Los hechos violentos avanzan en la cotidianidad de la República Dominicana, dejando una secuela de inseguridad y miedo que trastorna la vida de todos los segmentos de la población.
Los relatos periodísticos y las conversaciones en el hogar, las iglesias, los centros de trabajo, las escuelas y las universidades están siendo dominados por hechos de sangre. Homicidios, feminicidios y agresiones forman parte de una rutina que delata el deterioro progresivo de la convivencia social y pone en evidencia la inacción de las autoridades.
«Tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo», reza el refrán popular —adaptado muy a lo dominicano— que explica la reacción de la gente frente a la pasividad y poca efectividad del Gobierno ante los feminicidios. La situación ha alcanzado tales niveles que las propias autoridades han tenido que admitir que el escenario se les ha ido de las manos.
Los reportes de prensa dicen —y el vecindario lo corrobora— que ahora los actos de violencia ya no se limitan a escenarios vinculados con el crimen organizado o la delincuencia común.
La gota que ha derramado el vaso de la paciencia de la sociedad dominicana es el hallazgo de dos hombres muertos en unos matorrales en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. Según la versión de la Policía Nacional, este hecho está vinculado al asesinato de una mujer ocurrido en Santiago. El suceso ha causado un horror inusitado en la población. Asimismo, indignación y espanto ocasionó la tragedia del último fin de semana, en la que una adolescente de apenas 16 años murió estrangulada por su pareja, un joven de 25.
No hay lugares sagrados. Los actos violentos ocurren dentro de los hogares, centros educativos, barrios, campos y en las relaciones de pareja, lo que evidencia una crisis social compleja a la que debe prestársele la debida atención.
La espiral de violencia es una muestra más del fracaso de la gestión de gobierno del PRM, que en campaña prometió disminuir los niveles de criminalidad y, por el contrario, estos han aumentado. Y no puede ser de otro modo pues, como lo ha denunciado el PLD, en esta área —al igual que en las demás del sector oficial— el Gobierno carece de un plan estructurado para prevenir el delito, limitándose a reaccionar tarde.
La cacareada «Reforma Policial» no ha construido protocolos reales de intervención; al contrario, ha permitido que la violencia ocurra incluso dentro de los propios destacamentos.
En definitiva, estamos ante una crisis social que amerita respuestas integrales y sostenidas desde el Estado y la ciudadanía, más allá de los informes maquillados a los que nos ha acostumbrado el Gobierno en un esfuerzo desesperado por ocultar, cuando no ignorar, un problema tan grave que ya se ha convertido en una preocupante realidad.
