Con fecha 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, la Junta Central Electoral (JCE) publicó la proclama que dejó abierto el periodo de campaña electoral con miras a las elecciones nacionales programadas para el domingo 19 de mayo.
Se trata de un documento bastante amplio bajo la firma del secretario general del órgano de comicios que expresa la decisión de su pleno de miembros.
La proclama dejó abierto el proceso electoral en todo el territorio de la República Dominicana, así como en ciudades que integran las tres circunscripciones electorales del exterior; dispone el tope de gastos para las candidaturas y establece los límites de los montos de las contribuciones individuales de particulares a los candidatos.
Además de la elección presidencial en mayo se elegirán al vicepresidente o la vicepresidenta, a 32 senadores y 190 diputados, que incluyen a 7 de ultramar y a cinco diputados nacionales. También se elegirán 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y sus suplentes.
El periodo de campaña quedó abierto con la publicación de la proclama; concluirá el jueves 16 de mayo a las doce horas de la noche.
Para la emisión del documento o proclama la Junta se fundamenta en la Constitución de la República, las leyes electorales y resoluciones del propio órgano de comicios estableciendo normas, reglas y procedimientos a ser cumplidos por los candidatos, partidos políticos, ciudadanos y las autoridades nacionales.
La Constitución dispone que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Con ese mandato de la Ley de Leyes el órgano de los comicios debe evitar ser indiferente a tantas violaciones reportadas y avaladas en las pasadas elecciones, en las que las manos del gobierno y del partido que lo sustenta asestaron un duro golpe a la democracia. El reclamo ciudadano es que se tenga más cuidado, mayor vigilancia y supervisión para que el derecho a elegir libremente quede garantizado.
