Trastornos en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, inconvenientes y pesadumbre dominan el ambiente en República Dominicana, lo que se expresa en una situación de inseguridad ciudadana que se ha elevado a niveles alarmantes, a lo que se suma la preocupante situación del vecino Haití, un barril de pólvora al otro lado del Masacre.
El narcotráfico y el consumo de sustancias narcóticas han ido consumiendo un segmento importante de nuestros jóvenes, alienados por una cultura que incita a la violencia y a la pérdida de los valores morales.
Abundan las manifestaciones ciudadanas en reclamo de eficiencias en los servicios básicos, por lo menos a los niveles de antes, al tiempo que las presiones de la deuda externa sobre nuestras finanzas adquieren un perfil de inestabilidad, que se complica con la desfachatez gubernamental de pretender aumentar la carga fiscal a los sectores pobres y clase media.
Todas estas penurias han llevado a sectores que hacen opinión a sugerir la conveniencia de un diálogo con las fuerzas políticas y sociales para garantizar la paz social y el desarrollo del país, lo que no se ve mal, pero es al gobierno a quien le corresponde, como dice la leyenda bíblica, “arrojar la primera piedra”.
El Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno y la oposición ha sido abanderado del diálogo en jornadas que han ido en provecho de la nación.
Los ejemplos son múltiples, incluyendo la promulgación de la Ley N.º 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social de la República Dominicana en el gobierno del presidente Danilo Medina, completado con el Decreto 291-20 que reglamenta la elección de los miembros del Pleno y la Comisión Ejecutiva de dicho Consejo.
Entre los logros del Consejo Económico y Social se cita el surgimiento de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo así como el proceso de consulta y búsqueda de consenso para el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en el año 2014, que ha sido ignorado en la actual gestión de Gobierno.
Los llamamientos a concordia y diálogo siempre son convenientes, pero en la actual coyuntura es al gobierno al que le corresponde impulsar y realizar sinceras y responsables políticas públicas que procuren solución a todas estas dificultades y limitaciones que han reducido la calidad de vida en la República Dominicana y tienen a sus ciudadanos y ciudadanas al garete, con el grito al cielo, o, como prefieren decir algunos, «a coger el monte».
