VANGUARDIA DEL PUEBLO apoya la iniciativa de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) orientada a modificar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para que más de 360 mil empleados y trabajadores de ingreso tardío reciban en lo adelante una pensión digna de entre un 40 y un 60% de su último salario o, si lo prefieren, la totalidad de lo ahorrado.
Esta trascendente decisión, obliga a un ejercicio de justicia y transparencia y, al mismo tiempo, de preservación de la salud financiera presente y futura del Estado. Todo ello se traduce en una enorme responsabilidad para la Sipen y para todo el sistema de seguridad social.
Por haber llegado tarde, nada más y nada menos que en los albores del siglo 21 (con 50 años de atraso después que dejamos inhábil al viejo sistema pensional dominicano), el legislador dominicano dispuso que el SDSS fuera “obligatorio, solidario y universal” y al mismo tiempo de “capitalización individual y de reparto”.
Para que tengamos una idea de lo que esta declaratoria significa, consignada ya como un derecho constitucional a partir del 2010, el Estado está obligado a disponer de unos RD$27,000 millones para pensionar a todos los que se encuentran en edad de retiro, agotaron sus fuerzas de trabajo y se encuentran en la condición de “pobres de solemnidad”, porque no disponen de ninguna fuente de ingreso o se han inutilizado para el trabajo. Este paso está pendiente, pero es obligatorio y en algún momento habrá de materializar.
Lo de “capitalización individual” no es un capricho, y parte de la realidad ya establecida de que el “Estado Benefactor” que aunque sólo garantizó pensión “digna” para todos los que alguna vez estuvieron en nómina, ya no lo pueden sustentar siquiera las naciones ricas, causando enormes desequilibrio presupuestarios en toda Europa Occidental, Estados Unidos de América y otros países de América Latina que lo incorporaron hace generaciones, como México. Excepción hecha en la Europa nórdica, que para sustentar esa condición, el Estado se apropia de más del 50% de la riqueza generada por la sociedad.
Con la “capitalización individual”, aunque subsiste con el viejo sistema de reparto, el SDSS busca librar al Estado de que quede “entrampado” y todo su presupuesto no alcance para pagar un “justo sistema pensional”. Los Fondos de Pensiones, por tanto, están obligados a procurar recrecer los más de US$5,000 millones que administran para que el sistema pensional pueda pegarse, en gran medida, con sus propios recursos.
De 420 mil empleados y trabajadores que llegaron tarde al SDSS, con 45 años cumplidos o más, sólo 48 mil han ejercido el derecho de retirar la totalidad de lo ahorrado. Debemos recordar, sin embargo, que todos ellos si por alguna razón u otra agotaron esos recursos y no tienen con qué sobrevivir, el sistema es “solidario” por lo que el Estado está en la obligación de incorporarlos al ejército de los “pobres en solemnidad” y concederles la “pensión de sobrevivencia” a que obliga la Ley 87-01.
¿Ven ustedes qué abarcador y comprometido es nuestro sistema? ¿Por qué decimos que es trascendente, a la vez que comprometida, la acción emprendida por la Sipen y el SDSS?
Porque para garantizar una “pensión digna” para el resto de sus vidas a todos los 362 mil “tardíos” habría que buscar una fuente adicional a lo ahorrado para esa masa de afiliados, para garantizarles un porcentaje de 40 al 60 por ciento de sus último salario. Una fuente podría ser sacrificar un porcentaje de la comisión que ganan los fondos de pensiones y así engrosar los ahorros de los “tardíos”.
Y porque sabedores la Sipen y el SDSS de que muchos de ellos tan sólo han ahorrado para unos cuantos meses de subsistencia, son candidatos para depender del exhausto presupuesto público en condiciones de “pensionados de subsistencia”.
Por todo lo que hemos dicho hasta aquí, la iniciativa de la Sipen contiene una indiscutible muestra de sensibilidad social, la que debe soportarse ahora en una creativa solución, que no vaya a cargar más la pesada responsabilidad financiera que ya afronta el Estado.
