Ante la indiferencia mediática y la apatía de la anodina sociedad civil, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ejerciendo sus facultades legales y constitucionales, se presentó ante la Junta Central Electoral en procura de que se resuelva una situación de agresión a la democracia y de irrespeto ciudadano.
Se trata del uso y abuso de los recursos del Estado para favorecer candidaturas del partido en el gobierno, hechos que ultrajan la ciudadanía y violan la Constitución de la República.
Mediante instancia firmada por el delegado ante la Junta Central Electoral José Ramón Fadul, los dirigentes Danilo Díaz, delegado suplente ante el órgano de comicios, y José Dantés Díaz, titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos, llegaron a la sede nacional de la Junta y depositaron la documentación de lugar.
Junto al escrito de la denuncia se presentaron las evidencias que demuestran la ocurrencia de los hechos, pudiéndose verificar de una manera clara las violaciones a la ley.
Posterior a estos hechos desde diferentes municipios se presentaron nuevas denuncias del abuso que se comete en contra de los partidos políticos opositores y sus candidatos y candidatas.
En el fin de semana circuló una fílmica en la que se ven vehículos de campaña del PRM, partido en el gobierno, saliendo de un recinto militar en Azua.
Ha sido notorio también el uso de los vehículos oficiales en actividades de la campaña electoral, como groseramente se exhibieron en un desfile de yipetas en el municipio Santo Domingo Este.
Felizmente República Dominicana, con sangre, sudor y sacrificio, superó esa práctica antidemocrática, propia de gestiones con rasgos dictatoriales, para que seamos indiferentes a una afrenta de esa naturaleza.
Por la salud de la democracia y en procura de la paz y el sosiego que hemos disfrutado en los últimos años, se requiere que la Junta Central Electoral, acorde a la Constitución de la República y la ley orgánica de régimen, proceda a detener estas malas prácticas denunciadas por el PLD y que su acción se haga acompañar de las sanciones a los responsables de estos hechos ilícitos que subvierten la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso electoral.
Estas lamentables acciones le dan a la Junta Central Electoral la oportunidad de demostrar de qué madera están hechos sus miembros y de encauzar a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno por el camino de la legalidad, del que nunca han debido apartarse.
