Con el acostumbrado estilo de las presentes autoridades nacionales de privilegiar el aspecto mediático se vio en el fin de semana al presidente de la República en uno de los barrios de la capital anunciar que la reforma policial «va sin importar el costo político que implique».
En la víspera se convocó a una rueda de prensa al Palacio Nacional en la que se anunciaron catorce puntos que adelantan la cacareada y prometida reforma a la Policía Nacional.
Nuevamente se promete la instalación de cámaras de vigilancia en los cuarteles, en las patrullas motorizadas, mejorar la supervisión y monitoreo de los agentes, entre otros repetidos anuncios y la “enérgica” expresión del mandatario reiterando que la llamada uniformada será transformada y profesionalizada.
Como ya es de conocimiento público, se trata de fórmulas mediáticas con las que se procura reducir la colectiva indignación en la sociedad por los dos jóvenes ejecutados en destacamentos policiales en menos de quince días y unos cinco en el último mes, según comienzan a registrarse los reportes.
Debemos admitir que prevalece en el país el uso de prácticas represivas inspiradas en lo esgrimido una y mil veces, que los infractores fueron sometidos a la obediencia con técnicas policiales.
Aquellas técnicas, pese al tiempo, son usadas sin reserva alguna en los destacamentos y cuarteles policiales en la gestión de Gobierno que vendió en la campaña electoral la idea de que la delincuencia y los hechos violentos quedarían subsanados, tal y como lo vendió el ahora sancionado abogado norteamericano que se consideraba el máximo gurú en la lucha contra tan nefasto flagelo.
Es más que una necesidad restablecer la capacidad operativa de la uniformada, que asuma su responsabilidad de mantener y vigilar el orden público y, sobre todo, su credibilidad como auxiliar de la justicia y garante de la Ley.
Sobre este y otros tantos casos el Gobierno tiene que entender que ya la población no cree las fórmulas mediáticas y en su propaganda, ni en el uso de parches para reducir la indignación y rabia colectivas creadas por una gestión que en la campaña electoral contaba con fórmulas para combatir la violencia y delincuencia y ahora ha resultado todo lo contrario.
