Cual si se tratara de un juego infantil, pero no tan inofensivo como el que se da entre los pequeños, ambas cámaras del Congreso Nacional aprobaron un proyecto de ley que sustituye el nombre de una importante vía del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo sin tomar en consideración la designación anterior.
El país ha sido estremecido por la decisión del Senado de la República y la Cámara de Diputados, ambas con una compleja agenda de proyectos y resoluciones por conocer, de embarcarse a la aprobación de una pieza con notoria inobservancia.
En fecha 30 junio del año 2015 quedó inaugurada la avenida Circunvalación de Santo Domingo, obra vial construida para agilizar el tránsito vehicular en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con el nombre del Profesor Juan Bosch.
El 30 de junio es el Día del Maestro en República Dominicana y la fecha del natalicio del expresidente de la República, gloria de las letras universales y el gran constructor de partidos políticos dominicanos, motivo que inspiró al presidente Danilo Medina, con la facultad para ello, de designar dicha vía con el nombre del insigne maestro político.
De forma alegre un congresista lleva un proyecto de ley para sustituir el nombre de la vía por el de otro destacado ciudadano, José Francisco Peña Gómez, ignorando el nombre dado hace nueve años.
El Fideicomiso RD Vial, estructura gubernamental que tiene varias casetas para el pago de peajes en los diferentes tramos de la vía, la llama con el nombre que le corresponde: Profesor Juan Bosch.
Con se dato demostrativo y las reseñas de los medios informativos de esa época se confirma cual es el nombre de la avenida de circunvalación de Santo Domingo, que olímpicamente se quiere cambiar, basado en un proyecto de ley plagado de errores e inexactitudes, que llevan a cuestionar la calidad de determinados congresistas.
Es una lástima y un hecho sin sentido que se quiera regatear los grandes aportes del Profesor Juan Bosch a República Dominicana y que se quiera crear una competencia con los nombres de dos connotados líderes que hicieron significativos aportes a la vida democrática de República Dominicana.
En el proyecto de ley que despoja del nombre del expresidente de la República a la avenida de Circunvalación de Santo Domingo se explica que es un deber del Estado reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad, han transmitido valores auténticos y sirven de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y las futuras generaciones, como lo hizo el expresidente de la República y líder histórico del PLD, el Profesor Juan Bosch.
Más allá de la tradición o de un asunto cultural, el inicio de un nuevo año es propicio para el desarrollo de expectativas alentadas por buenos deseos de progreso, estabilidad y prosperidad que lamentablemente en el caso actual de República Dominicana coinciden con una situación de desesperanza.
Las celebraciones se vieron opacadas por los altos precios de los alimentos que limitan las habituales cenas y las celebraciones en barrios, campos, lugares de trabajo o núcleos sociales, así como por la represión policial que mostró su peor rostro en sectores de nuestras grandes ciudades.
El 2024 resultó un año turbulento y de sobresaltos con una situación de inseguridad y miedo en la ciudadanía, tiempo en el cual colapsó la agropecuaria y se ha desplomado el sistema de salud.
Desde el Gobierno se celebran las cifras del crecimiento económico, insuficientes para enfrentar la desigualdad y fomentar la inclusión que brinda oportunidades para todos los ciudadanos.
El año pasado se registra ya en la historia como un periodo del gran engaño al pueblo en el que, basado en dádivas y compra de conciencia, torcieron el pulso a los electores para escoger por un segundo periodo a gobernantes improvisados, indolentes, que han hecho de la mentira, el engaño y la promoción del transfuguismo su modo de operar.
A los pocos meses de su instalación, y ya en un nuevo año, el panorama es sombrío con predominio de actos de corrupción, un alto nivel de endeudamiento, en quiebra la producción de alimentos, el desplome del sistema eléctrico, de salud y con la educación transitando de crisis en crisis con el invento de fusionar los ministerios educativos.
La transparencia prometida existe solo en la propaganda y anuncios oficiales, que se suple de la mayor cartera publicitaria que haya tenido gobierno alguno.
El deseo de un feliz año 2025 no impide que seamos realistas y denunciemos la amargura, sufrimiento, angustia y desesperación de una población cuyos gobernantes la tratan con apatía, indiferencia e indolencia.
Transitando los primeros días del nuevo año, Vanguardia del Pueblo, como vocero escrito del Partido de la Liberación Dominicana, reitera el compromiso partidario de fortalecer la unidad y, en alianza con los diferentes sectores nacionales, trabajar por un país en el que retornen el espíritu solidario y renazca la esperanza.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC-0788-24), que declara inconstitucional los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral en lugar de crear un avispero, como se publicó en un diario local, tanto en su formato impreso como digital, lo que ha traído es una gran preocupación por su impacto en el sistema de partidos y en la democracia.
Actuando con el carácter que amerita decisión tan desatinada y desenfocada de la realidad nacional, la reacción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se hizo esperar y de inmediato fijó posición y la dio a conocer al país.
En la persona de su secretario general, vocero autorizado, el PLD hizo saber que la sentencia TC-0788-24 genera desigualdad en la competencia electoral, ofrece facilidad de infiltración para el crimen organizado, división y transfuguismo y caos logístico y administrativo.
En la descripción de los puntos preocupantes derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Secretario General del PLD, a nombre de la organización política, ha explicado lo crucial que es emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para las candidaturas que el Tribunal Constitucional tipifica como independientes.
El caos que las candidaturas individuales generarían en la organización de los torneos electorales podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país.
Esas candidaturas independientes representan un estímulo para burlar las reglas democráticas, un estímulo a la perniciosa práctica del transfuguismo y una puñalada trapera a los partidos políticos, sostén de la democracia.
El desatino de la decisión del Tribunal Constitucional al parecer lo anima la creencia de que existe en nuestro país una crisis de representatividad de los partidos políticos, cuando en la práctica es todo lo contrario.
Con la posición asumida respecto a la decisión del TC el Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso de defensa de la democracia, la igualdad de condiciones y la representación legítima del pueblo dominicano.
Guiados por la terquedad e improvisaciones que ha caracterizado el gobierno del PRM se envió al Congreso de la República una propuesta conjunta de anteproyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación número 66-97 y la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 139-01, con la que se procura fusionar ambas dependencias educativas.
La reacción ha sido inmediata. El envío de dicha pieza ha desatado un avispero en los sectores educativos que se han pronunciado en rechazo a dicha propuesta en razón de que deja atrás conquistas y logros en la educación.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el aval que le otorga su compromiso con el desarrollo nacional y la defensa de una educación pública de calidad, dio a conocer su posición al respecto advirtiendo que las pretensiones del gobierno ponen en serio peligro los derechos, garantías, avances, que con tantos esfuerzos se han venido impulsando en materia educativa.
La educación es un derecho fundamental consagrado en la Ley Sustantiva de la nación que el intento de fundir ambos ministerios viola visiblemente en razón de que no garantiza el deber estatal de fortalecer la educación abogando por la calidad e igualdad de oportunidades.
La propuesta del gobierno es un nuevo invento de una gestión que llegó a la administración pública con engaños y que transita en un segundo periodo por la compra masiva de voluntades.
En esta ocasión estamos ante una nueva acción improvisada, carente de coordinación interna y consulta a los sectores involucrados que pone en peligro la educación como un derecho social.
Concluimos citando el documento dado a conocer por la Mesa de Educación del Gabinete de Políticas Publicas del PLD “Compartimos el llamado del Colectivo de Organizaciones Sociales y Profesionales a resistir e impedir el despropósito de la fusión, mediante la denuncia y movilización de los actores que verían limitadas sus conqui
Con júbilo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha celebrado su 51 aniversario con actividades centrales, múltiples encuentros y actos en todo el territorio nacional.
Todas estas actividades se han caracterizado por su acentuado contenido de patriotismo y determinación para seguir defendiendo los anhelos del pueblo dominicano.
Siguiendo la esencia del lema “Servir al Partido para Servir al Pueblo” en sus 51 año el Partido de la Liberación Dominicana se ha mantenido ejerciendo esa vocación de servicio, desde las gestiones de gobierno que ha presidido y desde la oposición.
Es el PLD una verdadera escuela política en la que se forjan dirigentes preparados en las tareas propias del Estado y dotados de una gran sensibilidad para interpretar las necesidades de la gente.
Precisamente, esas son las cualidades que llevaron al PLD a realizar gobiernos transformadores en las instituciones, en los esquemas productivos del país y en la promoción de valores y compromisos.
En el año 1973 el Profesor Juan Bosch renunció a la organización política que había fundado en el exilio con otros líderes dominicanos y en muy poco tiempo anunció el surgimiento de un nuevo partido político.
Difíciles tiempos en donde la llamada guerra fría estaba en un momento álgido y la oposición política perseguida por el Gobierno y saturada de contradicciones internas, que en algunos casos llegaban a la vía de hecho.
La férrea voluntad de servicio a la Patria del Profesor Juan Bosch es lo que lleva, en un momento hostil, a constituir el PLD, lo que hizo con un puñado de jóvenes, quienes se entregaron a la noble causa concebida por el gran maestro de la política.
A 51 años de aquella fecha el PLD exhibe con orgullo una gran resistencia, que ha permitido mantenerse con fortaleza en el escenario político, pese a las persecuciones, calumnias y traiciones.
Ese ha sido el gran legado del líder histórico del PLD: concebir, crear y organizar una estructura que con disciplina, dedicación y amor patriótico le ha servido al país.
51 años de historia y de aportes para hacer de República Dominicana un mejor país para todos.
La comunidad jurídica, los partidos políticos y sectores de la comunicación saludaron y aplaudieron la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por ser «no conforme con la Constitución».
El encomio a la decisión de la alta corte confirma la determinación popular de rechazar disposiciones que afecten derechos fundamentales de las personas y conquistas históricas logradas con esfuerzo y sacrificio.
Mediante la Sentencia TC/0767/24 se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido de la Liberación Dominicana y otras fuerzas políticas, confirmando los argumentos del recurso presentado.
El Tribunal Constitucional determinó que la Ley declarada inconstitucional, independientemente de la mayoría con la que fue sancionada y de la materia que trate, definitivamente no fue aprobada como orgánica y no fue ese el tratamiento legislativo que recibió ni fue esa la intención del Congreso Nacional.
Es notorio el respeto al Poder Ejecutivo y al Legislativo del Tribunal Constitucional, ejemplo que debe servir para la moderación que se requiere desde el Ejecutivo y, por qué no, del Legislativo.
La moraleja de esta sentencia confirma la existencia de un Estado de Derecho en República Dominicana, que vela por el cumplimiento de normas y disposiciones legales.
El ex presidente de la República, Danilo Medina, Presidente del PLD, recurrió a una simple expresión para manifestar la indignación popular ante una Ley que, con el propósito de mantener su vigencia, se procuraron artimañas, hasta que devino la sentencia comentada. “Era lo menos que podían hacer, porque esa era una ley que vulnera los derechos de las personas; la privacidad de las personas», declaró el exmandatario.
El Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá atento para evitar el surgimiento de nuevos adefesios de esa naturaleza y, si así sucediere, expulsarlo del ordenamiento jurídico dominicano para que no se vulneren derechos adquiridos en base de luchas y sacrificios.
Un «argumento» infalible reafirma a los consumidores dominicanos y a todos los que pongan atención a la propaganda del gobierno y el PRM de que ahora se come menos que hace cuatro años; se trata de los precios de los productos de la canasta familiar.
Contra esa realidad no hay propaganda que valga, independientemente del tamaño del presupuesto nacional que se dedica a publicidad.
Cuando los consumidores acuden a los establecimientos comerciales se encuentran con que todo lo que quieren comprar está más caro que la semana anterior.
Las etiquetas de los precios de los productos que se procuran en los supermercados o la mención del colmadero o empleado de puestos en los mercados agropecuarios son la realidad con que se estrellan la necesidad de los consumidores y la propaganda oficial que tan cara le está saliendo a nuestro pueblo.
El sistema agropecuario nacional ha sido estrangulado al permitir masivas importaciones de productos de producción local, y por la desatención al campo dominicano. Y es que el sector agropecuario ha sido convertido en la cenicienta en el gobierno de los allantes y anuncios rimbombantes.
El tamaño de esa desatención puede apreciarse en un hecho simple: al priorizar en el Plan de Gobierno diez metas de cara al 2028 y su mecanismo de monitoreo y seguimiento, en la reciente reunión del Consejo de Ministros, no se ha incluido el sector agropecuario.
Al finalizar la semana el comercio organizado del país pegó el grito al cielo desligándose del alza de los precios a los productos de consumo masivo que se está produciendo en el país en los últimos días, justo en la temporada navideña.
Son los comerciantes los que han presentado las muestras de las exorbitantes alzas en los precios de los productos del campo y de los industrializados que utilizan como materia prima derivados de la producción agrícola.
En la denuncia del comercio se hace mención de alzas en cebollas, papas, plátanos, habichuelas rojas y negras, junto a una escasez de huevos y alza en la carne de pollo.
A esos productos del campo se les suman los procedentes de la industria como la pasta de tomate, el cátchup, los aceites y las margarinas, entre otros.
En la denuncia del comercio organizado se hace un llamamiento al presidente de la República, al gabinete de alimentación y a la Comisión Nacional de Importaciones Agrícolas para que revisen el mercado; llamado que de seguro caerá en el vacío en razón de que el Gobierno preferirá aumentar las frecuencias de los anuncios que pregonan una autosuficiencia alimentaria y una manoseada tarjeta navideña que termina en manos de funcionarios y sus acólitos.
Un «argumento» infalible reafirma a los consumidores dominicanos y a todos los que pongan atención a la propaganda del gobierno y el PRM de que ahora se come menos que hace cuatro años; se trata de los precios de los productos de la canasta familiar.
Contra esa realidad no hay propaganda que valga, independientemente del tamaño del presupuesto nacional que se dedica a publicidad.
Cuando los consumidores acuden a los establecimientos comerciales se encuentran con que todo lo que quieren comprar está más caro que la semana anterior.
Las etiquetas de los precios de los productos que se procuran en los supermercados o la mención del colmadero o empleado de puestos en los mercados agropecuarios son la realidad con que se estrellan la necesidad de los consumidores y la propaganda oficial que tan cara le está saliendo a nuestro pueblo.
El sistema agropecuario nacional ha sido estrangulado al permitir masivas importaciones de productos de producción local, y por la desatención al campo dominicano. Y es que el sector agropecuario ha sido convertido en la cenicienta en el gobierno de los allantes y anuncios rimbombantes.
El tamaño de esa desatención puede apreciarse en un hecho simple: al priorizar en el Plan de Gobierno diez metas de cara al 2028 y su mecanismo de monitoreo y seguimiento, en la reciente reunión del Consejo de Ministros, no se ha incluido el sector agropecuario.
Al finalizar la semana el comercio organizado del país pegó el grito al cielo desligándose del alza de los precios a los productos de consumo masivo que se está produciendo en el país en los últimos días, justo en la temporada navideña.
Son los comerciantes los que han presentado las muestras de las exorbitantes alzas en los precios de los productos del campo y de los industrializados que utilizan como materia prima derivados de la producción agrícola.
En la denuncia del comercio se hace mención de alzas en cebollas, papas, plátanos, habichuelas rojas y negras, junto a una escasez de huevos y alza en la carne de pollo.
A esos productos del campo se les suman los procedentes de la industria como la pasta de tomate, el cátchup, los aceites y las margarinas, entre otros.
En la denuncia del comercio organizado se hace un llamamiento al presidente de la República, al gabinete de alimentación y a la Comisión Nacional de Importaciones Agrícolas para que revisen el mercado; llamado que de seguro caerá en el vacío en razón de que el Gobierno preferirá aumentar las frecuencias de los anuncios que pregonan una autosuficiencia alimentaria y una manoseada tarjeta navideña que termina en manos de funcionarios y sus acólitos.
Con un entusiasta acto, el Partido de la Liberación Dominicana puso fin al X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez. Una clausura grandiosa en la sede nacional del PLD, un histórico espacio en donde reposan las vivencias en los 50 años de existencia de la organización política.
Esa edificación ampliada, remozada, readecuada a los nuevos tiempos, dispone de un gran salón para la realización de actividades masivas que también tienen registros históricos.
Sabiamente el PLD combinó un acto presencial, mediante la participación de delegados y delegadas, con lo virtual, para compartir la agenda desarrollada con las provincias y seccionales.
En julio se realizó la Plenaria de Apertura y, cumpliendo con el cronograma de trabajo de la Comisión Organizadora del Congreso, se fueron llenando paso a paso las metas y objetivos.
Los miembros, militantes y dirigentes se integraron primero a la realización de un riguroso diagnóstico del trabajo hecho en los pasados procesos electorales y sus resultados, prosiguió una fase deliberativa, con el análisis, la discusión y la presentación de recomendaciones.
Fruto de esa dinámica se llegó a la etapa electiva, en la que se escogió el Comité Central, tanto en el territorio nacional como en el exterior, organismo que le corresponde por mandato estatutario seleccionar al Comité Político, que lo hizo y escogió también al Presidente de la organización, Danilo Medina, y el Secretario General, Johnny Pujols.
Con la plenaria de clausura se juramentó el nuevo Comité Político, banderazo de inicio para un trabajo de defensa de los intereses del pueblo ante gestión de gobierno que ha resultado un fiasco y una frustración total .
La activa y entusiasta participación de la membresía y dirigencia en todas las actividades del Congreso, que ha permitido tener nuevas líneas políticas, con las directrices de servir y defender al pueblo, colocan al PLD en la ruta para alcanzar nuevos triunfos.
Con el X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, el Partido de la Liberación Dominicana exhibe su vocación democrática y su firme determinación de mantener una alianza permanente con el pueblo para defenderlo de tantas ofensas, malos tratos y desconsideración.
Se ha hecho realidad el objetivo del Congreso, recogido en su lema, pues el Partido ha salido de él fortalecido para la defensa del Pueblo.
Trastornos en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, inconvenientes y pesadumbre dominan el ambiente en República Dominicana, lo que se expresa en una situación de inseguridad ciudadana que se ha elevado a niveles alarmantes, a lo que se suma la preocupante situación del vecino Haití, un barril de pólvora al otro lado del Masacre.
El narcotráfico y el consumo de sustancias narcóticas han ido consumiendo un segmento importante de nuestros jóvenes, alienados por una cultura que incita a la violencia y a la pérdida de los valores morales.
Abundan las manifestaciones ciudadanas en reclamo de eficiencias en los servicios básicos, por lo menos a los niveles de antes, al tiempo que las presiones de la deuda externa sobre nuestras finanzas adquieren un perfil de inestabilidad, que se complica con la desfachatez gubernamental de pretender aumentar la carga fiscal a los sectores pobres y clase media.
Todas estas penurias han llevado a sectores que hacen opinión a sugerir la conveniencia de un diálogo con las fuerzas políticas y sociales para garantizar la paz social y el desarrollo del país, lo que no se ve mal, pero es al gobierno a quien le corresponde, como dice la leyenda bíblica, “arrojar la primera piedra”.
El Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno y la oposición ha sido abanderado del diálogo en jornadas que han ido en provecho de la nación.
Los ejemplos son múltiples, incluyendo la promulgación de la Ley N.º 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social de la República Dominicana en el gobierno del presidente Danilo Medina, completado con el Decreto 291-20 que reglamenta la elección de los miembros del Pleno y la Comisión Ejecutiva de dicho Consejo.
Entre los logros del Consejo Económico y Social se cita el surgimiento de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo así como el proceso de consulta y búsqueda de consenso para el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en el año 2014, que ha sido ignorado en la actual gestión de Gobierno.
Los llamamientos a concordia y diálogo siempre son convenientes, pero en la actual coyuntura es al gobierno al que le corresponde impulsar y realizar sinceras y responsables políticas públicas que procuren solución a todas estas dificultades y limitaciones que han reducido la calidad de vida en la República Dominicana y tienen a sus ciudadanos y ciudadanas al garete, con el grito al cielo, o, como prefieren decir algunos, «a coger el monte».
¿Adónde va el ordeño de la vaca?, Pues al bidón de las promesas.
Tira la palanca y endereza, que la guagua va en reversa.
Las frases que inician esta nota son de la canción «La Guagua», del dominicano Juan Luis Guerra a ritmo de guaracha, las cuales expresan muy bien la situación que se vive en República Dominicana con los tantos errores del Gobierno, lo que ha llevado a la gente a decir que antes de dar un paso deben analizar bien para evitar dar tanta reversa.
Se retrocede, se abusa y se irrespeta a una población hastiada del deterioro de los servicios, el alto costo de la vida, la inseguridad, los apagones y que se siente agobiada, saturada de mentiras y engaños.
Miles de millones gastados en publicidad en procura de los famosos “me gusta” de las redes sociales en lugar de resolver los problemas de las comunidades o atender sus necesidades y demandas.
Cada día los ruidos son mayores. Un escándalo supera a otros en magnitud, los que luego se pretende subsanar con rondas por los medios de comunicación de los funcionarios que en lugar de explicar se enredan en las patas de los caballos con razonamientos inverosímiles.
Las dobles designaciones de funcionarios, los altos alquileres de edificaciones para oficinas públicas, la circular sobre presentación de las facturas de servicios públicos, últimas decisiones, las que ocurrieron posterior al contenido en el proyecto de reforma fiscal, son solo algunos casos de los que delatan improvisación e irregularidad.
En la oposición los actuales gobernantes se montaron en una ola de protestas realizadas con fines politiqueros a cargo de protagonistas que hoy cobran por el servicio prestado.
Hoy, contrario al pasado reciente, la ciudadanía se desenvuelve en un ambiente de tensión y desasosiego por las actuaciones de una gestión rancia, a pesar de haberse instalado hace apenas dos meses.
Todas las promesas han sido vertidas a un bidón, que paulatinamente va provocando una reacción popular, como sucedió con los recientes toques de ollas y calderos vacíos o las protestas por los tantos apagones en campos y pueblos del país.
Tira la palanca y endereza, que la guagua va en reversa, así terminamos como empezamos, con música y la convicción de que ante tan dramática situación el país cuenta con el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre ha estado de su lado, ya sea desde el gobierno o desde la oposición.
En la continuación del festival de desaciertos e improvisaciones de la actual gestión de Gobierno, una interminable cadena de rechazos ha generado la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que ordena a los servidores públicos reportar ante los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones para las que trabajan si están al día en el pago de la factura de energía eléctrica y el agua.
Afirmar que la circular está sustentada en una sugerencia del Gabinete Eléctrico, como parte del proceso de regulación de los contratos entre la ciudadanía y las distribuidoras de electricidad, es nuevamente el rompimiento de la soga por lo más delgado.
No es esa la medida para enfrentar el hoyo financiero que ha dejado el sector eléctrico por las ineficiencias de funcionarios que en la campaña electoral «resolvieron» todas las dificultades para cobrar el servicio eléctrico a los clientes con anuncios que nunca se materializaron.
Al igual que lo sucedido con el paquete fiscal, que pretendieron vender como acción modernizadora, todos los sectores nacionales han salido a defender a los servidores públicos a quienes les están colocando una nueva carga.
La dirección del PLD le ha salido al paso a esta nueva distorsión resaltando el carácter inconstitucional de la “novedosa” disposición porque irrespeta la dignidad humana, presionando a los servidores públicos a hacer el reporte del pago de sus facturas ante el temor de perder sus empleos.
Es una medida que ignora principios legales y derechos ciudadanos, que ofende a las personas y que retrotrae al país a la tiranía de Trujillo en la que se obligaba a los servidores públicos a consumir los productos de todas las empresas del “Jefe”.
Sin lugar a duda esta nueva metida de patas del Gobierno confirma la arrogancia de una gestión gubernamental sorda, ciega, indolente, irresponsable y, sobre todo, inepta.
Postdata: Ante la negativa de la sociedad a la disposición del MAP, el presidente Abinader aclaró que no es obligatoria la circular con la cual este organismo pretendía obligar a los empleados del Estado a presentar en las oficinas oficiales donde laboran las facturas de agua y luz que pagan en sus viviendas.
Como vocero escrito del Partido de la Liberación Dominicana celebramos la exitosa jornada realizada por la organización política el pasado domingo, 27 de octubre, con la que se concluyó la parte electiva del X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez.
Sin duda alguna lo que hizo el PLD es un ejemplo de la democracia a lo interno de una organización política, que bien debe servir para ilustrar a los demás partidos del sistema.
Una competencia en la que primó el respeto, donde nadie fue denigrado y en la que el clientelismo y la actividad grupal están totalmente alejadas.
Se ha hecho una elección transparente mediante el uso de los medios electrónicos, y confirmándolo posteriormente con las huellas impresas dejadas en los miles de votos depositados en las urnas, colocadas en el centro deportivo, convertido en recinto electoral.
De estas elecciones obtenemos también una lección, que debe servir de ejemplo al sistema electoral dominicano y es la bondad del voto automatizado, que refuta las banalidades y mentiras en su contra.
Esta forma de votación garantiza resultados ágiles, que alejan dudas y ofrece tranquilidad y sosiego entre los electores.
El PLD ha servido de ejemplo para que los partidos políticos del sistema mejoren sus procesos internos, aseguren la transparencia y legitimidad en la escogencia de sus autoridades.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se propuso en el X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez en curso fortalecer sus estructuras para ir en defensa del Pueblo dominicano, que sufre el infortunio de una gestión que gobierna tentando, ensayando, improvisando, y lo ha logrado.
Resta muy poco para que concluya el X Congreso del PLD, tiempo y espacio suficiente para reafirmar que esa organización, fundada por el Profesor Juan Bosch, ha salido fortalecida de la actividad congresual, logro que se refleja ya en una mejoría y madurez de la democracia dominicana.
La reseña realizada por la dirección de prensa de la Presidencia de la República a la intervención del presidente Luis Abinader en la que anunció el retiro del Congreso de la pieza que llamó Proyecto de Ley de Modernización Fiscal habla de un “emotivo y esperanzador mensaje al pueblo dominicano”.
Se expresa en la redacción periodística que el mandatario dijo que la voz del pueblo ha llegado hasta sus oídos, que escuchó sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones.
Se admite así que el mandatario y su gobierno no tenían otro camino en razón de la indignación y el rechazo generalizado a un proyecto que afectaría sensiblemente a los pobres y condenaría a la quiebra económica a la clase media.
Las consultas estuvieron ausentes, el Gobierno apostó a la mayoría mecánica del Congreso para pasar un proyecto lesivo a todos los sectores nacionales.
Igual a como procedieron con un proyecto anterior, que también debieron retirar, este lo sometieron de manera solapada, confundiéndolo con otras reformas, incluyendo una constitucional, que no se solicitó y que ha pasado sin gloria y con mucha pena.
El estilo avasallante del gobierno, que se fundamenta en un altísimo presupuesto publicitario, no le permitió auscultar el sonido que venía de las entrañas del pueblo dominicano, pese a exhibir la falsedad de que se trata de un Presidente que escucha.
No puede escuchar un mandatario que no consulta y que solo mira lo que uno o varios tecnócratas le recetan, sin que se tome en consideración la parte humana, que un gobernante siempre tiene que tener presente.
Para solicitar a la población que se amarre los cinturones, tiene el gobierno primero que apretar el suyo, evitando el despilfarro de nóminas altas y el dispendio en acciones improductivas.
La mirada en procura de una salida a la situación de una reducida presión fiscal tiene que buscarse controlando el gasto y echando una mirada hacia el Consejo Económico y Social, mecanismo constitucional para procurar un verdadero pacto fiscal, producto de la consulta a los sectores nacionales y no un proyecto redactado en un cuarto frío, lujoso y distante de la realidad que nos circunda.
Los ciudadanos y las ciudadanas de República Dominicana tienen en la carta magna, que de forma caprichosa el actual Gobierno insiste en modificar, garantías del derecho a la integridad de las personas.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia.
“Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica”, dicta la Constitución de la República, dictamen que se viola desde el Gobierno del cambio en cada momento.
En la actualidad una situación de angustia se vive en los hogares dominicanos con el impacto nefasto que tendrá para el bienestar y la tranquilidad, presentes y futuros, del pueblo dominicano, con las decisiones anunciadas por el Gobierno en las que se incluye un paquetazo, disfrazado de modernidad fiscal.
Es más que una tortura lo que vive la gente sabiendo que le subirán los precios de los alimentos, muy por encima de los precios actuales, de por sí altos. La incertidumbre predomina en los padres y madres de familia al saber que sus ingresos disminuirán y que el poder adquisitivo de lo poco que consiguen será reducido de manera significativa.
Subirán los impuestos, alza que se expresará en el incremento de los precios de los bienes y servicios que consumen las personas de a pie y las de clase media. Las familias que no pagan el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria tendrán, con el paquetazo impositivo, que hacerlo.
Todos los sectores productivos han reaccionado alarmados por la manera inconsecuente con que el Gobierno impone una modificación a los tributos, sin consultar, o por lo menos consensuar. Están decididos a imponer mecánicamente la mayoría mecánica que tienen en el Congreso.
El Partido de la Liberación Dominicana fijó bien temprano posición advirtiendo que la reforma, primero anunciada en el «show mediático» y luego introducida al Congreso, constituye un golpe demoledor contra el bienestar de la población dominicana y en particular contra la clase media.
Las mediciones de la opinión pública revelan que la mayoría de las personas rechazan el paquetazo fiscal, opinión que el Gobierno ignora porque están decididos a tapar el hoyo dejado por el dispendio y alto nivel de deuda, sacando esos recursos de los bolsillos de la gente.
De forma estoica el pueblo resiste y aguanta, pero todo puede suceder… si siguen apretando la tuerca.
El Gobierno anunció para esta semana que informaría sobre las líneas de fondo de su anunciada reforma fiscal, de la que tiene meses hablando sin que la sociedad se convenza de su viabilidad.
Después del dispendio gubernamental, combinado con un exagerado aumento de la deuda, el Gobierno se dispone a presentar sus planes de reforma a la fiscalidad, la que para aquietar a la población se dice que es inminente.
El Gobierno pretende justificar dicha reforma ante las crecientes necesidades de inversión en salud, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura que, según los argumentos oficiales, debería garantizar un desarrollo sostenible y equitativo del país.
La verdad monda y lironda es que con la reforma fiscal se busca tapar el hueco que ha dejado una deuda que motiva que el 25 por ciento de los ingresos se dedique al pago de los intereses de la misma.
Se trata de una deuda destinada mayormente a financiar gasto corriente, en lugar de inversión pública, lo que hace que el gobierno procure obtener más recursos.
Argumenta el Gobierno que país el deja de recaudar cerca del 5 % del PIB debido a exenciones fiscales y leyes de incentivo que no se revisan adecuadamente. El planteamiento ha generado un avispero en el sector industrial y profundas preocupaciones en el sector turístico, en donde mensualmente se contabilizan los visitantes extranjeros.
Ha trascendido que se realizará la ampliación de la base tributaria, modificación en el Impuesto Sobre la Renta, modificación al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, ampliación de la base del ITBIS, que al decir de los economistas creará un efecto inflacionario en una economía ya afectada por la inflación, sobre todo en la canasta básica.
Economistas y la propia opinión pública vienen manifestando sus aspiraciones de que la llamada reforma fiscal garantice que la carga no recaiga de manera desproporcionada en los sectores con menos recursos, para evitar así protestas y malestar social.
Coraje e indignación han generado en la población dominicana las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, en la vitrina semanal, de la cual la versión más reciente se celebró en la ciudad de Nueva York.
Fue en ese escenario, en el que se censuró la participación de comunicadores dominicanos, donde el mandatario dijo que República Dominicana tiene la tercera canasta básica más económica de toda Centroamérica.
Al escuchar aquello las amas de casa dominicanas se persignaron, acompañando la señal de la cruz con la tradicional expresión “Ofréscome”.
Sin inmutarse, el mandatario soltó esa perla «allá en los países», como el pueblo ha bautizado a la llamada capital del mundo.
Quienes van a diario al colmado, al supermercado, plazas comerciales o abordan a los vendedores ambulantes, han quedado indignados por lo dicho por el jefe del Estado, quien al parecer ignora que en los tiempos modernos nada queda oculto.
Para colmo en ese mismo escenario se escuchó otra afirmación espeluznante, relativa a la seguridad ciudadana. Sobre este punto el presidente subrayó que aunque persisten desafíos la República Dominicana ha logrado reducir su tasa de homicidios a 9.9 por cada 100,000 habitantes, hasta supuestamente posicionarse como la más baja en Centroamérica y el Caribe. ¡Caramba!
Sobre la canasta básica, son las propias autoridades económicas y financieras del país las que desmienten al mandatario con las estadísticas que publican cada mes, lo que igual sucede con los índices de delincuencia.
De forma equivocada, embriagados con el gobierno, los actuales gobernantes confían demasiado en la equivocada percepción sobre la memoria de la gente.
Con un enorme gasto publicitario y el servicio de las llamadas bocinas o voceros a sueldo, el gobierno recurre a episodios mediáticos para ocultar su negligencia ante problemas fundamentales.
El noble pueblo dominicano, que es sabio y valiente, no ha olvidado las tantas promesas de cambios, que ahora han evolucionado a reformas, y reclama que de los anuncios se pase a los hechos con ejecutorias esperanzadoras.
Como abanderado y portavoz de los intereses de los ciudadanos que aspiran a una sociedad basada en los valores de libertad, tolerancia, justicia y progreso, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respondió las pretensiones del actual Gobierno de imponer una reforma fiscal, que de seguro penalizará el bolsillo de los sectores productivos, de la clase media y los más desposeídos.
La dirección nacional del PLD delegó en voceros autorizados encabezados por su Secretario General, Charles Mariotti, responder el anuncio de fusionar instituciones públicas presentadas en la vitrina semanal del Gobierno desde el Palacio Nacional.
Con los ajustes que se propone, la gente del Gobierno dicen procurar un ahorro en el gasto público de 25,000 millones de pesos, sin que se explique de dónde saldrán esos recursos.
En este punto el PLD considera inexistente el ahorro que se presenta con las sugeridas fusiones. Y en su opinión lo que se procura con ellas es desviar la atención de la incapacidad del gobierno para realizar un ajuste serio y significativo en las áreas que realmente demandan eficiencia y responsabilidad fiscal.
De ejemplo de dispendio en el gasto público en que han incurrido el presidente Luis Abinader y sus funcionarios se citó el alarmante incremento del gasto en pensiones y en publicidad oficial, que ha tenido un crecimiento escandaloso.
Mientras la dirección peledeísta se encargaba de desmontar esos detalles financieros de las propuestas de reformas, el equipo educativo explicaba lo inadecuado de la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el equipo agropecuario resaltaba lo improcedente de fusionar el IAD con el Ministerio de Agricultura, los roles diferentes y complementarios de los Ministerios de Hacienda y Economía, que también se pretende fusionar, así como la contradicción de las reformas sugeridas con el espíritu y los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Vistos en conjunto estos anuncios de fusiones, queda clarita la intención del Gobierno de pretender condicionar con ellos a la población a una reforma fiscal, muy distante a un pacto, que el Gobierno quiere aprobar con su mayoría mecánica en el Congreso, la cual a todas luces golpeará a los sectores productivos, a la clase media dominicana y a los que menos tienen.
Apenas se cuentan los días de la apertura del año escolar 2024 -2025 y ya los tropiezos y equivocaciones del Ministerio de Educación se cuentan por montones.
No hay cupo en las escuelas públicas para todos los alumnos, faltan planteles, sobrepoblación escolar, edificaciones abandonadas, falta de maestros, quejas por la carencia de libros y uniformes, intoxicaciones alimentarias, entre otros incontables problemas.
Con tan alto inventario de males las autoridades han preferido dirigir sus cañones y ataques al gremio de los maestros, la histórica Asociación Dominicana de Profesores.
No es la ADP la causante de las deficiencias del sistema educativo nacional, que dio un gran salto cuando la pasada gestión del Presidente Danilo Medina integró el 4 % del PIB a la educación.
La población ha sido defraudada con los actuales gobernantes, que cuando eran opositores tenían todas las soluciones y firmaron el Pacto Nacional para la Reforma Educativa cuya aplicación ha sido letra muerta.
Los requerimientos materiales y docentes han sido identificados en infinidades de estudios, desde el Plan de Decenal 1992-2002, esfuerzo de la sociedad en su conjunto para poner en marcha un sistema educativo de amplia cobertura y eficiencia, con calidad y equidad. Además, el ministerio tiene los recursos para afrontar las necesidades, lo que le falta es gerencia, situación que explica primero el estancamiento del sector y luego su retroceso.
Encima de todo esto encontramos un gobierno central y su cartera educativa inventando, como es el caso de la propuesta de fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior Ciencia y Tecnología y los planes de volver a centralizar instituciones descentralizadas, adscritas al Ministerio de Educación.
En lugar de inventos, de parches con los que el Gobierno procura subsanar su ineficiencia, lo que se impone es priorizar la solución de los problemas que impiden un sistema de enseñanza eficiente que genere el avance de los estudiantes y el orgullo de los docentes.
Teniendo un marco referencial de quejas por los constantes y prolongados apagones y los reproches en las oficinas de las distribuidoras de electricidad por las altas tarifas y con protestas en barrios y comunidades rurales, se produce la altisonante declaración del presidente Luis Abinader en la conferencia sobre inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Fue en Nueva York donde el mandatario se despachó afirmando que el objetivo del gobierno es crear un excedente en la generación eléctrica para pasar energía a Puerto Rico a través de un cable submarino.
Aquello se sintió como una burla en comunidades quejosas por las suspensiones recurrentes del suministro de electricidad, los hogares afectados y los pequeños negocios en que se echan a perder las mercancías por falta de refrigeración.
En la víspera de esta declaración, la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destaca que la falta de inversión en la infraestructura de distribución y transmisión, el incremento del subsidio eléctrico y el alarmante aumento de las pérdidas en el sistema de distribución han provocado un aumento en la frecuencia y la duración de los apagones, afectando profundamente la vida cotidiana y la actividad comercial e industrial en el país.
Desde la llegada al poder del PRM en el año 2020 se inició un proceso de deterioro galopante del sector eléctrico que ha derivado en la crisis eléctrica que hoy padece República Dominicana, por lo que resulta sorprendente para todos los sectores nacionales que se diga en un escenario internacional que se procura lograr una reserva fría de energía, creando un excedente que sería vendido a Puerto Rico por medio de un cable submarino entre ambas islas.
De manera conservadora comunicadores y expertos, quizás respetando la investidura del mandatario, han dicho que en lo expresado por el presidente existe un exceso de optimismo.
Es importante mantener en la vida una actitud positiva, pero pasarse de optimista puede ser contraproducente, riesgoso y muy peligroso. Sobre todo cuando se pasa del optimismo a la demagogia y la irresponsabilidad.
