La suspensión de la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), prevista inicialmente para el 18 de octubre de 2026, trajo consigo reacciones que confirman la atención ciudadana hacia esta organización y su liderazgo.

El anuncio de la suspensión del proceso lo hizo, de manera institucional, la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026); una decisión que contó con un amplio respaldo de la dirigencia del PLD y de la ciudadanía, e incluyó la opinión favorable de columnistas y editoriales en reconocidos medios de comunicación.

Esos análisis y comentarios destacan el papel desempeñado por el Partido de la Liberación Dominicana como «instrumento de participación política, escuela de formación de dirigentes y fuente de una parte significativa del liderazgo político y administrativo que ha servido al Estado».

Bajo esta premisa, se ha externado el criterio de que cuanto ocurre en el PLD interesa, en primer término, a sus miembros, pero sus implicaciones trascienden las fronteras de la propia organización partidaria.

Ese parecer, planteado desde fuera del PLD y de su dirigencia, es el que debe invitar a la reflexión interna en el partido concebido, organizado y estructurado por el gran maestro de la política, el profesor Juan Bosch.

Es injustificable que, en nombre de una legítima aspiración presidencial en el interior del PLD, se termine golpeando la imagen, la unidad y la dignidad de la organización política con mayor aporte a la institucionalidad y al progreso de nuestro país.

Con casi 53 años de historia, el PLD ha atravesado coyunturas peores que la actual y ha sabido salir triunfante, poniendo de manifiesto el espíritu de cuerpo que lo ha llevado a colocar siempre los intereses colectivos por encima de los individuales.

Como bien se ha señalado, la unidad partidaria no implica anular las diferencias, sino establecer mecanismos efectivos para procesarlas y alcanzar acuerdos, tal como se postula en la resolución de conflictos.

Asimismo, como lo expresó la CONAP-2026 en una circular posterior al acto de suspensión: los momentos actuales exigen actuar apegados a la disciplina, la serenidad, la madurez política, el sentido de pertenencia y el respeto a los canales y normas institucionales establecidas.

La dirección del PLD ha llamado a su militancia a continuar en las calles con entusiasmo, fe y alegría, a fin de convertir en realidad los anhelos de un pueblo que desea ver nuevamente al partido morado y la estrella amarilla dirigiendo los destinos nacionales.

En el masivo acto realizado por el Partido de la Liberación Dominicana el domingo 27 de septiembre en el municipio de Higüey, el presidente del PLD, Danilo Medina, le puso la tapa al pomo a las afirmaciones del Gobierno de que sus políticas públicas priorizan el bienestar de la gente y la mejoría de sus condiciones de vida.

Contrario a lo dicho por el presidente Luis Abinader y los funcionarios de su gobierno en declaraciones y espacios publicitarios, la gente está consciente de que las estadísticas oficiales no concuerdan con su realidad cotidiana. Y así lo expresan cada vez que se les presenta la ocasión.

Precisamente, a un estudio en el que se recoge el sentir de la población sobre el rumbo que lleva el país hizo alusión el expresidente Danilo Medina, expresando que el 80 % de los ciudadanos considera que la República Dominicana va por el camino equivocado, frente a apenas un 16 % que entiende que avanza en la dirección correcta.

Conforme a los datos del referido estudio, el desencanto alcanza a los propios electores del oficialismo, pues el 71 % de quienes votaron por el presidente de la República considera que el país marcha por el camino equivocado.

Indicó que el 62 % de los encuestados afirma que sus ingresos no les permiten adquirir los alimentos que necesitan diariamente, percepción que, según explicó, comparte el 65 % de quienes votaron por el PRM.

La propaganda del Gobierno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, se empeña en vender un relato que no concuerda con la realidad. Los altos precios de los productos que integran la canasta básica y las persistentes carencias en los servicios de educación y salud en los barrios siguen siendo motivos de profunda preocupación para los dominicanos de ingresos medios y bajos.

Sin embargo, lo que más preocupa a la gente es que el Gobierno del PRM no solo ha sido incapaz de resolver problemas que de manera demagógica se comprometió a solucionar, sino que ha permitido que se pierdan conquistas y avances logrados en los gobiernos del PLD, como son los casos del servicio eléctrico, la cobertura escolar para nuestros niños y el deterioro del 9-1-1, entre otros.

Y ante esta lamentable situación, puesta ahora de relieve por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el Gobierno responde con el mismo libreto: la práctica de creer que con publicidad se resuelve la situación.

Al parecer, el presidente Luis Abinader y sus funcionarios no han tomado conciencia de que desde el año 2020 están al frente de la administración pública. Y el que gobierna no promete, como si fuera un candidato más, sino que resuelve.

Se trata del mismo partido que, estando en la oposición, habló hasta el cansancio de una «formulita» para reducir los precios de los carburantes y cuyos representantes denunciaban desde el Congreso lo que denominaban «abusivos precios de los combustibles».

Ese mismo partido, en el Gobierno desde agosto de 2020, acaba de darles una estocada a los consumidores con el anuncio de un alza de entre cinco y nueve pesos al galón de los combustibles de mayor uso en la población.

A diferencia de antes, cuando la protesta provenía de la oposición política, ahora son los propios ciudadanos quienes califican de abusivo el incremento, recordando que cuando el precio del barril de petróleo baja, los precios locales se mantienen; pero cuando sube, el ajuste se le carga de inmediato al pueblo.

Aumentar de golpe entre cinco y nueve pesos al galón de las gasolinas y de los dos tipos de gasoil genera un impacto demoledor en los bolsillos de los ciudadanos, ya golpeados por el alto costo de los alimentos, las medicinas, la energía eléctrica y los servicios en general.

Los efectos de este reajuste, anunciado el pasado viernes, se transferirán de inmediato al transporte, al precio de los alimentos y a la calidad de vida de la población.

Mientras el Gobierno teoriza y se preocupa por aplicar alternativas mediáticas para «minimizar» el impacto de esta alza, la medida genera una presión alcista sobre la canasta básica, un incremento indirecto en los costos de distribución y, lo más preocupante, un deterioro del poder adquisitivo familiar, ya de por sí maltrecho.

Con cada aumento en el costo de los carburantes, la capacidad para cubrir las necesidades básicas se reduce y, con ello, se deteriora el bienestar general.

Nadie ignora que el incremento del precio del barril de petróleo en el mercado internacional impacta en los precios locales. Lo que se critica es la indiferencia del Gobierno ante los factores externos, la prontitud con que anuncia las alzas y la lentitud para aplicar medidas alternativas que eviten un impacto directo sobre la mayoría de los ciudadanos. Y lo peor: la burla que representa destacar supuestos subsidios.

El incremento acumulado en los precios de los combustibles asesta un golpe severo a la población, el cual se agrava con la crítica situación del precio de la comida y las deficiencias de los servicios públicos.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está preparado para celebrar la consulta convocada por sus organismos de dirección el próximo 18 de octubre, conforme a lo establecido en sus estatutos.

Mediante este procedimiento se determinará el aspirante presidencial de la organización política que cuente con el mayor nivel de simpatía entre los aspirantes aprobados en la reunión del Comité Central del pasado 22 de febrero.

Posterior a ese encuentro extraordinario, y con la autoridad conferida por dicho organismo superior, el Comité Político designó a la Comisión Organizadora para la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP).

Sustentada en un trabajo intenso, con reuniones ordinarias semanales y declaradas en sesión permanente, esta comisión exhibe una labor encomiable con resultados a la vista de todos.

El organismo concibió el reglamento que rige el proceso y ha emitido los instructivos y resoluciones necesarios para encauzar la consulta. El evento genera una alta expectativa de participación tanto entre los miembros del PLD como en la ciudadanía no inscrita en otros partidos políticos.

Con la disciplina y la tradición democrática que han caracterizado al PLD, la estructura nacional de la consulta cuenta con el respaldo de equipos representativos en todas las demarcaciones del país. Asimismo, están listos los miembros que operarán en las mesas de consulta donde los ciudadanos asistirán a marcar el aspirante de su preferencia.

La consulta, organizada con precisión técnica y estricto apego a las leyes y a la Constitución de la República, permitirá canalizar democráticamente las demandas, inquietudes y expectativas de la sociedad dominicana.

Con la autoridad que le otorgan su condición de estadista y su trayectoria política, el presidente del PLD, Danilo Medina, exhortó a los miembros y simpatizantes a participar masivamente el 18 de octubre para elegir al aspirante de su preferencia.

El dirigente llamó a recorrer los campos, municipios y distritos municipales durante los días previos a la cita para motivar la participación. Asimismo, orientó a la militancia a evitar que el fanatismo enturbie el proceso, en el cual la ciudadanía tiene cifrada la esperanza de iniciar la reversión de la frustración que representa el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La cortesía que los medios tradicionales de comunicación dispensaron al partido de gobierno —puesta de manifiesto en el masivo despliegue otorgado al cambio poco democrático de su dirigencia— no apagó la llama exhibida por el Partido de la Liberación Dominicana durante la semana.

El PLD muestra una gran fortaleza que se expresa en el trabajo de sus dirigentes, organismos y órganos, lo que lo afianza como una vigorosa maquinaria con arraigo en todo el territorio dominicano. Asimismo, el pueblo valora la capacidad de sus técnicos y profesionales, demostrada tanto en el ejercicio de gobierno como en su actual rol opositor, con la mirada puesta en los futuros escenarios electorales.

En sus actividades, compromisos institucionales y labores comunitarias, el partido muestra una base orgánica superior a la de sus competidores. Esta afirmación la respaldan las encuestas, las cuales confirman que el PLD es la única organización del sistema con presencia real y efectiva en todos los rincones del país y en las seccionales del exterior.

Las Jornadas Nacionales de Esfuerzos Concentrados así lo han demostrado: en ellas, la gente ha manifestado a los dirigentes del partido su regocijo al sentir como una realidad el regreso de la dirigencia peledeísta a la conducción de la vida nacional. Los dominicanos han asumido como propia la expresión de que «Con el PLD se vivía mejor».

La nueva línea organizativa, vinculada ahora a lo electoral, ha dado un nuevo giro al trabajo de las y los peledeístas, quienes se esmeran en conquistar nuevos miembros, atraer a nuevos votantes, fortalecer los frentes de masas y acentuar el trabajo comunitario.

De manera conjunta con esta fortaleza orgánica, el PLD trabaja en la formación política de sus dirigentes aplicando los programas formativos aprobados en su más reciente Congreso, a lo que se suman las gestiones para que el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch sea reconocido como institución de educación superior.

Todo esto se produce al tiempo que el Partido de la Liberación Dominicana organiza un proceso interno de consulta en el que participan cinco compañeros, lo que pone de relieve un hecho envidiable: el PLD es una cantera de presidenciables que conviven y accionan en una organización donde se respetan las reglas del juego democrático.

Consciente de sus responsabilidades, el PLD fundamenta su labor en una estructura sólida, concebida desde su fundación por Juan Bosch, un líder visionario y conocedor de la forma de pensar y actuar del pueblo dominicano. Esto es lo que ha permitido al denominado «Partido Único en América» mantenerse firme y de pie, a pesar del asedio, los ataques y los duros golpes recibidos desde el Gobierno, su partido y otros litorales opositores.

El PLD se mantiene sembrado en el corazón del pueblo dominicano. De ahí no lo saca nadie, y menos ahora, cuando se encuentra en perfecto estado de salud, en pleno crecimiento, abriendo locales en todo el país y listo para la conquista del poder.

«No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto». La frase, convertida en lapidaria, será recordada en la posteridad por la denuncia implícita que entraña, aun cuando no se expongan detalles; por lo demás, innecesarios en una sociedad que ha sido testigo de tantos desmanes.

La expresión pertenece al saliente director de la Policía Nacional, el mayor general retirado Andrés Modesto Cruz, y ha generado un fuerte revuelo político y social, pese a los intentos del Gobierno por minimizar su impacto.

El mensaje, pronunciado tras haber permanecido apenas seis meses en el cargo, provocó reacciones en la opinión pública que ameritan examinar con mayor atención la intención del alto oficial.

Sin embargo, no hace falta profundizar demasiado en sus palabras para concluir que se trata de una denuncia directa sobre irregularidades internas.

Para nadie es un secreto que la Policía Nacional atraviesa una crisis moral, la cual ha motivado el intento de modificar su marco normativo y la discusión sobre una reforma policial que, hasta ahora, no ha pasado de lo cosmético.

«Sean íntegros, luchen por lo correcto», remató el efímero director para completar la advertencia con la que se despidió de la institución.

El Gobierno tiene el deber de explicar las razones de una sustitución tan prematura, sobre todo tras unas declaraciones que abren serias interrogantes.

Este episodio —objeto de intensos análisis, comentarios y conjeturas— merece una lectura oficial más profunda y madura, alejada de las manipulaciones mediáticas a las que el gobierno suele recurrir.

El problema ético sigue siendo uno de los principales escollos en la Policía Nacional. Ignorar este aspecto equivale a seguir transitando por terreno movedizo en el empeño por concretar la tan cacareada reforma o la aclamada Ley de Policía.

El pueblo dominicano tiene derecho a una explicación y espera, ansioso, por ella.

La tragedia causada por el choque de un camión tanquero cargado de combustible, con un lamentable saldo de muertos, heridos y destrucción de bienes públicos y privados, puso en evidencia la dimensión que ha adquirido el problema del tránsito en la República Dominicana y su peor rostro: el de una tragedia nacional.

El accidente generó un voraz incendio en el malecón capitaleño y consternó a la ciudadanía, recordándole la existencia de disposiciones —al parecer ineficaces— que limitan el tránsito de vehículos pesados por este concurrido bulevar.

Apenas habían transcurrido unas horas del desastre cuando vehículos de carga y tanqueros ya transitaban nuevamente por la vía, sin que aparecieran las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes a los infractores de las prohibiciones del Ayuntamiento y del órgano rector del tránsito en el país.

El caos vial en las ciudades y carreteras dominicanas, respaldado por elevadas estadísticas de muertes, lesionados y daños materiales, es también una fuente constante de intranquilidad y trastornos que afectan la salud mental de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas mediciones locales sitúan a la República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo. De hecho, se estima que esta problemática le cuesta anualmente al país miles de millones de pesos.

En el territorio nacional circulan miles de automóviles y motocicletas sin las condiciones técnicas adecuadas debido a que aún no se implementa la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Esto representa, a juicio de diversos especialistas, una clara manifestación de debilidad institucional para sancionar a los infractores reincidentes.

A lo anterior se suma un esquema de corrupción en las entidades llamadas a fiscalizar el tránsito; el desfalco millonario en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), perpetrado entre los años 2023 y 2024, constituye un ejemplo elocuente de esta realidad.

En promedio, tres personas pierden la vida cada día en las calles, avenidas y carreteras del país, mientras miles de familias sufren las consecuencias humanas y económicas de los siniestros viales.

Estas trágicas estadísticas exigen que el problema del tránsito se asuma con absoluta seriedad y que las instituciones correspondientes funcionen con transparencia, competencia e idoneidad.

El balance que presenta el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al cumplirse el 16 de este mes su sexto aniversario, no puede ser más crítico. Tras un primer período (2020-2024) caracterizado por el retroceso nacional en todos los órdenes, la tendencia dominante en los primeros dos años del segundo mandato es la acentuación de las deficiencias del primer cuatrienio, acompañadas por la improvisación, el aumento en el costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos, las quejas y las protestas ciudadanas.

Los anuncios y planes mediáticos con los que se ha procurado presentar al país logros inexistentes no han acallado las quejas ni el malestar de la gente, los cuales se han visto incrementados en la víspera de este nuevo aniversario de la gestión gubernamental.

La arrogancia de los funcionarios que presentan supuestas obras y logros económicos contrasta con el sentir de un pueblo que se expresa arrepentido de haber creído en las mentiras y engaños con que las autoridades actuales llegaron al poder.

Un examen imparcial de cada área del Gobierno deja al descubierto la frustración ciudadana ante el desastre que vive el país: el alto precio de la comida, combinado con nuevas cargas tributarias indirectas, ha complicado la situación económica de las familias.

Otro de los problemas del Gobierno, que no han podido ocultar la propaganda ni el marketing oficiales, es la desaceleración del crecimiento económico, el cual se ha quedado por debajo de las metas trazadas y no se refleja en el bienestar de la gente.

Como si todo eso fuera poco, también se ha registrado un claro retroceso en el funcionamiento de los servicios públicos, entre los que figuran el transporte, el sistema eléctrico, el educativo y el mantenimiento de la infraestructura escolar.

La inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles preocupantes en una sociedad donde la delincuencia afecta a todos los sectores. En los tiempos en que era aspirante a la presidencia, Luis Abinader prometía constantemente a todo el que lo quería escuchar —y pedía con una seguridad bien actuada que grabaran sus palabras— que tenía un plan para resolver ese problema en dos años con la asesoría de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York. Sin embargo, transcurrieron los dos años prometidos, luego dos más y tras estos dos más, la población se siente hoy más asediada que nunca por la delincuencia.

Mientras los ciudadanos viven acorralados por estos problemas, el Gobierno del PRM rompe todas las marcas de endeudamiento público, sin que el compromiso que esto representa para las presentes y futuras generaciones se traduzca en un bienestar social equitativo.

Estos han sido seis años perdidos. El Gobierno del PRM ha sido un fiasco que la población sufre en carne propia con apagones, altas facturas eléctricas, déficit de aulas, falta de equipos y medicinas en los hospitales, y el abandono del campo, que ahora produce menos del 60 % de lo que consume el país. En fin, una gestión fallida que no solo ha sido incapaz de cumplir lo que prometió, sino de conservar lo que recibió.

Una profusa campaña publicitaria anuncia para el próximo 24 de agosto el inicio del año escolar, intentando resaltar la faceta positiva que este hito representa para niños, adolescentes y docentes. Sin embargo, en la República Dominicana la vuelta a clases se ha convertido históricamente en una verdadera «tortura» y un dolor de cabeza financiero y emocional para los padres.

Numerosas dificultades estructurales y económicas transforman la ilusión del aprendizaje de los más pequeños en una lacerante frustración para sus progenitores.

Y no puede ser de otro modo: el precio de los uniformes, zapatos, mochilas y libros de texto representa un golpe demoledor para el presupuesto familiar, de por sí asfixiado por el costo de una canasta básica incosteable para la gran mayoría de los hogares dominicanos.

Las evidentes deficiencias del sector público durante la presente gestión de gobierno han motivado que muchas familias inscriban a sus hijos en colegios privados, a pesar de los aumentos dispuestos por estas instituciones en las mensualidades y la reinscripción, a la espera de una regulación efectiva que no termina de llegar.

El inicio del año escolar no puede ser más tétrico en el sector público, afectado por un déficit histórico de aulas, deudas acumuladas con el magisterio y promesas pendientes de cumplimiento. A esto se suman planteles en mal estado, escasez de butacas, pizarras, abanicos y equipos tecnológicos, así como escuelas sin agua potable, sin mantenimiento, sin conserjes ni personal administrativo, y con libros de texto que nunca terminan de llegar.

Como si todo esto fuera poco, se le suma el recorte del 4 % del PIB para la educación, en flagrante violación a la Constitución de la República y a la Ley General de Educación 66-97.

Agosto es un mes en el que la incertidumbre predomina en los hogares dominicanos debido a la incompetencia de un gobierno que prometió una transformación educativa positiva y que, como ha sucedido en los demás renglones de la vida nacional, solo la ha llevado al caos y al desorden.

La educación es un derecho garantizado en la Ley de Leyes, la Constitución. Ese derecho, que en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana era sinónimo de libertad, se ha convertido bajo la administración del PRM en un mar de lágrimas, lamentos y frustraciones.

De nuevo la aparición de los apagones vuelve a mortificar a la ciudadanía, al comercio, a la industria y a la sociedad en general.

En esta oportunidad, las molestas suspensiones del servicio eléctrico se acompañan de una situación grave, muy grave: las alzas desproporcionadas en la facturación, las cuales han alcanzado niveles críticos en diversas provincias y sectores.

Es una combinación explosiva que a diario se manifiesta en quejas, protestas y manifestaciones populares que incluyen cacerolazos, bloqueos de vías, quema de neumáticos y reacciones airadas.

Son cortes de más de doce horas de duración que vienen acompañados de la burla al usuario, a quien se le pretende persuadir de que las suspensiones no se deben a un déficit de generación, sino a «averías locales» que ocurren —¡coincidencialmente!— siempre a la misma hora y en los mismos lugares.

Pese a que los consumidores mantienen sus hábitos de consumo, la facturación aumenta mensualmente, lo que ha llevado a que las estafetas de las empresas distribuidoras se conviertan en un muro de lamentaciones que, en muchos casos, deviene en reclamos violentos.

Entre las explicaciones del Gobierno, se alega que se ha registrado un máximo histórico en la demanda instantánea, provocado por las altas temperaturas del verano y el uso intensivo de aires acondicionados. Con esos argumentos se pretende ignorar que el calor en este país tropical se siente durante todo el año, incluso en el invierno.

Sin embargo, existe una causa real para esta combinación mortificante para los ciudadanos y los sectores productivos: la pérdida de energía, junto con un profundo deterioro del sector que ha provocado que el subsidio eléctrico prácticamente se haya triplicado en los últimos seis años.

La verdad monda y lironda sobre los apagones y las alzas de las facturas no está en la inclemencia del verano ni en el aumento de la demanda. La explicación es más simple y humana: la ausencia de planificación y la falta de voluntad política para encarar un problema que la gestión del PLD dejó resuelto.

Haciendo gala de su tradicional estilo propagandístico —sustentado en un voluminoso presupuesto publicitario—, el Gobierno del PRM celebró la declaratoria oficial de “Hambre Cero”, atribuida a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ruedas de prensa, publicidad en los medios de comunicación, comentarios por encargo y la proliferación de mensajes en redes sociales fueron parte de las acciones con que se pretendió venderles a los dominicanos ese supuesto gran logro en el que la población no cree.

Tan optimista noticia llevó a quienes planifican el día a día en las salas de redacción de los medios tradicionales a pautarla en sus agendas. Sin embargo, en colmados, supermercados y negocios de venta de comida, los reporteros solo encontraron reacciones airadas, rotundamente contrarias a la celebración oficial.

Profesionales del sector agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encargaron de poner los puntos sobre las íes al recordar que la autosuficiencia alimentaria se redujo desde un 88.5 %, en que la dejó la gestión presidencial de Danilo Medina en 2020, a un 70.4 % en la actualidad. Asimismo, señalaron que el costo de la canasta básica familiar se ha colocado muy por encima de los exiguos ingresos de la mayoría de los dominicanos.

Por ejemplo, solo en productos esenciales como el arroz, el pollo, los huevos y las carnes de cerdo y res se han registrado incrementos superiores al 80 % en comparación con agosto de 2020.

El incremento del gasto en programas de asistencia social, como ha explicado el propio Gobierno, no refleja la cacareada superación de la situación alimentaria, sobre todo si se toma en cuenta que dos variables clave se hallan en caída libre: la producción local y el poder adquisitivo de la gente.

Mientras el Gobierno celebra, la población se muestra indignada ante una nueva burla del régimen de la mentira y el engaño.

Lo que sí está claro es que el desplome de la producción agropecuaria, el descontrol de las importaciones y la pérdida de la capacidad de compra contradicen las cifras oficiales sobre seguridad alimentaria, en un país donde mucha gente ya no come «las tres calientes» y ve con impotencia cómo se degrada la calidad de los alimentos que puede consumir.

El abismal contraste entre la propaganda oficialista y la dura realidad que vive el pueblo dominicano solo permite concluir con la conocida expresión popular: ¡a otro con ese cuento¡

Con apenas quince días de diferencia, el país vuelve a ser estremecido por un nuevo y brutal episodio de violencia policial.

Miguel Antonio Lucas, de 43 años, permaneció detenido cinco días en San Cristóbal. Durante este período, a sus familiares se les impidió visitarlo, por lo que nunca pudieron conocer su estado de salud. Tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de esa provincia, se registró su trágico fallecimiento, según denunciaron familiares.

Esa misma semana, entre la quema de neumáticos y el bloqueo de calles con escombros, los ciudadanos de El Seibo se volcaron a las calles para protestar por la muerte de un joven motorista, hecho del cual se acusa directamente a un agente policial.

Casi en simultáneo, un joven autista de apenas 18 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por un miembro de la uniformada en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este.

Estos sucesos, ocurridos con apenas horas de diferencia, no hacen más que confirmar la advertencia del Partido de la Liberación Dominicana: en el país se está normalizando la muerte a manos de la Policía Nacional.

Ante la gravedad de los hechos, las denuncias y las protestas de las comunidades afectadas, las autoridades responden siempre con el mismo cliché: «Se está investigando» o «esperamos los resultados de las pesquisas». Expresiones vacías que, debido a su uso recurrente y evasivo, han perdido toda credibilidad y eficacia institucional.

Desde el año pasado, el Partido de la Liberación Dominicana ha venido advirtiendo públicamente sobre este patrón creciente de muertes por intervención policial; una alarmante tendencia que delata un comportamiento sistemático que destruye la confianza ciudadana en la llamada «fuerza del orden público».

Acontecimientos como los mencionados, cada vez más frecuentes en el país, ponen en entredicho la tan publicitada reforma policial. Tras más de seis años de vigencia y un gasto multimillonario, dicho proceso solo exhibe como logros la adquisición de equipos, nuevos uniformes y cambios administrativos superficiales.

Concluimos este comentario editorial suscribiendo lo afirmado por el PLD en la rueda de prensa del pasado 6 de julio: «La seguridad ciudadana no se fortalece con más armas ni únicamente con mejores salarios: se fortalece con policías mejor preparados, con instituciones transparentes, con supervisión efectiva y con un compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos». ¿Es tan difícil comprender esto?

Los toques de utensilios de cocina —cacerolas, calderos, ollas…— que caracterizaron las noches de la pasada semana en la ciudad capital y en otras provincias del país reflejan la indignación de un pueblo que ha sido y sigue siendo engañado por el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM.

Las preocupaciones ciudadanas no son de interés para los gobernantes. Así ha sido desde el día de su juramentación, el 16 de agosto de 2020; por eso, los justos reclamos de la población carecen de respuestas por parte de las autoridades.

En vez de prestar atención a las demandas de la gente, los funcionarios del gobierno perremeísta se han dedicado a minimizar el impacto de la protesta, lo que genera frustración y desaliento en los ciudadanos.

Otro procedimiento utilizado por las autoridades, en lugar de ofrecer soluciones efectivas, es el empleo de eufemismos a modo de escudo y anestesia psicológicos que «aduerma» el clamor popular.

(Semánticamente, los eufemismos son palabras o expresiones que se utilizan en lugar de términos directos. Es, en esencia, no llamar a las cosas por su nombre, sino por un sinónimo agradable).

Por eso, lo que en buen dominicano es un «paquete impositivo», en el lenguaje del presidente Abinader y sus funcionarios perremeístas es un conjunto de «medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional», una careta que no cubre un rostro ofensivo en contra del pueblo. Con ese pomposo e inútil nombre fue convertido en ley de emergencia por un Congreso que, en contraste, dura años en el conocimiento de leyes trascendentales para el país.

Por tanto, a nadie sorprende que las protestas de los cacerolazos sean atribuidas a un ejercicio de oposición política, aun sabiendo el Gobierno que se trata de expresiones espontáneas de diferentes sectores sociales.

Igual propósito se procura en el esfuerzo vano de congraciarse —mediante el uso de epítetos emitidos en tono de indignación— con una sociedad hastiada por los excesos de una Policía que se ha tragado centenares de millones de pesos en una reforma cuyos resultados aún no ven los contribuyentes.

Aquí existe una clara discrepancia entre la retórica o relato —como se dice ahora— y la realidad, lo que al final se convierte en una fuente de frustración y desengaño para un pueblo noble como el dominicano.

El PRM y su gobierno se empeñan —con esfuerzos y recursos que deberían utilizar en acciones de más provecho para la sociedad— en enriquecer su vocabulario con nuevos términos «agradables» que les permitan evadir sus responsabilidades ante la deficiencia y la poca transparencia con que se conducen en la administración pública.

La realidad es que la inseguridad es más que preocupante, como lo son también los altos precios de la comida, las medicinas, el transporte, los servicios y el endeudamiento; a todo lo cual se suman ahora las censuras que forman parte del articulado de un Código Penal afectado por grandes lagunas y desaciertos.

No se peca de exagerado cuando se afirma que las ineficiencias y el marcado desorden en que ha estado viviendo el país en los últimos años dan pie a la creencia de que, lamentable y peligrosamente, nos hallamos ante un barril de pólvora.

Los devastadores terremotos que han golpeado a Venezuela, con un saldo trágico cuya magnitud aumenta cada hora, han generado una contundente respuesta solidaria en la República Dominicana.

No podía ser de otra forma, dados los lazos de amistad que históricamente han unido a los dominicanos con los venezolanos. Esta unión se personifica en el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien vivió y murió allí, y se dinamiza hoy a través de la gran comunidad venezolana que lleva una vida activa en la República Dominicana.

Los reportes de los decesos como consecuencia del fenómeno telúrico ya incluyen a ciudadanos dominicanos, lo que aporta una trágica certidumbre a la aseveración sobre los indisolubles vínculos entre ambas naciones.

Ciudadanos, empresarios, comunicadores, artistas, establecimientos comerciales, el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, entre otros, han unido esfuerzos para ayudar a las miles de familias afectadas por el desastre.

Produjo honda satisfacción escuchar a la señora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, referir que la República Dominicana está entre las primeras naciones que le han hecho llegar asistencia a su país.

Tras confirmarse la magnitud del desastre, han surgido de manera simultánea y espontánea, en distintos puntos de la República Dominicana, iniciativas de colaboración que evidencian el compromiso y la sensibilidad del pueblo dominicano ante el sufrimiento de una nación hermana.

A pocas horas de la tragedia, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la disposición de una brigada de médicos, enfermeras y personal de apoyo vinculados a la organización para colaborar en las labores de asistencia humanitaria, conforme a los mecanismos que establezcan las autoridades de la República Dominicana y Venezuela.

Por intermedio de las secretarías de Relaciones Internacionales y Salud, se informó que la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD ha sido habilitada como centro de acopio humanitario, donde se recibirán medicamentos, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, ropa, frazadas y otros insumos de primera necesidad.

En momentos de tanto dolor, el pueblo dominicano vuelve a demostrar su espíritu solidario y que la hermandad entre los pueblos se hace sentir en las grandes adversidades. El dolor del pueblo venezolano es, rigurosamente, el dolor del pueblo dominicano.

La principal preocupación ciudadana en los actuales momentos es el precio de los alimentos que se utilizan en la preparación de las comidas. Así lo indican los últimos estudios y encuestas de opinión.

Temas como la inseguridad o el empleo, que suelen generar gran inquietud, han sido desplazados por el costo de la comida, cuyas alzas han motivado que muchas familias hayan tenido que «brincarse» una de las tres comidas diarias o, simplemente, eliminar su ingesta.

Los datos de las mediciones coinciden con el informe reciente del Banco Central de la República Dominicana, que al cierre del mes de mayo registró que la canasta básica familiar promedió los 49,268.36 pesos, lo que supone un aumento de 1.1 %.

En números fríos, ese porcentaje significa 534.08 pesos más en lo que va de año, cuando en enero costaba alrededor de 48,734.28 pesos.

La canasta básica familiar y la inflación en la República Dominicana han mantenido un ritmo ascendente en lo que va del 2026, con incrementos significativos entre enero y mayo.

El aumento del precio de la comida se ha visto agravado por las alzas en los diferentes tipos de gasolina, lo que impacta directamente en las tarifas de motoconchos, carros públicos y fletes de alimentos.

Las familias, como producto de la carestía, brincan comidas; es decir, que las famosas «tres calientes» ya no lo son, reduciéndose también la ingesta de carnes y otras fuentes proteicas.

El alto costo de la vida ha creado una situación inmanejable para las familias dominicanas, lo que ha llevado al endeudamiento individual a corto plazo y a la pérdida de la calidad de vida. A lo delicado de la situación de los hogares de escasos recursos se le suma ahora el paquetazo fiscal, aprobado a la carrera por un gobierno que sigue engañando al pueblo.

Una ciudadanía indignada e impactada por el aumento sistemático en los precios del galón de los diferentes tipos de gasolina y gasoil, así como por el denominado «paquetazo fiscal», ha sido estremecida por los reportajes que describen la crítica situación que enfrentan miles de pacientes con enfermedades catastróficas en la República Dominicana.

Sin proponérselo, diferentes medios de comunicación del país coincidieron en hacer público este drama conmovedor, el cual resulta aún más impactante al escuchar el relato directo de los propios afectados.

Cientos de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad de salud figuran en lista de espera para ingresar al programa, mientras que quienes ya pertenecen a este deben esperar largos meses para recibir unos fármacos que, durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegaban sin retraso alguno.

Pacientes con diagnósticos críticos, como cáncer con metástasis, sufren el avance irreversible de su condición mientras aguardan autorizaciones oficiales para recibir una medicina que les puede prolongar la vida o, en el peor de los casos, permitirles un final con dignidad.

Las enfermedades catastróficas destruyen a las personas, demuelen la cohesión familiar y acaban con la economía del hogar. Así lo denuncian, con impotencia, los dolientes de los afectados.

En recientes declaraciones, el expresidente Danilo Medina calificó de «criminal» el abandono del Programa de Medicamentos de Alto Costo, una iniciativa considerada fundamental para la protección de las familias más vulnerables del país.

Los reportajes aludidos reviven un drama ya denunciado en ocasiones anteriores ante el cual las autoridades han reaccionado con la lamentable afirmación de que, aunque el programa enfrenta retos por la demanda, la inversión actual se ha incrementado significativamente.

Resulta inaceptable que se haya descuidado un programa tan esperanzador para los pacientes y sus familiares, precisamente en momentos en que el gobierno ha manejado enormes recursos y predominan, lamentablemente, el despilfarro y el gasto superfluo.

En su comunicación con la sociedad en las acostumbradas ruedas de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró su advertencia sobre el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia, como ha sucedido en el gobierno del PRM.

Son varios los ejemplos que confirman esa maniobra política usada en otros países con efectos perversos en el ejercicio de la democracia.

El mentado Ministerio Público independiente ha presentado a ciudadanos ante la opinión pública como culpables antes de que existiera una sentencia definitiva en su contra, mientras las acusaciones contra exfuncionarios han ocupado grandes titulares y espacios en los medios periodísticos sin que posteriormente lograran sostenerse plenamente en los tribunales.

Otro ejemplo de manipulación política de la justicia es la prisión preventiva prolongada como castigo anticipado. Todo esto desmiente la búsqueda imparcial de la verdad que debe orientar a quien administra justicia.

Preocupa la tendencia de convertir investigaciones judiciales en espectáculos mediáticos. La justicia se imparte en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto al debido proceso de la ley, no en los medios de comunicación o en las estrategias mediáticas de una gestión que dispone de un altísimo monto presupuestario para vender realidades y logros inexistentes.

Recientemente, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, lo que confirma que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.

La decisión adoptada ha permitido a la sociedad confirmar lo expresado por el PLD desde los primeros meses de instalación del gobierno del PRM, en el sentido de que la justicia se ha utilizado como instrumento de competencia política y, para ser más precisos, de persecución política.

Vanguardia del Pueblo, como órgano escrito del PLD, acoge el reclamo partidario a favor de que en la República Dominicana impere una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos, sin importar condición social ni filiación política.

Ha sido el empresariado nacional el que ha puesto sobre el tapete la preocupación respecto al impacto que tiene para el país una agenda dominada por el populismo. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha señalado de manera directa los riesgos que significa para el desarrollo nacional el aferrarse a prácticas populistas y clientelistas. Frente a estas agendas, el sector empresarial insiste en que el progreso requiere de acuerdos nacionales amplios, el fortalecimiento de las instituciones y un clima de negocios favorable.

Sin embargo, atribuyéndose la representación de la voluntad del pueblo, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM han impulsado iniciativas que chocan con la institucionalidad tradicional, alejándose de la planificación y la organización que guían a las administraciones responsables.

Sin reparar en el daño a corto y mediano plazo que esto ocasiona, el oficialismo se ha montado en el carro del populismo, prefiriendo el aplauso inmediato antes que las acciones estratégicas de resultados permanentes.

En ese proceso de irresponsabilidad en el manejo de los insuficientes recursos del Estado, se ha caído en la práctica de otorgar pensiones sin justificación, materializando el criterio de que «a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta».

Ese es el caso, también, de la anunciada entrega con bombos y platillos de RD$1,500.00 a un millón de personas con motivo del Día de las Madres.

El PLD no se opone a las políticas públicas de apoyo a los más necesitados; a lo que se opone es a que los fondos públicos sean utilizados de manera medalaganaria, sin transparencia ni mecanismos de fiscalización que garanticen que lleguen a su destino, el cual debería estar previamente definido por un mapa de pobreza y otros criterios científicos.

Solo así se evitaría que luego veamos —como en otras ocasiones— a una sola persona disponiendo de un paquete de tarjetas en un supermercado.

Además, el PLD considera que debe superarse la degradante práctica de poner un pie en la garganta de la gente para, en el último minuto, dejarla tomar una bocanada de aire. No otra cosa significa golpear a la población con los altos precios de los productos de consumo masivo para luego desempeñar el papel del salvador que acude con mil quinientos pesos, una cifra que apenas alcanza para adquirir los alimentos de un almuerzo o una cena precarios.

Un país debe regirse por una agenda y por un programa de gobierno serio y completo, no por los resultados de encuestas, sondeos o los likes que dominan las redes sociales.

Esto debe acabar. La República Dominicana no puede seguir expuesta a los vaivenes y a la improvisación de quienes no piensan en el desarrollo a largo plazo.

Ojalá que esto se termine de entender en el Gobierno, por el bienestar de todos.

Los hechos violentos avanzan en la cotidianidad de la República Dominicana, dejando una secuela de inseguridad y miedo que trastorna la vida de todos los segmentos de la población.

​Los relatos periodísticos y las conversaciones en el hogar, las iglesias, los centros de trabajo, las escuelas y las universidades están siendo dominados por hechos de sangre. Homicidios, feminicidios y agresiones forman parte de una rutina que delata el deterioro progresivo de la convivencia social y pone en evidencia la inacción de las autoridades.

​«Tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo», reza el refrán popular —adaptado muy a lo dominicano— que explica la reacción de la gente frente a la pasividad y poca efectividad del Gobierno ante los feminicidios. La situación ha alcanzado tales niveles que las propias autoridades han tenido que admitir que el escenario se les ha ido de las manos.

​Los reportes de prensa dicen —y el vecindario lo corrobora— que ahora los actos de violencia ya no se limitan a escenarios vinculados con el crimen organizado o la delincuencia común.

​La gota que ha derramado el vaso de la paciencia de la sociedad dominicana es el hallazgo de dos hombres muertos en unos matorrales en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. Según la versión de la Policía Nacional, este hecho está vinculado al asesinato de una mujer ocurrido en Santiago. El suceso ha causado un horror inusitado en la población. Asimismo, indignación y espanto ocasionó la tragedia del último fin de semana, en la que una adolescente de apenas 16 años murió estrangulada por su pareja, un joven de 25.

​No hay lugares sagrados. Los actos violentos ocurren dentro de los hogares, centros educativos, barrios, campos y en las relaciones de pareja, lo que evidencia una crisis social compleja a la que debe prestársele la debida atención.

​La espiral de violencia es una muestra más del fracaso de la gestión de gobierno del PRM, que en campaña prometió disminuir los niveles de criminalidad y, por el contrario, estos han aumentado. Y no puede ser de otro modo pues, como lo ha denunciado el PLD, en esta área —al igual que en las demás del sector oficial— el Gobierno carece de un plan estructurado para prevenir el delito, limitándose a reaccionar tarde.

​La cacareada «Reforma Policial» no ha construido protocolos reales de intervención; al contrario, ha permitido que la violencia ocurra incluso dentro de los propios destacamentos.

​En definitiva, estamos ante una crisis social que amerita respuestas integrales y sostenidas desde el Estado y la ciudadanía, más allá de los informes maquillados a los que nos ha acostumbrado el Gobierno en un esfuerzo desesperado por ocultar, cuando no ignorar, un problema tan grave que ya se ha convertido en una preocupante realidad.