Los medios de comunicación tradicionales en República Dominicana, que se acogen a un ejercicio periodístico profesional, editorializaron sobre la importancia del periodismo y la libertad de expresión al resaltar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La Organización de las Naciones Unidas, organismo multilateral que dentro de sus responsabilidades se encarga de recordar la celebración de esas efemérides internacionales, dijo que este 2024, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) se dedicó a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental en el mundo.
La ONU precisa que la desinformación en cuestiones medioambientales puede provocar una falta de apoyo público y político a la acción por el clima, a políticas eficaces y a la protección de las comunidades vulnerables afectadas por el cambio climático, así como de las mujeres y las niñas, ya que el cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades existentes.
En gran medida es uno de los problemas informativos que afectan a República Dominicana, donde cada día se degrada o agrede el medio ambiente por actuaciones inadecuadas del Gobierno, con una opinión pública muda ante abusos y arbitrariedades.
Conforme la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. En ese sentido expresa: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (artículo 19).
La República Dominicana es signataria de los tratados básicos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano sobre derechos humanos, además de otros específicos que conciernen al compromiso del Estado por erradicar todas las formas de discriminación, no obstante, se ha promulgado una Ley, la 1-24, que representa graves riesgos para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.
Mientras ese adefesio se mantiene vigente, su revisión duerme el descanso eterno en una comisión designada con ese propósito en tanto que, por otro lado, la autocensura, que coarta las libertades expresivas, se manifiesta como el resultado de un altísimo presupuesto publicitario o con el silencio cómplice de propietarios de medios y sus actores principales.
Fechas memorables asentadas en la historia de República Dominicana se registran en el mes de abril en las que quedaron confirmados el coraje, la valentía y la determinación del pueblo dominicano.
El 29 de abril de 1963 fue proclamada la carta magna más moderna y progresista que ha tenido el país; el 24 de abril de 1965 se produce la insurgencia militar, que devino en un levantamiento civil y la guerra de ese año. Una página de gloria en nuestra historia.
El 28 de abril de 1965 se registra la grosera intervención de tropas extranjeras, que el pueblo dominicano en armas enfrentó con determinación y valentía.
En el Partido de la Liberación Dominicana esas efemérides no se pasan por alto. Siempre se estudian, recuerdan, se analizan, para sacar de ellas conclusiones y hacer las comparaciones con la actualidad, como se aprendió en la formación del militante peledeísta.
El 24 de abril de 1965, próximo al mediodía, se inició el levantamiento cívico-militar que dio origen a la guerra civil denominada Revolución de Abril, que tuvo su origen en el derrocamiento del gobierno presidido por el profesor Juan Bosch en 1963.
Esa insubordinación popular estuvo a punto de conseguir su objetivo de restablecer la democracia y la Constitución política garantista de las libertades públicas promulgada en el gobierno de Bosch.
En lo inmediato ese anhelo del pueblo dominicano se vio frustrado por la grosera intervención de tropas estadounidenses en territorio dominicano, la segunda incursión armada de esa nación en nuestro país en el siglo XX.
Recordando esos acontecimientos se procura sembrar en las nuevas generaciones aprecio y lealtad a esos valores, para que sirvan de estandarte en el rechazo a las nuevas fórmulas a que recurren los poderosos, con sus cómplices locales, en su propósito de imponerse en los pueblos.
Abril es un mes de patria para los dominicanos y las dominicanas; es un mes de rebeldía que les indica a los vendepatria que en nuestro pueblo Duarte, Luperón y Caamaño nacen constantemente en nuestros barrios, pueblos y parajes; es un mes de gloria para la defensa de la dignidad nacional.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) viene insistiendo mediante las intervenciones de su liderazgo sobre el gran riesgo de que se quiebren nuestras instituciones. La preocupación tiene fundamento, pues una de las novedades del mal llamado cambio es el peligro que en este momento amenaza a la democracia dominicana.
Esa preocupación es también de los partidos que, como el PLD, se ubican en el litoral opositor, incluyendo los que han formado la coalición opositora Rescate RD.
Una representación de esos tres partidos, de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano, acudió ante la Organización de Estados Americanos, organismo de los países de las Américas que se sustenta en la Carta Democrática Interamericana.
En este documento se sostiene que la democracia es la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye el compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región.
En los motivos para la conformación de la alianza opositora Rescate RD juega un rol fundamental la defensa de la democracia, la institucionalidad y la libre expresión de la voluntad popular.
Con el accionar del Gobierno y el PRM el sistema democrático dominicano corre peligro.
Poniendo en circulación los dineros públicos el Gobierno y su partido han comprado a dirigentes, candidatos, excandidatos y hasta autoridades electas, los que exhiben como si se tratara de ganancia en una subasta pública.
Se restringen las libertades públicas, se recurre al manoseado recurso de la judicialización de la política, en tanto que un gasto excesivo en publicidad ha traído consigo una autocensura en los medios de comunicación, cuando no espacios vendidos a sobreprecio para divulgar “las bondades del Gobierno” y las publicaciones de las conocidas encuestas de escritorio.
Ha sido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad distante de los partidos políticos dominicanos, la que ha advertido al Gobierno de que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) puede tener consecuencias «negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad», con los consiguientes riesgos para las libertades de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia.
Desde el gobierno han pretendido burlarse de esta preocupación, que va más allá de los partidos políticos, arguyendo razones politiqueras.
Lo cierto es que las intenciones de instaurar un modelo hegemónico de partido único que se impulsa desde el Gobierno del PRM significa un grave peligro para la democracia, por lo que el PLD insiste, reitera, en llamar la atención a ciudadanos y ciudadanas recordando la gran oportunidad que se tiene el próximo 19 mayo para transformar la actual gestión por un gobierno verdaderamente democrático, respetuoso de la democracia y de la estabilidad social.
En los motivos para la conformación de la coalición partidaria Rescate RD juega un rol fundamental la defensa de la democracia, la institucionalidad y la libre expresión de la voluntad popular.
Es lo que ha llevado a la representación de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) ante la Junta Central Electoral a presentar un pliego de garantías electorales con miras a las elecciones de mayo próximo.
Es también lo que se llevó al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se alertó sobre actos gubernamentales atentatorios contra la legitimidad del actual proceso electivo.
Los partidos presentaron a la OEA múltiples pruebas del “uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición”.
Además, la utilización política de los programas sociales del gobierno, el otorgamiento de pensiones privilegiadas mediante decreto presidencial a dirigentes de la oposición a cambio de que pasen a apoyar la reelección, la compra vulgar de alcaldes, diputados, senadores, candidatos electos y no electos entre otras acciones que obedecen a un plan orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único, amparado en el dinero del erario y del narcotráfico.
Lo que se persigue es que se creen las condiciones para una competencia equilibrada, donde la voluntad de la gente pueda ser expresada en las urnas sin que se utilice ningún mecanismo de coerción.
Como ha sido el comportamiento del PRM en el gobierno, se ha pretendido burlarse de esta preocupación de los partidos de la oposición política, mediante una jauría mediática que se ha lanzado a descalificar el gesto unificado de la Alianza Rescate RD, en donde está el sentimiento de los electores.
Advirtiendo sobre el peligro que representan para la democracia dominicana las acciones déspotas y autoritarias del gobierno, los partidos de la Alianza Rescate RD manifiestan su compromiso para que los comicios venideros marchen en paz, que prime una competencia equilibrada, con reglas claras, y que la voluntad popular se exprese en las urnas de forma libérrima sin el uso de ningún recurso que la limite por el bien de la democracia en nuestro país y de su estabilidad económica, política y social.
En sus acciones, en los casi cuatro años de gestión del denominado PRM, el Gobierno juzga de tonto al pueblo dominicano con la proliferación de mentiras, engaños y manipulaciones.
Se conocen todos los daños realizados a la sociedad con la judicialización de la política y su propósito de destruir el sistema de partidos, que gracias a la resistencia del Partido de la Liberación Dominicana se mantiene firme.
La semana pasada acontecieron dos hechos que dejan en evidencia la concepción del PRM, organización para la cual los dominicanos y las dominicanas constituimos un país de borregos, es decir que obedecemos ciegamente la voluntad de otros.
En su comparecencia del día lunes el presidente de la República alardeó sobre la supuesta habilitación del canal La Vigía en Dajabón y el anuncio de la pronta instalación de bombas, con las que se solucionaría el problema hídrico de la zona ocasionado por la desviación del cauce del río Dajabón hacia Haití. ¿Cómo explicar que apenas dos motobombas sustituyan el caudal de un río que irriga miles de tareas de arroz y de otros productos agrícolas?
Algo parecido sucedió con la respuesta del partido en el gobierno a los justos reclamos de los partidos políticos para que el gobierno otorgue los recursos que autoriza la ley para esas organizaciones que tienen el amparo constitucional.
El presidente del PRM en un mensaje audiovisual, ataviado con los colores de su partido y con el logotipo de fondo, informó que el gobierno daría los fondos a los partidos políticos para la campaña con miras a las elecciones de mayo.
Es el presidente del partido de gobierno, quien anunció que se acoge a una licencia de sus funciones en la administración pública para dedicarse a la campaña de su agrupación, quien hace el anuncio a nombre del gobierno.
La canalización del reclamo de los partidos políticos por la vía legal y medios de comunicación originó una reacción solidaria de los sectores sociales que ha provocado el anuncio del presidente del partido en el Gobierno, burlándose del electorado al afirmar que por primera vez se realiza esa operación, ignorando que es un mandato de Ley.
Como se juzga de tonto al pueblo dominicano recordamos que el tonto actúa sin pensar demasiado en las consecuencias de sus actos; a quien le sirva el traje que se lo ponga.
Ha concluido la Semana Santa, final de la época del mundo cristiano conocida como Cuaresma, que conmemora la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tiempo para reflexionar sobre lo que nos rodea, tanto en el campo espiritual como en el material.
En República Dominicana inició y concluyó con importantes reflexiones sobre las calamidades y el retroceso que viene afectando al país y la indiferencia de los gobernantes de turno, con un afán desmedido de reelegirse a costa de los sufrimientos del pueblo.
El Lunes Santo los partidos de oposición coaligados en la alianza Rescate RD presentaron un diagnóstico escalofriante, aunque realista, de la situación social y económica del país.
Se denunció que son insoportables el alto costo de la comida, el temor de los ciudadanos de ser atacados por los delincuentes, el flagelo del narcotráfico, que se ha adueñado de las calles dominicanas, la reaparición de los molestos y constantes apagones con una factura eléctrica cada vez más cara.
Una sociedad angustiada ante los tapones en el tránsito, que desbordan nuestras ciudades, sin soluciones viales por parte del gobierno, un endeudamiento sin control, sin explicaciones ni resultados, un dispendioso gasto corriente, junto a la más baja inversión pública de toda nuestra historia.
Un profundo retroceso que experimentan sectores tan importantes para el pueblo dominicano y el desarrollo nacional, como son la salud y la educación.
El documento se sintetiza en la advertencia sobre la incapacidad del gobierno, sus improvisaciones, mentiras, manipulaciones y simulaciones.
Lo expresado en la declaración de la Alianza Rescate RD quedó refrendado en el sermón de las Siete Palabras de la Iglesia católica dominicana el pasado Viernes Santo.
Curas y laicos reflexionaron también sobre el deterioro del sistema de justicia, un sistema penitenciario en su peor momento, los malos tratos y la discriminación a la mujer, la epidemia en la salud mental de las personas, la situación de Haití, que en lugar de propaganda electorera de parte de República Dominicana se requiere una respuesta solidaria y valiente.
Uno de los religiosos expositores del tradicional sermón del Viernes Santo le preguntó al presidente de la República que sí podría decir “misión cumplida” ante Jesús, por su pregonada devoción cristiana.
Políticos, analistas objetivos, intelectuales, profesionales, gremialistas, religiosos, comunicadores, artistas, mujeres y hombres del pueblo coinciden en describir y sentir estos infortunios, llegando a la conclusión de que más temprano que tarde el pueblo les cobrará a los actuales gobernantes tantas mentiras y engaños. Y no puede ser de otro modo porque, como lo expresa la sabiduría popular, quien olvida sus deudas, la vida se encarga de recordárselas.
A las autoridades del presente gobierno, empezando con el presidente de la república, hay que reconocerles el mérito de la coherencia cuando se trata de enfrentar las tragedias que en estos casi cuatro años han afectado al pueblo dominicano o a algún sector específico. Trátese de inundaciones, derrumbes, incendios, fuegos forestales, a todos las autoridades les dan larga y se van por la tangente con la designación de comisiones investigadoras para que la investigación duerma el descanso eterno.
Por eso no ha sorprendido a nadie el tratamiento que le han dado a la tragedia de la penitenciaria de la Victoria, pese a lo aterrador que ha sido el drama vivido por los familiares de quienes allí murieron calcinados o han sufrido heridas graves.
Los reportajes periodísticos y las imágenes difundidas por reclusos del mencionado penal han mostrado escenas de terror, como si se tratara de películas o series de televisión.
Lo que se describen son hechos reales, reos durmiendo a la intemperie, sin alimentos, con la incertidumbre que genera en ellos cualquier tipo de ruido que les lleva a pensar en un nuevo incendio.
El drama que se vive dentro del penal se repite fuera con los familiares de los que fueron trasladados y de los que murieron en la tragedia, con la incertidumbre de que no saben de sus parientes ni se les dice nada.
La tragedia e impotencia se acentúa al escuchar de quienes han estado en el sistema penitenciario decir que las acciones adoptadas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han tirado al olvido.
El programa de humanización de las cárceles ha colapsado. La labor solidaria y el trato decente no ha sido de interés para quienes engañaron al pueblo con promesas incumplidas.
En La Victoria predominan el hacinamiento, las mafias, los negocios sucios, el chantaje, las torturas y el régimen de sálvese quien pueda, mientras las autoridades se lavan las manos de manera irresponsable.
La indignación se ha apoderado de una población que vio en las ya famosas redes sociales cuerpos achicharrados por las llamas de un incendio que no se originó de manera accidental sino que fue provocado.
Como sucedió en la tragedia de San Cristóbal, el saldo final de los decesos no se sabrá, mientras los responsables de los hechos, las autoridades del sistema penitenciario y las nacionales, exhiben sus falsos logros y se venden con encuestas y mediciones manipuladas, tratando de mantener el engaño.
Los privados de libertad ante todo son seres humanos, con derechos que se les reconocen en un Estado social y democrático como el que consagra nuestra Constitución; se trata de personas que han recibido un castigo conforme lo disponen nuestras leyes y códigos, y son encerrados para su regeneración y su reincorporación luego a la sociedad, no para morir en la hoguera, como se condenaba a los herejes en tiempos de la Inquisición, felízmente superados por la humanidad.
La Junta Central Electoral emitió la resolución No. 18-2024, de fecha 12 de marzo de 2024, con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral.
Aunque no lo establece en la parte dispositiva ni en las motivaciones es una respuesta al Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024, reclamado por el gran bloque de partidos opositores.
La resolución del pleno del órgano de comicios prohíbe el activismo político y las aglomeraciones frente a recintos electorales, de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas para el próximo mes de mayo.
Dispone también que, el día de las elecciones, no estarán permitidas las aglomeraciones de personas en el perímetro de los recintos, desde las 5:00 a. m. hasta finalizar las elecciones, decisión que incluye a las personas que ya votaron. La resolución exime a quienes estén en fila para sufragar.
Entre las acciones de la Policía Militar Electoral para el cumplimiento de la Resolución 18-2024 se destacan mantener despejadas las entradas de los recintos; no permitir el proselitismo de personas con distintivos y gafetes que hagan promoción o activismo a favor de partidos políticos, tampoco será permitida la instalación de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite la gestión política o campaña electoral.
Por lo pronto el espectro político opositor, que se ha unificado para denunciar las malas artes impulsadas por el Gobierno ante la indiferencia del órgano de comicios, entiende razonables las medidas adoptadas en la resolución, pero considera que faltan más.
Treinta y cinco sugerencias y recomendaciones están contenidas en el pliego de garantías electorales presentadas por el universo opositor de República Dominicana, que persigue el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.
No se trata del ‘derecho al pataleo’, como se ha pretendido presentar desde el Gobierno y su partido, lo que se persigue son soluciones a situaciones irregulares, denunciadas también por la observación electoral.
Como se advirtió en uno de los documentos entregados a la JCE por la oposición política lo que se procura, mediante mecanismos legales y democráticos, es evitarle al país una situación de crisis que todos podríamos lamentar.
Con fecha 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, la Junta Central Electoral (JCE) publicó la proclama que dejó abierto el periodo de campaña electoral con miras a las elecciones nacionales programadas para el domingo 19 de mayo.
Se trata de un documento bastante amplio bajo la firma del secretario general del órgano de comicios que expresa la decisión de su pleno de miembros.
La proclama dejó abierto el proceso electoral en todo el territorio de la República Dominicana, así como en ciudades que integran las tres circunscripciones electorales del exterior; dispone el tope de gastos para las candidaturas y establece los límites de los montos de las contribuciones individuales de particulares a los candidatos.
Además de la elección presidencial en mayo se elegirán al vicepresidente o la vicepresidenta, a 32 senadores y 190 diputados, que incluyen a 7 de ultramar y a cinco diputados nacionales. También se elegirán 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y sus suplentes.
El periodo de campaña quedó abierto con la publicación de la proclama; concluirá el jueves 16 de mayo a las doce horas de la noche.
Para la emisión del documento o proclama la Junta se fundamenta en la Constitución de la República, las leyes electorales y resoluciones del propio órgano de comicios estableciendo normas, reglas y procedimientos a ser cumplidos por los candidatos, partidos políticos, ciudadanos y las autoridades nacionales.
La Constitución dispone que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Con ese mandato de la Ley de Leyes el órgano de los comicios debe evitar ser indiferente a tantas violaciones reportadas y avaladas en las pasadas elecciones, en las que las manos del gobierno y del partido que lo sustenta asestaron un duro golpe a la democracia. El reclamo ciudadano es que se tenga más cuidado, mayor vigilancia y supervisión para que el derecho a elegir libremente quede garantizado.
De forma responsable y con argumentos valederos las bancadas en el Congreso Nacional del Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano se ausentaron de la reunión conjunta de congresistas programada por la Constitución de la República los días 27 de febrero, aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional.
De forma elegante, horas antes del inicio de la reunión, anunciaron que no estarían en la augusta sala, muy diferente a los abruptos retiros de los hoy gobernantes cuando eran opositores.
Los congresistas ocuparon un espacio del Congreso Nacional, a las afueras del salón, e informaron de la decisión colectiva, sin ofender a nadie, respetando los procedimientos protocolares, dando a conocer su postura mediante un documento escrito de forma sopesada en lenguaje respetuoso, aunque firme.
Ocho días cumplidos de una de las mayores ofensas a la democracia y al sistema de partidos de República Dominicana no era para celebración ni mucho menos para aplaudir al instigador de aquel adefesio en la exposición programada.
Los congresistas participaron en la sesión en la quedó instalada la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2024; pero que ya finalizada la misma se reunieron y adoptaron la decisión que anunciaron a los medios de comunicación y los directivos del Congreso.
Ambas fuerzas políticas, con una importante representación congresual, explicaron que la decisión adoptada es una protesta y un rechazo al uso desmedido de los recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialismo en el proceso electoral recién pasado, una práctica que debilita la legitimidad de los representantes elegidos y la confianza de la ciudadanía en el sistema político.
En la proclama se rechazó el socavamiento del carácter cívico de los recintos electorales, con la instalación de comandos de campaña alrededor de cada centro de votación, con la presencia de dirigentes y militantes del partido de gobierno, haciendo campaña política el mismo día de las elecciones, como fue reportado por la observación electoral.
La ausencia se produjo de manera responsable. Al final los electores burlados el día 18 de febrero escucharon el 27 una retahíla de mentiras, falsas promesas y realizaciones hechas solo en el papel, donde todo sigue siendo precioso. Por algo el ingenio popular inventó la frase «el papel lo aguanta todo».
Confirmando su práctica de cinismo político, el presidente de la República Luis Abinader junto a la cúpula gubernamental del PRM participó en un acto que llamaron de «Acción de gracias por el triunfo electoral» en el que contradictoriamente destacó lo que los medios noticiosos consideran su “filosofía de vida de no celebrar triunfos ni lamentar derrotas”.
Como se agradeció el triunfo, el lamento por la derrota se induce es de la oposición política que de manera coherente ha denunciado los desmanes del Gobierno para retorcer el deseo de los electores.
Ha quedado claro en todas las exposiciones del litoral opositor que se forzó una abstención electoral, que resultó en un aumento mayor del ausentismo que en los tiempos de la pandemia del Covid-19, en las elecciones de 2020.
Los relatos de las artimañas urdidas para comprar las voluntades de ciudadanos sumidos en una situación de desprotección, pobreza y desigualdad es una verdadera burla a un pueblo con un historial de humildad y valor cívico.
El Gobierno recurrió a mentiras, intimidación y gastos excesivos de recursos públicos teniendo como resultado una alta tasa de abstención, que es la verdadera causa de la no celebración y el reflejo de una situación de crisis de representatividad y de autoridad.
Es sin duda alguna una crisis social que genera incertidumbre de consecuencias imprevisibles. Son situaciones de inestabilidad ya vividas en países de la región que se han expresado en convulsiones y en el colapso económico.
Señores, si siguen apretando la tuerca se les puede correr la rosca, para solo recordar un merengue de Luis Kalaff que popularizara Fernando Villalona en la década de 1980.
La democracia dominicana está herida. Ha recibido la estocada de un gobierno avasallante, irrespetuoso, desmedido.
Lo denunciado responsablemente por el PLD y la oposición política quedó evidenciado en las votaciones del domingo 18 de febrero.
A los recintos electorales de todos los rincones llegaron las huestes del partido de gobierno con toda clase de propaganda política que, de forma desafiante a la autoridad, se exhibían en pancartas y los pechos de mujeres y hombres alquilados.
Al frente de los recintos se instalaron carpas que funcionaron como oficinas móviles para la compra de cédulas y de votos, por los pocos controles en los colegios electorales con los teléfonos celulares.
Mientras la oposición se mostró respetuosa de las normas, el gobierno avasalló incurriendo en violaciones flagrantes a reglas y protocolos establecidos.
El país vivió un infierno en las horas destinadas a las votaciones y también al término de estas, con el intento del jefe de Estado de sustituir la autoridad de la Junta Central Electoral al anunciar una alocución suya, antes de que se ofrecieran resultados.
Se logró una abstención que hace poco representativa y deslegitima las autoridades escogidas.
El desconcierto primó entre observadores que vieron el proceder inescrupuloso de funcionarios y de un gobierno irrespetuoso.
El voto ciudadano fue manipulado por una maquinaria gubernamental que ha herido el cuerpo social y la democracia dominicana.
Ahora más que antes resuena una sentencia del profesor Juan Bosch en una concentración de campaña en 1982, cuando advirtió que si se escogía para gobernar, en ese entonces a la parcela que hoy se convirtió en PRM, “se lloraría lágrimas de sangre”.
Puerto Príncipe y varias ciudades de Haití han sido escenarios de multitudinarias manifestaciones violentas en los últimos días, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos.
A República Dominicana, que es la nación vecina, llegan las noticias por los medios de comunicación o por los informes de desesperados ciudadanos que huyen despavoridos a zonas más seguras.
Las imágenes son aterradoras, hogueras por doquier, una población en las calles manifestando su desaprobación a la permanencia del actual gobierno más allá de la fecha del 7 de febrero de 2024.
Entre el 20 de enero y el 7 de febrero al menos 16 personas murieron y 29 resultaron heridas, principalmente en el contexto de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, según los despachos de prensa internacionales
Del lado oriental de la isla, las autoridades dominicanas dicen tener una cerrada vigilancia para contener posibles estampidas, que es lo que puede ocurrir en una población acosada por el hambre y la inseguridad.
La decisión de reforzar la franja fronteriza como acción preventiva debe sostenerse sin espectáculos mediáticos, propios de las gestiones populistas, reforzamiento con capacidad logística, técnica y humana para mantener el control irrestricto de la frontera.
Nuestros vecinos están en medio de dos opciones, la de los que se proclaman gobernantes y la de un gobierno que solo promete en medio de una indiferencia notoria de la comunidad internacional, que al parecer apuesta a una solución con el aporte de República Dominicana, que no está en condiciones de asumir un reto tan complejo y riesgoso.
Con firmeza, sin aspavientos y con la seriedad que el caso amerita, lo recomendable es mantener los ojos abiertos hacia la franja fronteriza. El gran problema de Haití es la desprotección, el desorden y el hambre, y hay que tomar con responsabilidad las medidas necesarias para que esas taras sociales no se manifiesten en nuestro país.
Es la propia ley sustantiva de la nación la que identifica a los partidos políticos como sujetos de derecho que se sujetan a los principios constitucionales.
Eso significa que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen el aval de la Constitución de la República para garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.
Al igual que a los partidos, la Ley de Leyes rige el llamado órgano de comicios o Junta Central Electoral, la que en los municipios se hace representar por las juntas electorales municipales con el mandato constitucional de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Fundamentado en los articulados de la Constitución y en sintonía con las llamadas leyes electorales (Ley de Partidos y Ley de Régimen Electoral), el Partido de la Liberación Dominicana ha presentado peticiones bastantes fundamentadas en procura de la equidad y transparencia en las competencias electorales programadas para el año en curso.
El informe de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD sobre la observación de las pruebas del proceso de cómputo electoral en los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión procura blindar el proceso electoral para garantizar su transparencia y evitar vicios y errores del pasado, que han puesto en peligro el devenir democrático.
Mediante instancia el equipo jurídico del PLD y su delegación ante la Junta Central Electoral reiteró el abusivo uso de los recursos del Estado en la presente campaña electoral a cargo de funcionarios del gobierno, que son candidatos del PRM o impulsan candidaturas de ese partido, también se ha solicitado, en sintonía con los procedimientos legales, que la Junta Central Electoral, a través de sus facultades, prohíba terminantemente al gobierno central y a las alcaldías la realización de actos públicos de inauguración de obras, como queda establecido en el artículo 210 de la Ley del Régimen Electoral.
En relación con estas notorias violaciones la comunidad partidaria ha sentido la burla del Gobierno y sus funcionarios quienes responden con altanería y engreimiento los argumentos del PLD y de la oposición política.
Como queda establecido en la Constitución de la República, la Junta Central Electoral debe velar por que las elecciones se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad como garantía de transparencia y de un ejercicio democrático.
Evitemos que el país vuelva a etapas superadas por su desarrollo institucional alcanzado bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana.
El debate sobre el adefesio en que se ha constituido la Ley 1-24 sirve para comprobar la sentencia del proverbio que dice “La verdad es como el aceite, siempre sale a flote”.
Insistir en mantener una ley que ha recibido amplio rechazo confirma la denuncia de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana de que se pretende establecer en el país prácticas autoritarias y dictatoriales.
Los partidos políticos, la academia, la Iglesia, el sector empresarial, la comunidad jurídica, los legisladores se han manifestado contrario a los mandatos de la disposición aprobada a la carrera, en franca violación a protocolos legislativos.
La confusión primó al momento de su aprobación en vísperas del feriado de año nuevo y con una notoria manipulación de la sesión legislativa.
Una ley orgánica, porque regula derechos fundamentales, ha sido sancionada como ordinaria, un detalle, entre otros, que justifica su desapego de la Constitución de la República.
La insistencia en este despropósito permite confirmar las intenciones del presidente de la República de restringir libertades individuales y derechos fundamentales con el interés de tratar de mantenerse en el poder a como dé lugar, como se ha instruido en los encuentros de los afiliados al partido de gobierno.
La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, redactada y enviada al Congreso por el poder ejecutivo es un atentado contra las más elementales libertades civiles públicas, entre ellas, la libertad de expresión.
A la vista de todos están las caprichosas intenciones recomendadas por asesores y acogida por los actuales gobernantes de establecer prácticas antidemocráticas.
Así lo confirman la intolerancia puesta de manifiesto contra ciudadanos que de manera pacífica han expresado inconformidad con disposiciones del gobierno, la presión en los poderes públicos, las amenazas, imposición mediante el uso de la fuerza, judicialización de la política, violaciones de derechos fundamentales, acciones todas que retrotraen el país a prácticas dictatoriales que los dominicanos y las dominicanas habíamos visto superadas.
Tratando de apagar el fuego generado en amplios sectores de la sociedad con el adefesio de la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el presidente de la República, Luis Abinader, ha definido su gobierno como democrático.
Es decir, a Dios rogando y con el garrote dando, que es lo que se deduce de una práctica democrática solo teórica o de boca, como se diría en un lenguaje entendible.
El amplio rechazo generado con una ley divorciada totalmente de la Constitución y de las reglas de la democracia, acorrala al mandatario, quien se ve en la obligación de defender su gobierno, argumentando “que se practica la democracia”.
La verdad monda y lironda, es decir limpia y clara, es que en la actual gestión de gobierno vienen advirtiéndose elementos preocupantes que ponen de manifiesto nubarrones en la vida democrática.
Se impone el esquema desgastado de la judicialización de la política con la meta de eliminar a sus adversarios, se avasalla desde el Congreso, se utilizan las mancuernas en órganos constitucionales para descalificar al contrario y se comete la osadía de interpretar a su antojo normas legales, como el caso de contradecir las leyes electorales y disposiciones de la Junta Central Electoral, al decir que el mandatario no está impedido de inaugurar obras del Gobierno durante el periodo de campaña, entre otros casos.
¿Es acaso democrático ordenar que las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estén obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de supuestamente salvaguardar la seguridad nacional?
El derecho a la intimidad, la privacidad y guardar el secreto de las fuentes en la divulgación de noticias han sido reconocidos y respetados como tales con rango constitucional, legal y del Derecho, que es lo que se violenta con la disposición contenida en la ley de marras.
El Partido de la Liberación Dominicana lo ha dejado claro por intermedio de sus congresistas y juristas y por su candidato presidencial, Abel Martínez, quien con su experiencia como jurista y legislador ha advertido sobre la inconstitucionalidad de esta ley ya que la misma deja abierta una brecha inaceptable con rasgos dictatoriales.
República Dominicana ha avanzado mucho en el desarrollo de sus instituciones y la consolidación de su vocación democrática para aceptar con indiferencia que a cada ciudadano se le coloque sobre la cabeza una especie de espada de Damocles sujeta al capricho de autoridades que actúan de espalda a la Constitución del país. Y en esa actitud, nuestros conciudadanos cuentan con el respaldo irrestricto del Partido de la Liberación Dominicana.
Ante la indiferencia mediática y la apatía de la anodina sociedad civil, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ejerciendo sus facultades legales y constitucionales, se presentó ante la Junta Central Electoral en procura de que se resuelva una situación de agresión a la democracia y de irrespeto ciudadano.
Se trata del uso y abuso de los recursos del Estado para favorecer candidaturas del partido en el gobierno, hechos que ultrajan la ciudadanía y violan la Constitución de la República.
Mediante instancia firmada por el delegado ante la Junta Central Electoral José Ramón Fadul, los dirigentes Danilo Díaz, delegado suplente ante el órgano de comicios, y José Dantés Díaz, titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos, llegaron a la sede nacional de la Junta y depositaron la documentación de lugar.
Junto al escrito de la denuncia se presentaron las evidencias que demuestran la ocurrencia de los hechos, pudiéndose verificar de una manera clara las violaciones a la ley.
Posterior a estos hechos desde diferentes municipios se presentaron nuevas denuncias del abuso que se comete en contra de los partidos políticos opositores y sus candidatos y candidatas.
En el fin de semana circuló una fílmica en la que se ven vehículos de campaña del PRM, partido en el gobierno, saliendo de un recinto militar en Azua.
Ha sido notorio también el uso de los vehículos oficiales en actividades de la campaña electoral, como groseramente se exhibieron en un desfile de yipetas en el municipio Santo Domingo Este.
Felizmente República Dominicana, con sangre, sudor y sacrificio, superó esa práctica antidemocrática, propia de gestiones con rasgos dictatoriales, para que seamos indiferentes a una afrenta de esa naturaleza.
Por la salud de la democracia y en procura de la paz y el sosiego que hemos disfrutado en los últimos años, se requiere que la Junta Central Electoral, acorde a la Constitución de la República y la ley orgánica de régimen, proceda a detener estas malas prácticas denunciadas por el PLD y que su acción se haga acompañar de las sanciones a los responsables de estos hechos ilícitos que subvierten la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso electoral.
Estas lamentables acciones le dan a la Junta Central Electoral la oportunidad de demostrar de qué madera están hechos sus miembros y de encauzar a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno por el camino de la legalidad, del que nunca han debido apartarse.
Como no había ocurrido antes, una de las frases preferidas por la actual gestión gubernamental, desde la presidencia de la República se convocó a los medios de comunicación para dar a conocer un decreto.
Lo que tradicionalmente se hace por intermedio de la Consultoría Jurídica de la Presidencia y se divulga por los medios de comunicación, en esta oportunidad se montó un espectáculo.
Desde una mesa ejecutiva, con micrófonos para amplificación, se dio a conocer el decreto 1-24, que ordena regular la publicidad oficial, estableciendo los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o influenciadores de los medios digitales.
Un nuevo engaño de la gestión administrativa que ha preferido lo mediático y el marketing a las acciones en beneficio de la población y de cumplimiento a las prerrogativas de la Constitución.
Si en realidad se quiere regular la publicidad oficial debió pensarse en un proyecto de ley que se discuta en el Congreso de la República, como quedó establecido en el Consejo Económico y Social en el debate de la temática de transparencia e institucionalidad.
Lo engañoso del decreto inicia con la intención de regular, teniendo ya más de tres años colocando una costosa publicidad desregulada, y más aún, presentando como monto de gasto una cifra falsa. En el presupuesto de 2024 pusieron una partida de más de 11 mil millones de pesos para el gasto de publicidad, muy distante de los 3,594 millones que, afirman, gastaron en el 2023.
Queda claro que, con el primer decreto del año, dado a conocer en el formato de espectáculo, el gobierno de forma politiquera intenta disminuir el impacto que ha tenido la oposición, expresando por diversas vías su preocupación sobre el uso excesivo de la publicidad oficial para establecer una percepción en la población muy contraria a la realidad de los males que afectan a la gente.
Es más que engañoso afirmar que se asume el compromiso de regular la publicidad oficial en un contexto electoral, con calles, avenidas, carreteras inundadas de vallas con la imagen del presidente-candidato que ocupan todos los espacios del cartelón y consignas de promoción de logros que no son del actual Gobierno.
El gobierno del PRM estrena el año 2024 con nuevas falacias, embustes y enredos a un pueblo al que se le prometió el cielo y lo han sumido en un verdadero infierno.
Con el inicio de un nuevo año el pueblo dominicano reitera su identificación con la alegría, mostrándose esperanzado en la transformación de su situación.
Las efusivas y sinceras felicitaciones que caracterizan cada llegada del primero de enero se combinan en este caso con las reales expectativas de que mejore la situación en el periodo que se inicia.
El 2023 ha sido un año turbulento y de sobresaltos con una situación de inseguridad y miedo en la ciudadanía, periodo en el cual colapsó la agropecuaria y se ha desplomado el sistema de salud; la economía cerró con un crecimiento reducido, insuficiente para enfrentar la desigualdad y fomentar la inclusión que brinda oportunidades para todos los ciudadanos.
La transparencia en la administración pública existe solo en la propaganda y anuncios oficiales, que se suple de la mayor cartera publicitaria que haya tenido gobierno alguno.
Enormes dificultades, tropiezos y apuros que ha resistido la población con la esperanza de que en el 2024, año electoral, asumir la responsabilidad de dar un nuevo rumbo a su destino.
La ciudadanía está decidida a avanzar hacia el bienestar, mejorar los ingresos, que no se los trague la inflación y que ofrezca seguridad.
El Partido de la Liberación Dominicana, en la persona de su candidato presidencial, Abel Martínez, lo ha declarado: El 2024 es el año de la anhelada transformación, respuesta a las mentiras y falsedades pregonadas en un cambio que trajo atraso y decepciones.
Sin duda alguna la transformación está garantizada con Abel, con una dilatada trayectoria de cumplimiento en las funciones públicas que le ha tocado desempeñar, por lo que representa la renovación de las expectativas de un mejor porvenir.
El 2024 será el año del renacer de la esperanza de los dominicanos y del reencuentro del país con el desarrollo y su bienestar.
A Dios rogando y con el garrote dando es un refrán que bien se aplica para señalar la doble moral de aquellas personas que presentándose como muy beatos hacen lo contrario de lo que predican.
Este ropaje viste al denominado PRM, partido en el gobierno, agrupación que cínicamente invita a los partidos políticos y miembros de los demás sectores nacionales a declarar una tregua política en navidad y le marcha con el garrote de la acusación de elaborar un plan para desacreditar al gobierno mediante ataques sistemáticos.
El presidente-candidato primero exhortó a los partidos a hacer un alto con motivo de las festividades navideñas, llamado que irónicamente se produce en un acto político.
El Gobierno acoge el llamamiento del mandatario multiplicando las cantidades de cuñas y mensajes publicitarios con las supuestas bondades de un gobierno fracasado en todos los renglones.
Se incluye en este aspecto el comunicado publicado en un costoso espacio pagado en los medios impresos y redes sociales por el partido en el gobierno que se siente ofendido por el desempeño de los partidos opositores.
Tal y como respondieron los partidos políticos coaligados en la alianza opositora Rescate RD, que incluye al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el PRM demuestra con un comunicado traído por los cabellos el desplome de su candidato presidencial y el amplio nivel de adherencia que cada día consigue la alianza opositora.
Expertos en mentiras, falsedades e infamias, se despachan acusando a la parcela contraria de las cualidades que han exhibido en los tres años de engaño de una gestión que prometió y no cumplió. En este caso estamos ante la experiencia expresada por el pueblo en otro célebre refrán: el ladrón juzga por su condición.
Es el propio gobierno el que se desacredita por los desaciertos e improvisaciones en su gestión administrativa y las prácticas políticas de su partido.
Un hipócrita llamado a los partidos a declarar una tregua política en navidad mientras se genera un comunicado en el que predomina la arrogancia que ha sido la principal característica del PRM en la administración pública.
El pueblo ha despertado, sabe, siente y padece que ha sido engañado y desde ya ha tomado la decisión de cobrarles la ofensa al gobierno y al PRM en las urnas en febrero y mayo.
