el futuro a dos cosas: debe hacerse un estudio de ordenamiento territorial, por un lado, y, por el otro lado, Falcondo debe hacer un nuevo estudio de impacto medioambiental que deberá ser evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que decidirá si otorga o no la licencia o el permiso medioambiental a Falcondo a partir de la evaluación de ese estudio. Esto quiere decir que con su decisión el Presidente no le da luz verde a Falcondo para que pase a explotar inmediatamente los recursos minerales que hay en el subsuelo en esos cuatro kilómetros cuadrados.
¡Así se actúa, señor Presidente, en la toma de decisiones para la construcción de una política pública!
