En su comunicación con la sociedad en las acostumbradas ruedas de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró su advertencia sobre el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia, como ha sucedido en el gobierno del PRM.
Son varios los ejemplos que confirman esa maniobra política usada en otros países con efectos perversos en el ejercicio de la democracia.
El mentado Ministerio Público independiente ha presentado a ciudadanos ante la opinión pública como culpables antes de que existiera una sentencia definitiva en su contra, mientras las acusaciones contra exfuncionarios han ocupado grandes titulares y espacios en los medios periodísticos sin que posteriormente lograran sostenerse plenamente en los tribunales.
Otro ejemplo de manipulación política de la justicia es la prisión preventiva prolongada como castigo anticipado. Todo esto desmiente la búsqueda imparcial de la verdad que debe orientar a quien administra justicia.
Preocupa la tendencia de convertir investigaciones judiciales en espectáculos mediáticos. La justicia se imparte en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto al debido proceso de la ley, no en los medios de comunicación o en las estrategias mediáticas de una gestión que dispone de un altísimo monto presupuestario para vender realidades y logros inexistentes.
Recientemente, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, lo que confirma que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.
La decisión adoptada ha permitido a la sociedad confirmar lo expresado por el PLD desde los primeros meses de instalación del gobierno del PRM, en el sentido de que la justicia se ha utilizado como instrumento de competencia política y, para ser más precisos, de persecución política.
Vanguardia del Pueblo, como órgano escrito del PLD, acoge el reclamo partidario a favor de que en la República Dominicana impere una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos, sin importar condición social ni filiación política.
